El Parlamento chileno rechaza un juicio político contra la ministra del Interior

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Santiago de Chile, 12 jul (EFE).- La Cámara de Diputados de Chile rechazó este martes iniciar un juicio político contra la ministra del Interior, Izkia Siches, acusada por un grupo de ultraderecha de responder de manera "tardía" ante la creciente violencia en el sur y la crisis migratoria en el norte.

Con 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, el pleno de la Cámara acogió la petición de la defensa de declarar improcedente la acusación por no cumplir los requisitos.

El libelo, que podría haber acabado en la destitución o inhabilitación de Siches, se entiende como "no interpuesto" y no prosigue su trámite, según la normativa.

"Quiero agradecer a los parlamentarios que han dado cuenta de que esta acusación era infundada y que comprenden que este Gobierno tiene que emplear tiempo a los problemas que aqueja la ciudadanía", dijo Siches al finalizar la sesión en la Cámara Baja.

Se mostraron a favor de rechazar el juicio político la mayor parte de diputados de izquierda (oficialismo) y varios parlamentarios de los principales partidos de la derecha (oposición).

El pasado 16 de junio, una decena de diputados del Partido Republicano (ultraderecha) ingresó la acusación constitucional contra Siches señalándola de "comprometer gravemente la seguridad de la Nación" y responder de manera "tardía, insuficiente y acotada" frente a los hechos de violencia en varias provincias del sur.

Esta zona es el epicentro de un enquistado conflicto territorial entre grupos de indígenas mapuche, el Estado y grandes forestales, que ha experimentado una escalada de violencia con frecuentes tiroteos que dejan víctimas mortales, incendios y cortes de carretera.

En un extenso informe, también acusaron a Siches de "entregar informaciones inexactas o intencionalmente incompletas" sobre temas como la "expulsión masiva de ciudadanos venezolanos, la incautación de armas a nivel nacional y las víctimas civiles en La Araucanía (sur)".

Asimismo, criticaron al Ejecutivo por haber supuestamente dejado sin aplicación la nueva Ley de Migración que promulgó el anterior Gobierno, del conservador Sebastián Piñera, "comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta (norte)".

Esta zona del país, que colinda con Bolivia y Perú, experimentó este año y en 2021 una masiva entrada de migrantes irregulares que provocó una fuerte crisis, con el colapso de varias localidades fronterizas y ataques xenófobos.

En Chile, los altos funcionarios públicos pueden ser "acusados constitucionalmente" hasta seis meses después de dejar sus cargos, una fórmula que puede terminar en su destitución o inhabilitación durante un periodo de cinco años.

(c) Agencia EFE

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