Las pandillas gobiernan una gran parte de Haití, lo cual para muchas personas implica no tener combustible, energía eléctrica, ni comida

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La policía haitiana en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, Haití, durante las manifestaciones contra la escasez de combustible y la inseguridad generalizada, el 25 de octubre de 2021. (Adriana Zehbrauskas/The New York Times)
La policía haitiana en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, Haití, durante las manifestaciones contra la escasez de combustible y la inseguridad generalizada, el 25 de octubre de 2021. (Adriana Zehbrauskas/The New York Times)

PUERTO PRÍNCIPE, Haití — Las pandillas ocupan los puertos de Haití y detienen los cargamentos de combustible. Los hospitales están a punto de cerrar porque los generadores se quedan sin potencia, lo cual pone en peligro la vida de cientos de niños. Las torres de telefonía celular se quedan sin energía, por lo que algunas franjas del país terminan aisladas. Y la grave crisis alimentaria cada día se vuelve más aguda.

Después del asesinato del presidente, de un terremoto y de una tormenta tropical, una nueva crisis sacude a Haití: una tremenda escasez de combustible está llevando a ese país al borde del colapso debido a que las pandillas, no el gobierno, tienen el control de más o menos la mitad de la capital del país.

Puesto que las pandillas disponen a su voluntad de los camiones que transportan combustible, los conductores se han negado a ir a trabajar y han hecho estallar una huelga de transportistas a nivel nacional, cosa que ha paralizado a un país que depende de los generadores para producir una buena parte de su energía eléctrica.

Esto es solo el resultado más reciente de la inseguridad que ha envuelto a Haití, donde, este mes, una pandilla secuestró a dieciséis estadounidenses y un canadiense pertenecientes a un grupo misionero de Estados Unidos y exigió 17 millones de dólares de rescate. Las autoridades saben dónde tienen a los rehenes, pero no pueden entrar a ese vecindario controlado por la pandilla debido a que la policía está en total desventaja.

En una cruda demostración de cuán comunes son los secuestros, hace poco secuestraron a un pastor haitiano-estadounidense que fue liberado el lunes. Los activistas en derechos humanos afirman que lo peor es que al ministro de Justicia del país se le acusa de haber conspirado con una pandilla para secuestrar al pastor, lo que es un ejemplo extremo de la participación del gobierno en la violenta decadencia del país.

“Yo espero lo mejor para Haití, pero sé que no mejorará”, comentó Rousleau Desrosiers, mientras veía a su hijo recién nacido respirar con la ayuda de aparatos en un hospital cuyo generador se quedará sin combustible en unos cuantos días. “Haití solo retrocede. Nuestra única marcha es la reversa”.

En una conferencia de prensa del martes, Jimmy Cherizier, uno de los jefes de pandilla más temidos del país, reconoció que su banda criminal estaba impidiendo la entrega de combustible. Según él, su intención no era perjudicar a las personas comunes y corrientes, sino ejercer presión sobre la élite política y empresarial de Haití y provocar la renuncia del primer ministro.

Personas intentando cruzar una barricada levantada durante una huelga, en Cabaret, Haití, el 23 de octubre de 2021. (Adriana Zehbrauskas/The New York Times)
Personas intentando cruzar una barricada levantada durante una huelga, en Cabaret, Haití, el 23 de octubre de 2021. (Adriana Zehbrauskas/The New York Times)

No obstante, la escasez de combustible ya se está manifestando en sus formas más crueles entre los haitianos más vulnerables.

Hace una semana, Desrosiers, el padre del recién nacido, se quedó sin gasolina para su mototaxi. En unos cuantos días, él y su esposa embarazada se habían quedado sin comida. Después, el domingo, su esposa dio a luz un mes antes de lo previsto a un bebé que requería una atención especializada que el hospital donde nació no le ofreció.

Desrosiers llevó a su recién nacido a cinco hospitales antes de llegar a uno que lo recibió: el Hospital Pediátrico de San Damián, el principal centro hospitalario infantil de Haití.

“Me tiene muy preocupado”, comentó Desrosiers acerca de su hijo, en cuyas pequeñas fosas nasales colocaron unos tubos con oxígeno que le ayudan a su entrecortada respiración. Una lámpara de calor calentaba el cuerpecito del niño del tamaño de la palma de la mano. “Respira con dificultad”.

El combustible de los generadores del hospital solo alcanza hasta el viernes. Si no consiguen más, dejarán de funcionar los aparatos que mantienen vivo al niño y tendrán que cerrar todo el hospital.

Durante su conferencia de prensa, Cherizier, el jefe de la banda de delincuentes, señaló que “al ser un líder responsable que ama a su país”, iba a permitir que el combustible llegara a los hospitales.

