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La paz de Colombia necesita diálogo con grupos armados e implementación del acuerdo de La Habana

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 29 jun (Reuters) - El silencio de los fusiles y la convivencia pacífica en Colombia solo será posible si se implementa el acuerdo de paz de 2016, se concreta una negociación con las disidencias de las FARC y el ELN, al tiempo que se busca el sometimiento de las mafias del narcotráfico, dijo el presidente de la Comisión de la Verdad.

El sacerdote jesuita Francisco de Roux hizo la afirmación horas después de presentar el informe final de la Comisión de la Verdad, un organismo que surgió como parte de un acuerdo de paz negociado en Cuba y firmado en 2016 entre la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de la época para poner fin al conflicto interno.

El acuerdo que se negoció en La Habana durante cuatro años incluye temas como una reforma agraria para reducir la pobreza, la lucha contra el narcotráfico a partir de planes alternativos de cultivos y garantías para la participación en política.

"Tenemos que empezar por reparar a todas las víctimas. Colombia es un país que tiene que adentrarse e implementar a fondo y con toda seguridad lo que se acordó en La Habana, que es absolutamente la reforma social integral y la transformación de la política", dijo de Roux en una entrevista con Reuters el martes en la noche.

"Se debe avanzar muy decididamente hacia la salida negociada con el ELN y con las disidencias, en el camino de sometimiento a la justicia transicional de grupos que son criminales pero que son poderosísimos, si dicen la verdad, ponen en evidencia los entramados y las conexiones criminales, y por su puesto con reparación a las víctimas con los recursos que tienen, pero no impunidad", agregó el sacerdote.

Sus planteamientos coinciden con los del presidente electo de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, quien se comprometió en campaña a implementar el acuerdo de paz que puso fin a la participación en el conflicto interno de más de cinco décadas de la entonces guerrilla de las FARC con la desmovilización de 13.000 integrantes que conformaron un partido político.

Sin embargo, algunos líderes y combatientes rechazaron el acuerdo alegando un incumplimiento del Estado y regresaron a la lucha armada en dos facciones dedicadas al narcotráfico, al igual que el ELN y las bandas criminales, según fuentes de seguridad.

La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos que busca reconocer a las víctimas, promover iniciativas de paz y de reconciliación, al tiempo que contempla penas más benévolas para los victimarios que las de la justicia ordinaria.

NARCOTRÁFICO: MOTOR DEL CONFLICTO

El próximo mandatario, quien asumirá el 7 de agosto en reemplazo del derechista Iván Duque, también anunció su intención de negociar con el ELN, las disidencias de las FARC y buscar el sometimiento a la justicia de las bandas criminales implicadas en el narcotráfico como el Clan del Golfo.

De Roux aseguró que el narcotráfico es el principal motor del conflicto armado interno de Colombia, al tiempo que planteó un cambio de la política contra el narcotráfico con una regulación y un control estatal de la producción y el consumo de drogas después de años de una infructuosa lucha militar que solo dejó violencia y permitió la multiplicación de mafias.

El sacerdote dijo que Colombia además de seguir en la búsqueda de la paz debe empezar un proceso de reconciliación incluyendo la reparación de las víctimas y un cambio cultural que implica la aceptación de las diferencias y acuerdos políticos, económicos y sociales.

Petro, un economista de 62 años que fue alcalde de Bogotá y perteneció a la desmovilizada guerrilla del M-19, busca un gran acuerdo, incluso con sus rivales políticos, para avanzar en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión en el país en donde casi la mitad de sus 50 millones de habitantes viven en la pobreza.

De Roux pidió a la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, suspender cualquier apoyo a la guerra y solicitó destinar esos recursos a la paz.

"Nosotros quisiéramos pedirle a la comunidad internacional que por favor dejen de vernos como un país en conflicto. Nosotros queremos salirnos de la guerra, no nos ayuden para la guerra, no nos den nada para la guerra", afirmó.

Estados Unidos ha sido por décadas el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales con miles de millones de dólares en recursos y en equipos como helicópteros militares.

La Comisión de la Verdad estableció que la confrontación ha dejado más de 450.000 muertos solo entre 1985 y 2018, además de 121.000 desaparecidos, 50.770 secuestros, 16.000 niños reclutados por los grupos armados ilegales y 7,7 millones de desplazados.

"Encontramos que el 80% de las víctimas totales son civiles", concluyó de Roux, quien dijo que el conflicto se prolongó por años por la resistencia de los colombianos a reconocer lo que sucedía, al tiempo que el país se acostumbró a la guerra.

(Reporte de Luis Jaime Acosta. Editado por Marion Giraldo)