Paraguay: prófugo niega versión oficial de matanza

Más destacado

CURUGUATY, Paraguay (AP) — La fiscalía reconoce no tener pruebas de quienes mataron a seis policías durante el enfrentamiento que desencadenó el proceso que terminó con la presidencia de Fernando Lugo. Y dice que ni investigó las muertes de 11 labriegos en el mismo episodio.

Pero aun así va a pedir este jueves que un juez indague formalmente a 14 de los campesinos que sobrevivieron a la balacera (40 más están prófugos) por tentativa de homicidio doloso y otros crímenes.

"Fue evidente que los campesinos emboscaron a los policías", dijo el fiscal Jalil Rachid, quien investigó seis meses el incidente.

Los campesinos y sus partidarios afirman que la versión oficial es tendenciosa e ignora lo que dicen los campesinos. Pero la falta de controles institucionales y el caos generado por el enfrentamiento armado de junio pasado hacen que resulte difícil conocer la verdad.

La versión oficial del fiscal Rachid es que los campesinos fueron los primeros en disparar y los que originaron la balacera cuando los agentes se presentaron a investigar una ocupación de tierras controladas por un poderoso político, el ex senador Blas Riquelme, del Partido Colorado que gobernó Paraguay por décadas.

Los campesinos, por su parte, dicen que las policías vinieron preparados para el enfrentamiento armado, que fueron ellos los que dispararon primero y que tomaron la justicia en sus propias manos, matando a los heridos a sangre fría.

Los partidarios de los campesinos sostienen que Rachid no es imparcial porque es hijo de un estrecho amigo y correligionario de Riquelme, algo que el fiscal niega.

La balacera, en todo caso, dio a los rivales políticos de Lugo la munición que necesitaban para destituir al mandatario, al que acusaron de haber manejado mal la crisis generada por la ocupación de tierras y de haber dado a los campesinos falsas esperanzas de una reforma agraria.

Dos semanas después de la tragedia de Curuguaty, Lugo fue destituido en un rápido juicio político.

Familiares de los acusados afirman que el objetivo del proceso es advertirle a los campesinos pobres que sufrirán graves consecuencias si ocupan más tierras en la esperanza de que el gobierno se las entregue.

Uno de los campesinos prófugos, entrevistado por la Associated Press en los montes de Curuguaty, no muy lejos del escenario de la matanza, da una versión muy distinta a la oficial. El campesino, quien dice haber sido testigo presencial de lo sucedido, pidió no ser identificado por temor a represalias.

El 15 de junio fue un día de alta tensión en el predio de 2.000 hectáreas conocido como Marina Cué, distrito de Curuguaty, a unos 340 kilómetros al noreste de Asunción. Varias familias de campesinos habían tomado una esquina del predio después de haber reclamado desde 2004 su entrega como parte de una prometida reforma agraria por considerarlo propiedad del Estado. Según ellos, Riquelme no tenía derecho a esas tierras, que se había apropiado.

La disputa se remonta a varias décadas atrás. Los campesinos dicen que Riquelme, cuyo partido apoyó la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, se apropió ilegalmente de esas tierras. El ex senador falleció en septiembre, a los 82 años, sin haber recibido nunca el título de propiedad.

Campesinos pobres de la zona llevaban años tratando de convencer a las autoridades de que redistribuyesen las tierras como parte de una reforma agraria que nunca terminó de concretarse.

Cientos de policías llegaron al lugar, fuertemente armados, con una orden judicial para realizar el allanamiento y levantar un censo de los ocupantes. El comisario Erven Lovera fue el jefe policial negociador, y durante unos cinco minutos, habló cara a cara con el negociador campesino Avelino "Pindú" Espínola.

"La discusión entre los dos era muy fuerte. Espínola advirtió al jefe policial que no pasara una línea divisoria, de alambre, entre los policías y los campesinos", dijo el prófugo. "Pero Lovera levantó la voz diciendo que nadie le puede poner condiciones a la policía que vino al lugar para cumplir una orden judicial".

En ese momento, Lovera "lanzó gas pimienta contra el compañero Francisco Ayala que tenía arriba, levantado, en su mano un machete. Lovera habrá creído que Ayala lo quiso atacar", relató en su idioma nativo guaraní.

Cuando Ayala cayó al suelo y se quedó sin moverse por efectos del gas pimienta, Espínola no pudo contener su enojo: "Espínola golpeó con sus dos manos el pecho del comisario Lovera", dijo el prófugo.

Tras el empujón, Espínola fue abatido por un proyectil, el primero en caer muerto. Enseguida, Lovera cayó también", relató el entrevistado.

Olas y olas de disparos de armas, tal vez automáticas, se pueden escuchar en una grabación de audio y video del escenario de los hechos.

"Cuando Espínola cayó muerto, vi que también Lovera caía y me agaché para no ser alcanzado por los disparos de la policía. Gateando entre el pastizal logré esconderme, pero mientras me escapaba escuché a algunos compañeros heridos pidiendo ayuda", dijo el prófugo.

