Manuel Espino y Rubén Castro

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL). - La demanda de amparo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, contra el Comité de Ética que investiga su caso no trata de "limitar la libertad de expresión" de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sino que estas sean prudentes, aseguró Alejandro Romano, el representante de la juzgadora.

Señaló que el Comité de Ética, al que restó competencia, actúa de un modo que puede perjudicar a Esquivel Mossa, al presentar mediáticamente sus pruebas aportadas por su defensa, las cuales a su consideración no han sido objeto de un análisis que determine que ella plagió su tesis de licenciatura.

"Igualmente le puede causar un daño grave la divulgación de datos que la inculpan sin existir ninguna resolución fundada", añadió.

Enfatizó: "La suspensión dictada en el amparo deja claro que no se trata de limitar la libertad de expresión de las autoridades universitarias, sino de que se rijan por el principio de prudencia que debe imperar en su actuación para no generar, como está ocurriendo, un daño al honor, la reputación y la dignidad personal de la ministra, cuyos derechos humanos requieren el mismo respeto que los de cualquier otra persona".

A través de una nota informativa, Romano dijo que si el comité de la UNAM actúa apegado a la ética y valora las pruebas "sin consigna ni prejuicios", tendrá que concluir que no existen elementos para considerar que la entonces alumna de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Aragón, Yasmín Esquivel Mossa, copió su trabajo de titulación.

"En un país que se precie de ser un Estado de derecho, la ética, siempre apoyada en la legalidad, deben ser valores supremos", indicó.

Refirió que se ha cuestionado a Esquivel Mossa sobre por qué, si acepta presentar estas pruebas, recurrió al amparo contra la actividad del Comité de Ética.

"Por un lado confía en el criterio ético del comité, pues ella siempre ha sido respetuosa de la autonomía y de los valores universitarios (...), pero dado que el mencionado comité actúa fuera de marcos jurídicos precisos, con lo cual sus derechos pueden resultar afectados, ha acudido al Poder Judicial para que se garantice el respeto a su derecho humano al debido proceso".

Romano aseguró que las pruebas presentadas por la ministra "son prácticamente irrefutables, dado que dejan claro que el título y el capitulado de su tesis fueron registrados desde diciembre de 1985 y un dictamen pericial comprueba la autenticidad del documento donde constan dichos registros.

"Existe la aceptación del alumno que presentó la otra tesis de haber tomado textos provenientes de la elaborada por la entonces alumna Esquivel; la declaración expresada por la directora de la tesis, en el sentido de que el trabajo de investigación de la alumna le fue compartido al alumno Báez", indicó.