El escandaloso contrato de México con cárceles privadas; 75 mil millones de pesos en 10 años

Redacción Animal Político
·3  min de lectura
Inmates rest in their cells at the Topo Chico prison in Monterrey, Mexico, on September 21, 2019. - The prison will close on September 30, and the 2685 inmates will be transferred to other prisons in the city. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)        (Photo credit should read JULIO CESAR AGUILAR/AFP via Getty Images)
Foto Archivo: AFP via Getty Images)

En nueve años, el gobierno de México ha pagado a los penales administrados por empresas particulares más de 75 mil millones de pesos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En total hay 8 penales administrados por particulares, 7 de ellos suscribieron un convenio con el gobierno federal desde 2010 y uno en 2011.

Los penales están ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos (femenil), Michoacán y Guanajuato. Los convenios fueron firmados durante la administración de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad.

Desde 2010 hasta 2019, el gobierno de México ha pagado a estos penales un total de 75 mil 661 millones 735 mil 763 pesos.

La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, detalló que aún hay un monto pendiente por pagar de 190 mil 638 millones 819 mil 84 pesos, mientras que el costo total pactado a 20 años es de 266 mil 300 millones 554 mil 847 pesos.

Tan solo en 2020, el gobierno de México pagó 15 mil 562 millones 904 mil 661 pesos, el 68.3% de los 22 mil 776 mdp ejercidos por Prevención y Readaptación Social.

La funcionaria federal dijo que el gasto anual por cada persona privada de su libertad en estos penales fue de un millón 375 mil 64 pesos, el gasto mensual fue de 114 mil 588 pesos y al día de 3 mil 819 pesos.

El penal que más le costó al gobierno en 2020 es el de Sonora ($1,819,178,375), seguido de Guanajuato ($1,808,872,216) y Oaxaca (1,771,913,932).

Cláusulas en los contratos

De acuerdo con el gobierno, los convenios con las empresas encargadas de los 8 penales se otorgaron por adjudicación directa y los contratos se firmaron por un periodo de 22 años.

Las cláusulas de los contratos establecen que el gobierno debe pagar por su servicio a las empresas como si los penales estuvieran al 100%, aunque no sea así.

Hasta el 11 de enero ninguno de los 8 penales está a su capacidad máxima, el que tiene una mayor ocupación es el de Sonora que se encuentra al 78%.

Otra de las cláusulas señala que las empresas solo son responsables de los gastos de operación, la seguridad debe ser pagada por el gobierno federal.

Además, los contratos dicen que una vez terminado el lapso de 22 años, los terrenos seguirán siendo propiedad de las empresas privadas.

Ante estas condiciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, a través de la Consejería Jurídica, tratarán de llegar a un acuerdo con los dueños de los penales, pues consideran que los cobros que hacen son “un abuso”.

“Se va a hablar con cada uno de ellos, al mismo tiempo se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo (…) Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos estaban muy vinculados al poder, me reservo los nombres pero son empresas muy vinculadas a políticos”, señaló.

También debes ver: