The New York Times
Durante medio siglo de gobierno militar, las herramientas totalitarias de Birmania fueron crudas pero efectivas. Los hombres en “sarongs” seguían a hurtadillas a los activistas a favor de la democracia, los vecinos se delataban entre ellos y los rufianes blandían tubos de plomo. Los generales, que orquestaron un golpe de Estado hace un mes, están de nuevo al mando con un arsenal mucho más sofisticado a su disposición: drones de vigilancia de fabricación israelí, dispositivos europeos capaces de infiltrarse en los iPhone y software estadounidense que puede hackear computadoras y copiar su contenido. Parte de esta tecnología, incluyendo las mejoras a los satélites y las telecomunicaciones, ayudaron a las personas en Birmania a estar en línea e integrarse con el mundo tras décadas de aislamiento. Otros sistemas, como los programas informáticos espías , se vendieron como integrales para modernizar las agencias dedicadas a vigilar el cumplimiento de la ley. No obstante, los detractores afirman que unas fuerzas armadas despiadadas, las cuales mantuvieron un dominio sobre la economía y los poderosos ministerios incluso cuando compartieron el poder brevemente con un gobierno civil, aparentaron vivir en democracia para facilitar compras de herramientas sensibles de ciberseguridad y defensa. Algunas de estas tecnologías de “uso dual”, herramientas tanto de vigilancia legítima del cumplimiento de la ley como de represión, las desplegó el Tatmadaw , como son conocidas las fuerzas armadas de Birmania, contra opositores del golpe de Estado del 1 de febrero (una práctica similar a las acciones tomadas contra detractores en China, Arabia Saudita, México y otros gobiernos). En Birmania, estas son las armas digitales de represión para una campaña cada vez más intensa en la que las fuerzas de seguridad han matado a 25 personas hasta el momento y han detenido a más de 1100, incluida la lideresa civil depuesta, Aung San Suu Kyi. El lunes, se imputaron nuevos cargos en contra de Suu Kyi (realizar una declaración que podría alarmar al público e inducir a alguien a actuar en contra del Estado) que podrían llevarla a prisión durante años. “Las fuerzas armadas ahora están usando precisamente esas herramientas para reprimir sin piedad a los manifestantes pacíficos que arriesgan sus vidas para resistirse a la junta militar y restaurar la democracia”, dijo Ma Yadanar Maung, una portavoz de Justice For Myanmar, un grupo que monitorea los abusos del Tatmadaw. Cientos de páginas de los presupuestos del gobierno de Birmania durante los últimos dos años fiscales analizadas por The New York Times muestran un apetito voraz por lo más actual en tecnología de vigilancia de categoría militar. Los documentos, proporcionados por Justice For Myanmar, enlistan decenas de millones de dólares destinados a tecnología que puede extraer datos de celulares y computadoras, así como rastrear la ubicación actual de las personas y escuchar sus conversaciones. Dos miembros del comité presupuestario del Parlamento, quienes solicitaron permanecer en el anonimato dado el clima político delicado, dijeron que estas propuestas de presupuestos para el Ministerio del Interior , así como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones reflejaban compras reales. Los presupuestos detallan compañías y la funcionalidad de sus herramientas. En algunos casos, especifican los usos propuestos, como combatir “el lavado de dinero” o investigar “cibercrímenes”. “Lo que se ve que las fuerzas armadas de Birmania están recabando es un extenso conjunto de programas de ciberseguridad y técnicas forenses”, dijo Ian Foxley, investigador en el Centro de Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York. “Gran parte de esto son cosas con la capacidad para una ciberguerra”. La formación del Estado vigilante moderno en Birmania ha dependido en parte de patrocinadores como China y Rusia que tienen pocos escrúpulos con respecto a equipar a autoritarios. También ha dependido de compañías occidentales que consideraron los cinco años de gobierno híbrido civil-militar como una apertura, en términos legales y políticos, para construir un mercado frontera en lo que parecía ser una democracia naciente. A partir de 2016, el Tatmadaw concedió algo de autoridad a un gobierno civil dirigido por la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi, que ganó dos mandatos electorales con victorias aplastantes. A pesar de inclinarse hacia la democracia, las fuerzas armadas mantuvieron un control significativo sobre el gasto, particularmente para la defensa, el cumplimiento de la ley y otros temas de seguridad. Los documentos indican que la tecnología de vigilancia de “uso dual” fabricada por compañías israelíes, estadounidenses y europeas llegó a Birmania, a pesar de que muchos de los gobiernos de esos países prohibieron tales exportaciones después de la brutal expulsión de los rohinyás musulmanes por parte de las fuerzas armadas en 2017. Incluso en países que no bloquearon oficialmente esta actividad, muchos proveedores occidentales tenían cláusulas en sus lineamientos corporativos para prohibir que su tecnología fuera usada para violar los derechos humanos. En los casos más atroces, firmas suministraron herramientas de vigilancia y armamento a las fuerzas armadas y los ministerios que estas controlaban, sin respetar los embargos de armas ni las prohibiciones de exportación. En otros, continuaron la venta de tecnología de uso dual sin realizar las diligencias debidas sobre cómo podía usarse y quién podía usarla. A menudo dependieron de intermediarios vinculados con las fuerzas armadas que prosperan en los recovecos sombríos, lo que le permitió al Tatmadaw adquirir las herramientas de opresión de manera indirecta desde compañías extranjeras. El hardware que se le vendió a la policía para atrapar a los criminales se usa para rastrear a los opositores del golpe de Estado en línea y en el mundo real. La documentación de las órdenes de arresto posteriores al golpe de Estado, la cual fue analizada por el Times, muestra que las fuerzas de seguridad de Birmania han triangulado las publicaciones en redes sociales de sus detractores y las direcciones individuales de sus contactos en internet para descubrir dónde viven. Tal labor detectivesca solo pudo haberse realizado mediante tecnología especializada extranjera, según expertos con conocimiento de la infraestructura de vigilancia de Birmania. “Incluso bajo un gobierno civil, había escasa supervisión del gasto militar en tecnología de vigilancia”, dijo Ko Nay Yan Oo, un exmiembro del Foro Pacífico del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por su sigla en inglés) que ha estudiado a las fuerzas armadas birmanas. “Ahora estamos en un gobierno militar y pueden hacer todo lo que quieran”. This article originally appeared in The New York Times. © 2021 The New York Times Company
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