Perú atrapado en ciclo de protestas y violencia

Hugo Curotto/AP

Los peruanos no son ajenos a la agitación política. En los últimos años, han visto una seguidilla de presidentes destituidos o obligados a dimitir en medio de protestas masivas y acusaciones de corrupción. Pero el malestar social parece estar alcanzando nuevos niveles de intensidad en el país sudamericano, con los últimos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad dejando un saldo de al menos 48 muertos y más de 500 heridos.

Las protestas, que comenzaron hace un mes, se han extendido a lo largo de 41 provincias del sur del país, donde los manifestantes han estado marchando en masa y bloqueando las vías principales de la región.

El miércoles, los protestantes intentaron tomar el control del aeropuerto de Cusco, destino común para los extranjeros que quieren visitar la cercana ciudadela inca de Machu Picchu. Funcionarios de salud locales dijeron que 37 civiles y seis policías resultaron heridos en los enfrentamientos.

El mayor grado de violencia se produjo el lunes, día en que los enfrentamientos dejaron 17 muertos y decenas de heridos en Juliaca, localidad cercana al lago Titicaca. Un agente de policía murió tras ser incendiado por los manifestantes.

Para analistas consultados, la violencia apenas comienza en momentos en que el país se encuentra atrapado dentro de una crisis que no parece tener solución a la vista.

“Está empeorando”, dijo Benjamin Gedan, director interino del Programa Latinoamericano del Centro Wilson en Washington, quien advirtió que la represión gubernamental sólo está poniéndole más leña al fuego.

Las protestas están siendo protagonizadas por simpatizantes del ex presidente Pedro Castillo, quien fue destituido de su cargo y arrestado en diciembre luego de intentar disolver el Congreso para evitar su juicio político por presunta corrupción.

Si bien la mayoría de los analistas cree que el arresto y la destitución de Castillo tiene firmes fundamentos legales y constitucionales, el tema es visto de manera muy diferente por sus partidarios, la mayoría de los cuales son miembros de la población rural e indígena del sur, que siendo frecuentemente ignorada por el gobierno central vieron en el destituido mandatario la gran oportunidad de abordar finalmente la crónica desigualdad y la exclusión social del país.

Si bien Castillo fue reemplazado por su propia vicepresidenta, Dina Boluarte, la nueva jefe de Estado no ha logrado preservar la confianza de los partidarios de Castillo y los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden público solo están aumentando las tensiones.

“Uno esperaría que la reacción a las protestas de la nueva presidenta fuera un renovado compromiso para cumplir con las expectativas que crearon la elección de Castillo... y asegurar a los partidarios de Castillo que su administración tomará en serio sus exigencias legítimas. Pero en cambio, lo que ves es una respuesta de mano dura por parte de las fuerzas de seguridad, lo cual siempre empeora las cosas”, dijo Gedan.

Hasta el momento, las protestas se han realizado fuera de Lima y de las regiones costeras, lo que sugiere que el descontento proviene de la población rural e indígena, que durante años se ha sentido marginada por el poder político y económico detentado en la capital.

Muchos de los manifestantes tienen una conexión emocional con Castillo, sintiendo que él es uno de ellos, dijo Nicolás Saldías, analista de Economist Intelligence Unit, la firma de investigación de políticas de la revista británica The Economist.

Castillo “se parece a ellos, habla como ellos y es muy antilimeño. No suena como alguien de la capital ni parece alguien de allí tampoco”, dijo Saldías. “Entonces ahora que tienes lo que perciben como un golpe contra Castillo, y que tienes a un usurpador, a quien ven en Dina Boluarte, quieren que se vaya”.

Los manifestantes también quieren la liberación de Castillo, pero al igual que su demanda de que se realicen elecciones inmediatamente, es muy poco probable que eso suceda. Según los expertos, lo más rápido que se podrían hacer los comicios es diciembre.

Dado a que es poco probable que las demandas de los manifestantes sean satisfechas, los analistas temen que las protestas no solo continuarán sino que podrían tornarse más intensas, creando más problemas para la administración de Boluarte y amenazando con impactar el crecimiento económico.

Los problemas de Boluarte ya se habían acrecentado previamente esta semana cuando la fiscal general anunció que su oficina había abierto una investigación contra la mandataria por presuntos actos de genocidio.

Si bien los expertos consideran que la acusación es exagerada, el riesgo de ser enjuiciada proporciona un incentivo adicional para que Boluarte permanezca en el poder, dijo Saldías.

También proporciona un incentivo adicional para que el Congreso, controlado por la oposición, la mantenga en el cargo ante la posibilidad de que quienquiera que dirija el país tenga que usar la fuerza para sofocar las protestas recurrentes y posteriormente enfrentar cargos por abusos contra los derechos humanos.

“No creo que vaya a ser destituida por el Congreso porque no creo que ellos quieran su trabajo. Si ella no es presidenta, el presidente del Congreso se convierte en presidente y no creo que quieran esa responsabilidad”, dijo Saldías.

Para el Congreso, Boluarte tiene un papel importante que desempeñar como chivo expiatorio, agregó.