“Somos parte del pueblo más pobre y desfavorecido”, afirmó en tono de estadista, lo que insinúa sus ambiciones políticas en un país en el que presuntos traficantes de drogas ocupan los escaños del Parlamento. “Estamos viendo cómo podemos abrir el camino para que el combustible sea entregado a los hospitales”.

Para atizar las tensiones de clase, Cherizier exhortó a los haitianos a volverse contra la élite política y empresarial, llamándolas “delincuentes”.

En muchos países, una escasez de combustible implicaría una parálisis del transporte. En Haití, donde la red eléctrica no es de fiar, todos los servicios e instituciones que hacen que el país funcione —bancos, hospitales, torres de telefonía celular, empresas— obtienen su energía de los generadores, explicó Maarten Boute, director general de Digicel Haiti, el proveedor más grande de redes de telefonía móvil y de banda ancha del país.

Sin combustible, “todo se detiene sin más”, comentó Boute, y añadió que, por la falta de combustible para funcionar, una de cada cuatro torres de telefonía celular de Digicel está fuera de servicio.

El gobierno intentó poner fin a la huelga ofreciéndoles dinero a los sindicatos de transportistas, pero estos lo rechazaron. Muchos líderes sindicales mencionaron que lo que necesitan es que las autoridades vuelvan a tomar el control de los barrios marginales que hay alrededor de los puertos marinos de Puerto Príncipe, la capital, donde las pandillas tienen más poder por su acceso a las armas, las motocicletas y el combustible que la policía no tiene.

“Requerimos presencia policiaca”, aseveró Marc André Deriphonse, quien dirige la Asociación Nacional de Propietarios de Gasolineras y que hace poco se reunió con el ministro de Defensa.

Deriphonse, quien también administra una flota para el transporte de combustible, afirma que no enviará a sus choferes al puerto hasta que el gobierno despliegue fuerzas del orden las 24 horas del día a lo largo de toda la ruta. “En esas zonas no existe la presencia de las autoridades”.

Esta crisis de combustible está sucediendo en todo Haití y los residentes de pueblos remotos cercan a los vehículos que pasan y tratan de convencer a sus conductores que les compartan combustible de sus tanques antes de permitirles seguir su camino. En el norte del país, una multitud de aldeanos asaltó un camión de combustible y obligó al conductor a vaciar en grandes bidones una parte de su cargamento.

Esta crisis ha detenido la capacidad de trabajar y de vivir de todo el pueblo. Las gasolineras han estado tapiadas durante semanas. Cuando los propietarios se presentan en ellas, casi siempre se desatan revueltas entre los residentes, quienes están convencidos de que en estas estaciones de servicio se está acaparando el combustible.

Las calles de la capital se vaciaron esta semana cuando el transporte público se quedó paralizado y la mayoría de los taxis privados se quedaron sin gasolina. Las sucursales bancarias cerraron cuando los cajeros no pudieron llegar a trabajar. Los hoteles comenzaron a cerrar o a apagar el aire acondicionado para ahorrar energía. Las principales tiendas de comestibles cerraron en la capital al no poder mantener la carne fresca. El martes, el director del centro nacional de ambulancias de Haití aseveró que la escasez de combustible implicaba que solo estaban funcionando 30 de las 90 ambulancias del país.

Según los defensores de los derechos humanos, el debilitamiento de la autoridad del gobierno es consecuencia de su propia estrategia, que no consideró de manera adecuada las consecuencias de usar a las pandillas para alcanzar sus objetivos.

Este mes, el pastor Jean Ferrer Michel se había estacionado afuera de su iglesia cuando unos hombres armados y enmascarados descendieron de un vehículo del Ministerio de Justicia y se lo llevaron, explicó su hija, Farah Michel. Después se lo entregaron a una pandilla y, después de que su familia pagó varios rescates, fue liberado el lunes.

Las organizaciones de derechos humanos han acusado al ministro de Justicia, Liszt Quitel, de usar los recursos del gobierno y emplear a una pandilla haitiana para secuestrar al pastor después de haber tenido un conflicto personal con él.

“El auto en el que lo secuestraron venía del Ministerio de Justicia, eso es todo lo que puedo decir”, señaló Michel, la hija del pastor. “Si el Ministerio de Justicia tiene algo que ver con esto, es cosa de ellos, de Dios y de sus madres”.

Michel mencionó que su familia se encuentra bajo amenaza y que piensa abandonar Haití pronto.

“En esta situación no podemos criar a nuestros hijos, dar a luz, ir a trabajar, tener una familia”, comentó. “Es una verdadera pesadilla. No podemos dormir, pero vivimos en una pesadilla”.

© 2021 The New York Times Company

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