El gobierno argentino toma distancia del acuerdo con la Unión Europea

“Firmar el acuerdo, así como está, es para nosotros empezar perdiendo cuatro a cero”. La frase del presidente Alberto Fernández sorprendió al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien no salió demasiado contento de la reunión bilateral, en el Palacio San Martín, que apuntaba a avanzar en el demorado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ahora, el Gobierno quiere “revisar” el acuerdo por motivos ambientales y también políticos.

Los temores del joven político belga fueron corroborados, ya para los micrófonos, por el canciller Santiago Cafiero, quien esta semana en Bruselas, y ante dirigentes europeos como el Alto Representante para la Política Exterior y de Defensa de la UE, Josep Borrell, reiteró que, así como está, Argentina no firmará el acuerdo. El mensaje contrastó con la postura de Brasil, anunció que lo quiere suscribir “rápidamente”, con su presidente Luiz Inácio Lula da Silva como principal impulsor. A diez meses de finalizar el mandato del Frente de Todos, las disidencias complican la firma de un acuerdo estable y duradero, mientras la Unión Europea ya explora la posibilidad de otros acuerdos, como Oceanía. En Cancillería, de todas formas, aseguran que la postura argentina fue coordinada con Brasil y que Da Silva también pidió que el acuerdo fuera “revisado”.

“Queremos un acuerdo revisado con la Unión Europea, adaptado a un mundo y cadenas de valor en transformación”, dijo Cafiero. Desde la Cancillería explicaron que Cafiero sostuvo en Bruselas “el compromiso argentino para continuar trabajando de manera conjunta” pero pusieron de relieve que “los principales obstáculos para el avance de las negociaciones fueron planteados por la Unión Europea”, en particular, a través de mayores exigencias en materia ambiental (Pacto Verde) que “amenazan con afectar gravemente las exportaciones de los países del Mercosur”.

La Unión Europea, según el Gobierno, también dejaría afuera por cuestiones ambientales al biodiésel a partir de soja, que supone el 20 % de las exportaciones de Argentina, gracias a ese pacto verde, que intenta reducir las emisiones de CO2. “Las nuevas exigencias dejarían fuera de mercado la soja argentina pero no la colza, que casualmente se produce en Europa, una discriminación que no cuenta con base científica”, alegan en el Palacio San Martín, en una queja hacia esas medidas que comparten, también, desde Juntos por el Cambio.

Para reforzar su postura, Cafiero también destacó que “la Argentina ha sido un proveedor confiable de biodiesel de soja hacia la UE, y puso en valor que las exportaciones argentinas de este combustible se han mantenido durante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania”, destacó el responsable de la diplomacia nacional.

En la reunión de consejeros políticos de la Unión Europea en Buenos Aires, la semana pasada, se siguieron con preocupación estas posturas contrarias al acuerdo, plasmadas en la declaración de presidentes de la Celac, luego de la reunión que escenificó el retorno de Brasil a esa comunidad de naciones.

“Seguimos con preocupación el incremento de medidas restrictivas al comercio que se adoptan con la justificación de conservar el ambiente en un contexto de creciente incertidumbre económica y múltiples crisis, que complican las perspectivas económicas mundiales y afectan especialmente las capacidades de los países en desarrollo”, reza el punto 29 del acuerdo entre los 33 países que integran la Celac. “Coincidimos en que restricciones comerciales unilaterales e incompatibles con los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) son inapropiadas para abordar preocupaciones ambientales y la promoción del desarrollo sostenible”, culmina ese punto, que desde la UE leyeron como una declaración contraria a las nuevas posturas europeas.

“Argentina no quiere firmar, justo ahora que Brasil quiere acelerar y Francia ya no se opone como hace unos meses”, afirma a LA NACION un diplomático de un país clave de la UE con embajada en Buenos Aires. La consecuente defensa del Gobierno hacia sectores industriales “protegidos” (automotrices, textiles, calzado) es, según sospechan en la diplomacia europea, otro motivo adicional para la resistencia. “Hay predisposición de ambas partes de llegar a un acuerdo. Pero tiene que ser beneficioso para los dos bloques”, retrucan desde el Gobierno.

Para Fernando Straface, secretario general del gobierno porteño y referente en política exterior de Horacio Rodríguez Larreta, “se abre una oportunidad para el acuerdo con la UE, y Argentina debería caminar en conjunto con Brasil en ese tema y otros, como el ingreso a la OCDE al que el país fue invitado”. Straface llegó, justamente, a París y Bruselas, una semana antes que Cafiero, y también palpó el “escepticismo” de los funcionarios de la UE en relación a la postura argentina. Desde Pro, y fuera de micrófonos, especulan con que “este acuerdo lo impulsó (Mauricio)Macri, y el kirchnerismo no quisiera ponerle el moño a un proyecto que nació durante el gobierno de Cambiemos”, sostuvieron, en relación al pre-acuerdo firmado en junio de 2019 por el entonces canciller Jorge Faurie con sus pares europeos.

En su reciente encuentro con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en Montevideo, Lula enfatizó que es “urgente y sumamente necesario que el Mercosur haga un acuerdo con la UE”, sobre todo antes de avanzar en acuerdos conjuntos con China, que Uruguay quiere alcanzar con o sin el apoyo de sus pares del mercado sudamericano.

La reunión de presidentes de la Unión Europea y la Celac, fijada el 17 y 18 de julio en Bruselas, será una fecha clave para determinar el destino de la negociación entre ambos bloques, trabada por nuevas disposiciones y la resistencia explícita del Gobierno.