Piden la nulidad del “ciberpatrullaje” a Macri y destruir el informe de los peritos de la Corte

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El ministro Germán Garavano en el Senado
Prensa Senado

El ex ministro de Justicia de Cambiemos Germán Garavano pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que declare nulo el informe que releva las opiniones públicas en redes sociales y medios del expresidente Mauricio Macri y algunos de sus colaboradores sobre jueces y la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. En la misma línea, solicitó que directamente se destruya ese peritaje.

El informe es un trabajo que realizó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) a pedido del fiscal Franco Picardi que tiene delegada la causa en que se investigan supuestas presiones de la “mesa judicial” de Cambiemos sobre jueces entre 2015 y 2019.

Garavano se presentó en el expediente caratulado ”Macri, Mauricio y otros s/ asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Allí, pidió que decretar la nulidad del informe y todas las pruebas que pidió el fiscal Picardi. A saber, las “manifestaciones directas de carácter público … de funcionarios o allegados a la gestión” de Macri entre 2015 y 2019 con “expresiones de connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes, en términos profesionales y/o personales” sobre jueces y Gils Carbó.

La medida, según Garavano, “violenta los derechos a la libertad de expresión”, así como “la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva”. Recordó Garavano que ya los legisladores de la Coalición Cívica pidieron a la Corte que intervenga, dado que la Dajudeco depende de ella. Lo mismo hizo el diputado radical Mario Negri.

Además, Garavano dijo que la pretensión del fiscal “constituye un patrullaje de inteligencia en medios y redes que importa una persecución por razones ideológicas y una conducta lesiva a los derechos humanos” y añadió que “resulta un medio eficaz para silenciar, a futuro, voces críticas”.

“Estas prácticas están prohibidas por las leyes locales e internacionales y no cumplen salvaguardias básicas de derechos humanos tales como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Aceptar la utilización e incorporación como medio de prueba en un expediente penal de mis opiniones sobre asuntos públicos, implica vulnerar mi derecho a expresarme libremente”, dijo el exministro.

Si se acepta esta situación, indicó, que se vería obligado a borrar sus opiniones o limitarlas de modo que no se usen en otra causa en su contra. Garavano dijo además que la Dajudeco no debió autorizar la realización de esta tarea que le encomendó el fiscal. “En modo alguno puede considerarse un error, sino que es, claramente, el espíritu que anima la medida, esto es, “patrullar” toda opinión sobre asuntos determinados, ya no de las personas denunciadas, sino de cualquier ciudadano”.

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“El fiscal delegó en funcionarios administrativos dependientes de la CSJN la tarea de seleccionar quiénes opinaron sobre un asunto determinado”, fueran o no imputados en la causa y se recogieron sus opiniones. “Una situación insólita, incomprensible e ilegal, por violar la Ley de Inteligencia Interior y avasallar derechos de un número indeterminado de personas, que, clara y necesariamente, supera las mencionadas en el informe”, dijo Garavano.

Garavano destacó que la Dajudeco “aceptó realizar un informe solicitado en esas condiciones, a pesar de que a todas luces no tiene competencia para ejercer tareas de inteligencia interior, que es lo que solicitó el fiscal” y al mismo tiempo “no respetó siquiera los parámetros de origen de la medida, que se dirigían a frases con connotaciones críticas, negativas, peyorativas y/o descalificantes”.

El exministro que debe aplicarse la “doctrina del fruto del árbol envenenado”, es decir que “no resulta constitucionalmente tolerable la utilización de medios de prueba obtenidos con afectación de derechos fundamentales” y por eso “las medidas solicitadas por la fiscalía atentan contra el principio de proporcionalidad y razonabilidad”.

“El relevamiento de las declaraciones y manifestaciones efectuadas por diversas personas a través de la prensa o de redes sociales, vinculadas con críticas al funcionamiento de un poder del estado, con el fin de determinar un patrón de conducta, constituye una tarea de inteligencia en medios y redes que importa una persecución por razones ideológicas y una conducta lesiva a los derechos humanos que violenta los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva”, escribió Garavano.

Por último, dijo que viola a ley de Inteligencia Interior, avanza sobre derechos individuales de las personas mencionadas en el pedido e incorpora en la búsqueda a personas ni siquiera identificadas. Y formuló la reserva de denunciar el caso ante la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas.

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