Perú es denunciado en CIDH por incumplimiento en 159 casos de abusos de DDHH

Agencia EFE
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Lima, 29 mar (EFE).- Cinco organizaciones de víctimas y familiares de desaparecidos, desplazados y torturados denunciaron al Estado peruano por incumplir sus compromisos en 159 casos de violaciones a los derechos humanos, que se remontan a más de 20 años.

En 2001, el Estado peruano se comprometió a reparar a las víctimas de más de un centenar de violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, en un proceso amistoso llevado a cabo en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, transcurrido el tiempo, "el incumplimiento del Estado es continuo y genera en las víctimas una falta de confianza en la voluntad política del Perú de cumplir sus obligaciones internacionales de buena fe y desmotiva este tipo de acuerdos", declaró la abogada Gloria Cano, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), en un comunicado de prensa.

La denuncia se presentó el pasado viernes ante la CIDH por la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET - Casos CIDH), la Asociación de Vivienda "Nuevo Amanecer", la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

LLAMADO AL PRÓXIMO GOBIERNO

En vista al próximo proceso electoral en Perú para renovar el Ejecutivo y el Parlamento, Cano exigió al Estado que "se trace un compromiso claro y efectivo para que el gobierno entrante pueda dar continuidad al presente acuerdo".

Los compromisos asumidos por Perú en el 2001 fueron el reconocimiento de la responsabilidad internacional, la reparación a las víctimas y sus familiares, la realización de investigaciones y la determinación de los responsables y la implementación de procedimientos de solución amistosa.

En ese momento, el Estado peruano aseguró que los compromisos asumidos eran una muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú, tras el fin del gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) sentenciado por abusos a los derechos humanos en 2009 a 25 años de prisión.

CASOS ARCHIVADOS Y SENTENCIADOS LIBRES

En relación a la investigación y sanción de los responsables, las organizaciones de víctimas señalaron que el 41 % de los casos han sido archivado, mientras que en los que tienen sentencia, no se ha cumplido con el pago de las reparaciones civiles, hay órdenes de captura no implementadas y se otorgan beneficios penitenciarios a los condenados.

Además, hay retrasos en el cumplimiento de las medidas que ofrecían una vivienda, proyectos productivos e indemnizaciones económicas para las víctimas y sus deudos.

Indicaron que continúa pendiente la formalización de las transferencias de terrenos acordados para la reparación de 507 víctimas y sus familiares.

DESCONOCE PAGO DE INDEMNIZACIONES

Respecto al pago de las indemnizaciones económicas, las mesas de trabajo sobre este tema fueron suspendidas en el 2015 y en una nueva reunión en 2020, "el Estado peruano desconoció su obligación respecto al cumplimiento de esta reparación", precisó el comunicado.

Las organizaciones denunciaron la falta de voluntad política del Estado en este caso porque, a pesar de que asumió el compromiso de presentar un cronograma hace más de dos años, éste no ha sido presentado.

En tal sentido, los representantes de las víctimas y sus familiares instaron a la CIDH a dar un seguimiento al cumplimiento de los casos mediante un mecanismo específico de supervisión, debido al número de afectados y el tiempo transcurrido desde que el Estado peruano asumió los compromisos en protección de los derechos fundamentales de sus pobladores.

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