"No me entregué a la fiscalía porque tengo miedo de ser ajusticiado por los policías. Tres de nuestros compañeros fallecidos recibieron disparos en la cabeza, de arriba hacia abajo. Eso es ajusticiamiento", manifestó con vehemencia.

Después del tiroteo, las autoridades policiales salieron rápido, dejando el escenario del crimen a los lugareños, quienes encontraron cientos y cientos de cartuchos.

Rachid dio una conferencia de prensa en Asunción afirmando desconocer específicamente quién mató a quién.

Los 84 agentes policiales citados como testigos, que tuvieron participación en el enfrentamiento junto con otros 250 de diferentes cuarteles del país, tampoco identificaron a nadie en particular, ni pudieron precisar qué armas utilizaron los labriegos.

La audiencia preliminar se hará en el palacio de Justicia de ciudad Coronel Oviedo. Si el juez José Benítez rechazase por infundadas las acusaciones de tentativa de homicidio doloso, los imputados probablemente seguirían siendo acusados de asociación criminal, invasión de inmueble ajeno y resistencia a la autoridad fiscal y policial, según su abogado Vicente Morales, porque "admitieron haber estado adentro de la propiedad.",

De los 14 acusados, 13 declararon ante el fiscal que, efectivamente, estuvieron en el interior de Marina Cué porque consideran a esas tierras como estatales pero negaron haber matado a los agentes. Uno aseguró que estaba afuera de la finca y ayudó a uno de los heridos ensangrentado. Aunque su actitud parecía una acción humanitaria, fue acusado por obstrucción a la persecución penal.

Las tierras pertenecían al consorcio paraguayo-argentino La Industrial Paraguaya que en 1967 las donó al Estado para la construcción de un cuartel militar. Pero los sucesivos gobiernos, por razones desconocidas, no hicieron los trámites judiciales de aceptación del regalo.

Ante la aparente inacción o indiferencia estatal, las tierras fueron ocupadas por más de 20 años por Riquelme, un millonario empresario y ex senador colorado. Riquelme falleció en septiembre a los 82 años sin recibir el título de propiedad. La justicia aún no resolvió la solicitud.

"Técnicamente, las tierras siguen perteneciendo a La Industrial Paraguaya. Por esta razón, el fiscal usó la frase acusatoria *invasión de inmueble ajeno* y no propiedad privada", dijo Morales.

Rachid no investigó los muertes de los 11 campesinos. Ni ordenó pruebas balísticas de sus cadáveres. Martina Paredes, hermana de Luis, muerto en la lucha armada, dijo a la AP que "lo encontramos el 16 de junio, en estado de descomposición, con una herida de bala en la cabeza, de arriba a abajo. El mismo informe médico-forense afirma la trayectoria del proyectil. Para nosotros fue un ajusticiamiento y el fiscal no abrió ninguna investigación".

La AP tuvo acceso a copias de los informes de médicos legalistas sobre las autopsias practicadas a los trabajadores rurales fallecidos y pudo constatar que solo decía: "causa de la muerte, heridas por arma de fuego", sin entrar en detalles.

Rachid aseguró que los 11 campesinos murieron baleados por los policías quienes "sólo se defendieron usando sus armas reglamentarias", sin dar detalles del tipo de armas ni de los proyectiles utilizados.

El problema es que la gran mayoría de policías en Paraguay no portan armas estandarizadas. Existe una peculiaridad: cada agente ha sido obligado a comprar no solo su propio revólver o pistola sino, además, los proyectiles, y a registrarlos en las planillas institucionales.

Rachid afirmó que según datos de balística, cinco de los seis policías fallecieron por impactos de perdigones de escopetas calibres 12 y 28 y uno de un revólver calibre 38.

Pero las pruebas balísticas en sí no podrían eliminar dudas sobre quien disparó las balas que mataron las seis policías. Después de la caótica balacera de aquel día, no había controles para asegurar que los policías no hayan recibido disparos de armas portadas por sus propios colegas.

Las expectativas de pena para los acusados por tentativa de homicidio doloso, principalmente, van desde 18 a 25 años de cárcel.

Si la idea es hacerle ver a los campesinos que deberían abandonar las ocupaciones de tierras ajenas, el mensaje no está llegando a unas 150 personas que desde domingo están instaladas en la orilla de Marina Cué, amenazando con volver a ocupar la propiedad si el gobierno no responde antes del fin del de viernes con un acuerdo entregando parcelas a su agrupación.

"Estamos enfrente de la finca y listos para volver a ocupar la tierra del Estado", afirmó Leonor Vega, presidenta de la Comisión Sin Tierras de Curuguaty, en una entrevista con AP. "Espero que el proceso a los compatriotas ante el juez José Benítez no obstaculice nuestra lucha por un pedazo de tierra".

Cargando...