Pepín Rodríguez Simón seguirá en Uruguay hasta la indagatoria por las presuntas presiones a Cristóbal López

Hernán Cappiello
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Simon Rodriguez
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La jueza federal María Servini le concedió a Fabián Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri la posibilidad de que permanezca en Uruguay hasta tanto tenga que prestar declaración indagatoria el mes próximo en la causa en que se lo investiga junto a exfuncionarios de Cambiemos acusado de haber presionado al empresario Cristóbal López para que apoyara al Gobierno de Cambiemos.

La jueza dispuso además conceder la apelación de la decisión que había tomado la semana pasada cuando le prohibió la salida del país, para que la Cámara Federal revise esa resolución.

Rodríguez Simón fue citado a prestar declaración indagatoria el 26 de mayo próximo, ante lo cual el abogado Alberto Berladi, en representación de Fabian de Sousa, uno de los querellantes, pidió se le impida la salida del país.

Fabián de Sousa y Cristóbal López
Fabián de Sousa y Cristóbal López


Fabián de Sousa y Cristóbal López

La jueza hizo lugar a esa medida, pero ahora la Dirección de Migraciones le informó que el abogado salió del país hacia Uruguay el 8 de diciembre de 2020. La magistrada además resolvió hacer saber a la defensa de Rodriguez Simón que deberá “extremar los recaudos” para presentarse en la fecha en la que fue convocado, teniendo en cuenta las restricciones que puedan imponerse en Argentina o en Uruguay por la pandemia.

Asimismo le pidió que informe el domicilio donde se encuentra y qué tipo de tareas desarrolla en Uruguay.

La jueza Servini había hecho lugar el 29 de marzo pasado al pedido de Beraldi porque decía que había riesgo “de parte del imputado, no solo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente”.

A pesar de que Beraldi pidió que le quiten el pasaporte, la jueza entendió que no era necesario y que bastaba con anoticiar a Migraciones del impedimento de dejar el país.

El exlegislador ante el Parlasur debe responder por las presiones que, según la denuncia, habría ejercido la supuesta “mesa judicial” del macrismo sobre los empresarios de Oil Combustibles, C5N y Casino Club, entre otras empresas.

El origen de la denuncia

Según los denunciantes, existieron reuniones y llamadas en las que supuestamente López y De Sousa fueron presionados para vender sus empresas. López mencionó a Rodríguez Simón, Nicolás Caputo, Mario Quintana y José Torello como los interlocutores del Gobierno para llevar adelante las supuestas negociaciones y presiones.

Servini pidió hace más de un año, en base las declaraciones testimoniales de López y De Sousa, que la empresa Movistar le entregara un listado con todas las llamadas entrantes y salientes del teléfono de Rodríguez Simón desde enero de 2016 hasta agosto de 2019. Lo mismo efectuó con las comunicaciones del resto de los imputados, incluido Macri. El fiscal del caso es Guillermo Marijuan.

Sobre la información de esos cruces de llamadas es que la jueza decidió la indagatoria de Rodríguez Simón pues entiende que los contactos prueban las reuniones que los querellantes dijeron haber tenido con el asesor de Macri.

Los cruces de llamadas recibidos por el juzgado determinaron que Rodríguez Simón se comunicó con empresas de Cristóbal López, lo que determinó la citación.