Piden corregir "lagunas jurídicas" en reforma del cigarro

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- El Senado de la República deberá suspender el proceso legislativo en torno a la reforma constitucional en materia de alternativas al cigarro para corregir el contenido y tipificar muy bien los distintos dispositivos que serán objeto de prohibición, pues de lo contrario la reforma será limitada, la tabacalera Philip Morris le "dará la vuelta" y será la ganadora del mercado, en detrimento de la salud de los consumidores.

Maximiliano Cárdenas, coordinador jurídico de Salud Justa Mx, alertó que dentro de la minuta que aprobó la Cámara de Diputados el pasado martes y que ya se discute al interior del Senado de la República, existen "lagunas jurídicas" que podrían ser aprovechadas por la mencionada empresa fabricante, en virtud de que en el texto del dictamen sólo especifica que los cigarros electrónicos, vaporizadores y dispositivos electrónicos análogos quedarán prohibidos.

Y el problema radica, agrega el activista, en que Philip Morris importa y comercializa (bajo el auspicio de un amparo) calentadores de tabaco conocidos como IQOS, por lo que podría seguir vendiendo su producto en México, escudándose en que la reforma constitucional no incluyó ese tipo de dispositivos.

Por ello, consideró oportuno evitar el proceso legislativo expedito que ha caracterizado la aprobación de las últimas reformas constitucionales, con el objetivo de que el Senado se tome el tiempo suficiente y haga las correcciones pertinentes, o de lo contrario, la reforma quedará rebasada por la habilidad y astucia de la tabacalera.

"Si se pudieran hacer todavía observaciones a la minuta en el proceso legislativo, si es así y se aprueba, tendría que regresar a la Cámara de Diputados para realizar estas adecuaciones y una vez que se vote de nueva cuenta en Cámara de Diputados, y si es que se aprueba pasaría a las legislaturas locales", explicó el activista.

Señaló que lo que sucede es que el dictamen aprobado por los diputados contempla adicionar un nuevo párrafo al Artículo 4º Constitucional que establece: "Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, queda prohíba la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo".

Enfatizó que la propuesta no incluye calentadores de tabaco, es decir, los llamados IQOS que importa y comercializa Philip Morris, por lo que la empresa sería beneficiada por la reforma, al quedar prohibidos los demás artículos que conforman el mercado de las alternativas de tabaco, en detrimento de la salud de los consumidores.

El coordinador Jurídico de Salud Justa Mx dijo que existe un antecedente sobre la habilidad de los agentes económicos para "darle la vuelta a la ley" y que también involucra a la marca IQOS.

"Hay un antecedente que tenemos: Toda la problemática surge porque Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) contesta una solicitud de Sanborns para poder importar estos productos y les dicen que no pueden importar cigarrillos electrónicos, así justo lo maneja Cofepris y justo es el amparo que deriva en la sentencia de la Corte (que le otorgó a la cadena comercial para poder vender el artículo); por eso la importancia de clarificar los términos y si, todavía están a tiempo. Sin embargo, habrá que ver que resuelve el Senado y si no será baja la oportunidad en las leyes secundarias para poderlo legislar", comentó el especialista.

Por ello, insistió en que lo más acertado es que desde la Constitución queden muy claros los artículos que serán prohibidos "de una vez por todas" y reducir al máximo los posibles márgenes jurídicos que pudieran "darle la vuelta" a esta medida.

Senado aprobará prohibición de vapeadores porque la salud está por encima del derecho a decidir: Morena

La salud es prioridad para los gobiernos de la cuarta transformación y es obligación del Estado velar por la seguridad sanitaria de su población, advirtió el senador Antonino Morales Toledo, al adelantar que esta semana, la Cámara Alta aprobará la reforma constitucional para prohibir el uso de vapeadores.

El legislador aseguró que por encima del llamado derecho a decidir está la salud de las y los mexicanos que se acercan a ese tipo de sustancias contenidas en esos dispositivos, pues hay evidencia científica del daño que causan a la población.

El senador, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó un estudio levantado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), según el cual el uso de los vapeadores es causante de daños respiratorios, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, cáncer; así como cambios en la circulación sanguínea.

"Es imperativo llevar la prohibición a la Constitución, porque en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador las empresas se ampararon contra dos decretos emitidos y la Suprema Corte les dio la razón, por lo que la reforma legal no tuvo efectos", resaltó.

En ese sentido mencionó que según dicho estudio, los vapeadores contienen niveles importantes de metales como cadmio, níquel, plomo y otros que son altamente dañinos para la salud.

Subrayó que además, un cartucho "contiene 5 por ciento de sal de nicotina, que es equivalente a entre uno y tres paquetes de cigarrillos. Estas altas concentraciones de nicotina tienen efectos adversos a largo plazo en el desarrollo del cerebro de niños, niñas, adolescentes y fetos en formación".

Las reformas al artículo 4 y 5 constitucionales plantean que para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

También se sancionará la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.