La pandemia provocó la apertura de más de 25.000 causas

Candela Ini
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Los expedientes de un tribunal oral se acumulan en un edificio de la Armada
Ricardo Pristupluk

La gestión de la pandemia tuvo un fuerte correlato en los tribunales federales y provinciales: se abrieron en todo el país más de 25.000 causas penales contra quienes incumplieron las restricciones a las circulación, pero también fueron judicializadas decisiones de gobierno a través de la presentación de decenas de amparos judiciales e incluso habeas corpus que motivaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

La intensa judicialización de la pandemia no cesa: en las últimas horas, como consecuencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 que suspendió las clases presenciales en el AMBA a partir de mañana, un aluvión de amparos motivó la intervención de la justicia porteña, que ya rechazó “in límine” uno de ellos y se declaró incompetente para intervenir sobre la cuestión. Lo hará la Corte Suprema, sobre la cual todas las miradas están fijas.

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DIEGO LIMA


. (DIEGO LIMA/)

La cantidad de amparos presentados en las últimas horas mostró la fuerte oposición de gran parte de la ciudadanía que reside en AMBA a la suspensión de las clases presenciales. Incluso dos municipios, el de Vicente López y el de San Isidro, se plegaron a la resistencia y presentaron amparos en el mismo sentido.

Hace menos de un año, también, la oposición impugnaba las sesiones remotas en el Congreso y presentaba un amparo ante la justicia. El tema llegó a la Corte Suprema, que nunca se pronunció sobre ese amparo, pero sí sobre el pedido expreso de Cristina Kirchner para que el Senado pudiera sesionar de manera virtual. La gestión de la pandemia quedó en varias oportunidades bajo la lupa de la Justicia.

Las tensiones provocadas por el cierre de fronteras y los abusos institucionales también llegaron a la Corte, que se pronunció en tres oportunidades en contra de las restricciones dispuestas en Formosa, donde fueron denunciadas violaciones a los derechos humanos.

El accionar del gobierno de Gildo Insfrán motivó múltiples demandas y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Gobierno de Formosa


El accionar del gobierno de Gildo Insfrán motivó múltiples demandas y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Gobierno de Formosa/)

También se judicializó la salud: cuando se cumplía la primera etapa de cuarentena en Fase 1 la justicia porteña ordenó al gobierno porteño que extienda un salvoconducto para que un niño comprendido dentro del espectro autista pueda salir a caminar. Y la semana pasada la justicia le ordenó al gobierno porteño inocular contra el coronavirus a una mujer con autismo de manera “urgente y prioritaria”.

Los poderes del Estado se encontraron frente a la necesidad de instrumentar normas nuevas, de tomar medidas urgentes, y debieron enfrentarse, también, a los grises que eso genera. La secretaría Legal y Técnica Vilma Ibarra se vio en la ajustada situación de redactar decretos en una situación inédita, sin jurisprudencia, que restringieran derechos de manera temporaria, con fuertes cuestionamientos.

“Estamos en una situación excepcional, inédita, en una pandemia que no ocurría hace más de un siglo. Sabemos que las curvas de contagios crcen exponencialmente y que si no se reduce la velocidad de los contagios puede ocurrir algo muy traumático para la sociedad. El Gobierno está empeñado en que no suceda eso”, dijo Vilma Ibarra a LA NACION. Los decretos firmados por el Presidente en el último año fueron fuertemente cuestionados por la restricción a algunos derechos y libertades.

Las causas penales por incumplimiento

En el último año, los tribunales se vieron colmados de expedientes con carátulas hasta entonces poco frecuentes. Las denuncias implicaban, principalmente, la violación del artículo 205 del Código Penal (”Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia) y del artículo 239 (Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal).

Según un documento elaborado por el Ministerio Público Fiscal al que accedió LA NACION, desde que se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), por el incumplimiento de las medidas restrictivas entre el 12 de marzo de 2020 y el 17 de marzo de 2021 se iniciaron 25.569 expedientes en todo el país.

Control policial autopista 25 de mayo mano a Capital
Ignacio Sanchez


Control policial autopista 25 de mayo mano a Capital (Ignacio Sanchez/)

El documento separa las jurisdicciones donde ya rige el sistema acusatorio (Salta y Jujuy) de aquellas donde todavía rige el sistema inquisitivo. En la enorme mayoría de los casos instruidos en Salta y Jujuy (653 en total de los cuales 586 ya fueron cerrados) se aplicó el criterio de oportunidad para cerrarlos.

En el resto del país se tramitaron 7121 casos, de los cuales 1562 ya fueron cerrados, y solo nueve de todos ellos llegaron a una sentencia condenatoria. Un total de 17.795 casos mencionados por el documento no fueron computados porque no se determinó su estado procesal. La mayoría de los expedientes culminaron en la etapa de instrucción.