Tras un pedido de Carlos Zannini, renunció el interventor del Correo Argentino

Iván Ruiz

Horas después de que la jueza Marta Cirulli dispusiera la intervención total del Correo Argentino, Carlos Ferrario, que había sido designado como el próximo interventor de la compañía, renunció ayer a quedarse a cargo de la conducción de la empresa.

Ferrario, 73 años, exjuez en lo comercial, se había desempeñado en los últimos meses como coadministrador judicial pero dio un paso al costado después de que el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidiera que se designara un nuevo responsable de administrar la empresa que estaba en manos de la familia Macri.

Tras la salida de Ferrario, la Justicia designó a la contadora Flor Farber como la interventora del Correo. Su nombramiento se decidió este mediodía mediante un sorteo público que se realizó en la sede del Juzgado en lo Comercial N°6, entre abogados y contadores de listas remitidas por el Colegio de Abogados y el Consejo de Ciencias Económicas.

La nueva interventora será clave en el proceso que atraviesa el concurso por la deuda del Correo Argentino. La intención de la Procuración del Tesoro -ahora a cargo de Zannini- será insistir en que se debe realizar una nueva auditoría sobre lo realizado por la familia Macri dentro de la compañía, ante las posibles maniobras de vaciamiento que ya fueron denunciadas, informaron fuentes oficiales.

Más rápido

Hubo más movimientos en el expediente esta semana. Después de que la Justicia desplazara a los directivos nombrados por la familia Macri y ordenara la intervención del Correo, Zannini pidió el lunes que la Justicia acelere el proceso de cramdown o salvataje, que abre una instancia para que otras empresas puedan ofertar para quedarse con la empresa y, en última instancia, se dicte la quiebra.

Con un escrito de cuatro párrafos, Zannini, representante del Estado, máximo acreedor del Correo en este histórico concurso, le dijo a la jueza Cirulli que "corresponde que se dé inicio al procedimiento de cramdown" y recordó que, pese a la decisión de la Justicia del pasado 18 de diciembre, el proceso de salvataje no había comenzado.

El cramdown permite que el Correo, en este caso la empresa concursada, escuche ofertas de candidatos a comprar la compañía y su correspondiente deuda y así poder negociar con sus acreedores. Socma, que fue concesionaria del servicio postal, también tendrá posibilidad de competir en un posible salvataje.

Desde que Alberto Fernández desembarcó en la Casa Rosada, el Estado tomó una postura más agresiva en el concurso por la deuda del Correo. Al frente de la Procuración del Tesoro, Zaninni había pedido, en coincidencia con la fiscal Gabriela Boquín, la intervención total de la compañía para investigar el supuesto vaciamiento de la firma por parte de Socma, la empresa de los Macri.

Zannini, que fue la mano derecha de los Kirchner durante 12 años, había denunciado "irregularidades" en la gestión del Correo que hacían los Macri con "entidad suficiente para lesionar seriamente" los intereses del Estado, acreedor que -afirmó Zannini- "ve disminuida día a día su posibilidad de satisfacer su acreencia".

Un reclamo histórico

El Estado le reclama a Socma una deuda por el canon impago de la empresa, la histórica causa que se convirtió en un escándalo cuando la gestión de Macri aceptó una oferta que fue considerada perjudicial para los intereses públicos en distintos procesos judiciales. Macri, entonces presidente, decidió finalmente que la negociación por la multimillonaria deuda volviera a "foja cero".

Esa polémica negociación, además, abrió un expediente penal en el que se investigan posibles delitos por parte del entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, otros funcionarios de esa cartera y ejecutivos del Correo por el supuesto beneficio que habría obtenido la empresa de los Macri en esa negociación con los funcionarios del Poder Ejecutivo.

Pero, por otro lado, Socma le reclama al Estado una indemnización de $1700 millones como compensación por la rescisión del contrato, entre otras cosas, expediente que está registrado en el fuero Contencioso Administrativo.