El Parlamento le planta cara a la embestida de la Constituyente

LA NACION

Los diputados venezolanos insisten en plantar cara al chavismo, ante sus constantes embestidas y las erupciones políticas de la volcánica Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convertida en el órgano dictatorial que el presidente Nicolás Maduro necesita para mantenerse en el poder.

"Venezuela y más de 50 países desconocen cualquier acto ilegal de la ANC", concretó Julio Borges, presidente del Parlamento.

Sus diputados se vieron obligados ayer a sesionar para mostrar su firmeza, para lo que contaron con el respaldo de unos 15 diplomáticos del continente y de Europa. Por unanimidad, rechazaron y desconocieron la última usurpación de sus poderes decretada anteayer, que vuelve a vulnerar los preceptos constitucionales.

Precisamente fue otro intento de usurpación a finales de marzo el que provocó que la fiscal general Luisa Ortega, que hasta entonces se había mostrado leal al gobierno chavista, denunciara públicamente la ruptura del hilo constitucional.

Hoy, casi cinco meses después, la ex jefa del Ministerio Público huyó a Bogotá, donde pedirá asilo político. Más de medio centenar de sus fiscales son perseguidos por el gobierno, que cuenta con el aval de una Constituyente decidida a convertirse en una versión Siglo XXI del Tribunal de la Inquisición y del Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa, retransmitida en directo por los canales del Estado.

"Maduro usurpó competencias que son exclusivas del pueblo de Venezuela", denunció el diputado Alfonso Marquina. "Que nos saquen a fuego, que nos saquen a balas, que nos saquen a violencia, pero mientras nosotros tengamos la capacidad y la voluntad de defender este espacio, lo vamos a hacer", añadió Freddy Guevara, vicepresidente legislativo.

La usurpación de las funciones del Parlamento supone, en la práctica, la disolución de la Asamblea Nacional, que desde el primer día de su juramentación en enero de 2016 ha sufrido el acoso y (casi) derribo llevado a cabo desde el poder revolucionario, primero a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ahora completado por una Constituyente que fue elegida gracias al "mayor fraude electoral de la historia", como sostiene la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Parlamento, a su vez, constituyó una comisión que investigará a los usurpadores. "Hoy le reafirmamos al mundo que no habrá Constituyente que nos amedrente", afirmó el diputado Carlos Valero frente a los representantes diplomáticos de Brasil, Chile, Perú, México, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Polonia, Austria, Holanda, Portugal y Japón. Eduardo Porretti, encargado de negocios, representó a la Argentina.

Como suele ocurrir con frecuencia, el chavismo traduce los hechos de una forma muy revolucionaria.

"Es mentira que están disueltos, hoy estaban sesionando, sin quórum, pero sesionando. La Asamblea Nacional Constituyente le dijo al viejo Parlamento que tienen que trabajar respetando la Constitución, convivir y coexistir respetando al poder constituyente originario. Buscan mentiras para excusar que su única naturaleza es que Venezuela sea intervenida. El Parlamento no está disuelto, tienen que trabajar", enfatizó la ex canciller Delcy Rodríguez, convertida ahora en presidenta de la Constituyente.

La fuerte condena internacional provocó matices en el oficialismo, que pretende aparentar normalidad ante un Parlamento vaciado de contenido y con sus diputados amenazados con la cárcel, ya que también pretenden arrebatar la inmunidad a varios de los dirigentes opositores.

"Tuvieron que recular inmediatamente y después la señora [Delcy Rodríguez] que ejerce como presidenta de la Asamblea esa, dijo que no dijo y dijo que se hiciera lo que hicieron, simplemente recular", resumió las idas y vueltas oficialistas el socialdemócrata Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento durante 2016.

Financiamiento

En el fondo, el chavismo busca, y la oposición lo sabe, aprobar contratos y obtener financiamientos de otros países para mitigar la mayor crisis socioeconómica de su historia moderna. Por eso, la Constituyente, que teóricamente tendría como única función redactar una Constitución, se otorgó la capacidad de legislar en materias económica y financieras, además de seguridad y soberanía.

"Como la directiva de la Asamblea Nacional no se arrodilló, vienen con ataques y amenazas. Así cambien decretos no van a cambiar la pésima imagen que tiene este gobierno fallido", sentenció Ramos Allup.

Los ataques contra el Parlamento venezolano desde el Tribunal Supremo y desde la Constituyente vinieron acompañados desde el principio de un hostigamiento constante contra la institución, sitiada a diario por radicales y asaltada de forma brutal en dos ocasiones.

Además, Maduro ordenó también su asfixia económica: los diputados no cobran sus sueldos desde hace un año y el Estado no les traspasa el presupuesto que marca el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, dos de sus diputados suplentes, Gilber Caro y Renzo Prieto, permanecen en prisión, a pesar de que deberían estar protegidos ya que tienen inmunidad parlamentaria.