Piñera vuelve a endurecerse y convoca a un consejo de seguridad por las protestas

Víctor García

SANTIAGO, Chile.- Sin señales de una salida política que encauce el estallido social que desde hace tres semanas convulsiona a Chile, el presidente Sebastián Piñera optó por un endurecimiento de su postura y anunció ayer una agenda orientada a fortalecer el orden público, por lo que convocó de manera urgente al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para reunirse en La Moneda.

La medida del mandatario causó controversia por el carácter del organismo, que nació bajo el alero de la Constitución de 1980 de Augusto Pinochet y que en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se reformó hasta transformarse en un ente consultivo. Su misión es asesorar al presidente en materias vinculadas a la seguridad nacional, lo que de inmediato levantó suspicacias en la oposición por considerarlo un viejo enclave autoritario y críticas de diversas corporaciones por su carga simbólica.

"Es lamentable este tipo de convocatorias porque el único órgano constitucional llamado a proteger el orden público son los carabineros, obviamente respetando los derechos humanos", dijo Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El Cosena está compuesto por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, el presidente de la Corte Suprema, los comandantes de las Fuerzas Armadas, el general director de carabineros y el contralor general de la República. La última vez que sesionó fue el 20 de enero de 2014, en la antesala al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda presentada por Perú por los límites marítimos con Chile.

El anuncio de Piñera también incluyó el carácter de urgencia a la ley antiencapuchados y el envío de una ley que tipificará el saqueo como delito. También abordó el proyecto que combate delitos de orden público, como las barricadas, y que entorpezcan la libre circulación de personas.

La modernización de las policías, un estatuto de protección para las fuerzas de orden y seguridad, un proyecto que refuerza el sistema de inteligencia y el aumento de la capacidad de vigilancia aérea son otras medidas. "Estamos convencidos que esta agenda será un aporte significativo al orden público y la seguridad ciudadana", dijo Piñera, acompañado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y los subsecretarios de Interior, Rodrigo Ubilla, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

El endurecimiento del tono del presidente coincidió con la semana en que las protestas llegaron a los barrios acomodados de Santiago y con nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos. El tema de los abusos policiales alcanzó su mayor temperatura tras el anuncio de fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, de formalizar a 12 funcionarios de carabineros por torturas.

A ello se sumó la decisión del séptimo Juzgado de Garantía que dejó con arresto domiciliario nocturno a Humberto Tapia, el mayor de la cuarta comisaría de carabineros que fue formalizado por el delito de apremios ilegítimos. El funcionario, acusado de herir con perdigones a dos estudiantes al interior de una escuela, quedó con arraigo nacional.

Ayer también se realizaron nuevas marchas y se produjeron hechos de violencia que se concentraron en el sector de Providencia, en torno al icónico shopping Costanera Center, uno de los más grandes de América del Sur, y que no abrió sus puertas. Los manifestantes se desplazaron hasta el sector de El Bosque con Apoquindo, el corazón financiero de la capital chilena y alberga las oficinas de los grandes conglomerados económicos chilenos.

También hubo bloqueos protagonizados por camioneros en algunas rutas licitadas y marchas de gremios de educación y salud en varias ciudades del país. Precisamente, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue encarado con dureza por una centena de funcionarios en su visita al hospital El Salvador de Providencia, al que llegó para ver el estado de los heridos durante las manifestaciones.

La tensión también recayó sobre los partidos políticos, y el conglomerado oficialista Renovación Nacional debió suspender su comisión política convocada para el 9 de noviembre por temas de seguridad.

"El anuncio de Piñera probablemente exacerbará la crisis", apuntó a LA NACION Jennifer Pribble, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Richmond.

"Su enfoque en las medidas de seguridad y la decisión de convocar una reunión del Consejo de Seguridad Nacional endurece la percepción entre muchos manifestantes de que el presidente no está interesado en negociar un nuevo pacto social y político. Al centrarse en las actividades delictivas, en lugar de las demandas de los ciudadanos, el presidente corre el riesgo de alienar a decenas de manifestantes pacíficos. Es probable que tomar esta posición en un entorno de represión y violencia creciente alimente la frustración y movilizaciones adicionales", señaló la académica.