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Panamá: Minera canadiense advierte que bloqueos de suministros por protestas amenazan su operación

PANAMÁ (AP) — La minera que firmó un controvertido contrato de extracción de cobre con el Estado de Panamá, rechazado por los ciudadanos con varias semanas de protestas en las calles, anunció el lunes que su operación enfrenta el riesgo de quedar en suspenso debido a bloqueos que no les permiten recibir suministros.

“Si las acciones ilegales continúan impidiendo los suministros necesarios para operar la planta de energía, la empresa reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente la producción”, dijo Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, que opera una mina de cobre en la localidad de Donoso, en la caribeña provincia de Colón.

La empresa, que firmó un contrato con Panamá para prorrogar la explotación de cobre por 20 años más en una zona boscosa de alta diversidad biológica, mencionó que los bloqueos en el puerto internacional Punta Rincón amenazan con dejar a la empresa sin suministros para la planta de generación de energía a mediados de esta semana.

Ese puerto es el sitio de desembarque de materiales e insumos que se emplean para la operación de la mina. De momento, la empresa ha reconocido que ya ha reducido sus operaciones.

Videos en redes sociales han reportado escenas de pequeñas lanchas de pescadores y con banderas panameñas protestando en los alrededores del puerto.

La semana pasada las autoridades de la policía aeronaval dijeron que un buque cargado con carbón decidió no ingresar al puerto debido a las acciones de “hostilidad" de un grupo de manifestantes, "quienes desde sus lanchas lanzaron piedras y objetos contundentes de fabricación casera”. La protesta fue dispersada en aquel momento por la policía aeronaval.

Las multitudinarias protestas en todo el país contra el contrato minero están lideradas por obreros de la construcción, educadores, movimientos sociales, jóvenes y ambientalistas, quienes demandan la nulidad del acuerdo y advierten sobre los daños a la biodiversidad que causa la explotación de cobre a cielo abierto. También consideran que el país hizo demasiadas concesiones a la empresa minera.

Las protestas estallaron hace un mes cuando el presidente Laurentino Cortizo sancionó y promulgó aceleradamente el contrato ley minero el 20 de octubre. Pese al rechazo popular, también fue aprobado con celeridad en el Legislativo.

El contrato le dio derecho a Minera Panamá a seguir extrayendo, procesando y comercializando cobre y otros minerales en una zona de más de 12.955 hectáreas. Además de renovar la explotación 20 años, el acuerdo es prorrogable otros 20 años más.

A mediados de la semana pasada, el sector empresarial dijo que las pérdidas económicas por los bloqueos de carreteras y la semiparalización del país supera los 1.700 millones de dólares, una cifra que representa el 2% del Producto Interno Bruto. Los sectores productores, entre ellos, el agropecuario, el logístico y el industrial han asegurado ser de los más afectados.

Las protestas sociales van aparejadas de una vigilia permanente, organizada por jóvenes y ambientalistas, que suma su segunda semana frente a la Corte Suprema de Justicia. Piden que haya un pronunciamiento pronto sobre la constitucionalidad o no del contrato.

El máximo tribunal de justicia ha admitido varias demandas sobre inconstitucionalidad acerca del contrato y ha dicho que el próximo viernes entrará en sesión permanente hasta emitir una decisión sobre el contrato.

“Estamos dándoles ese último voto de confianza a nuestro gobierno a través del órgano judicial y que los magistrados escuchen el clamor del pueblo y dicten un fallo en Derecho y declaren nuevamente inconstitucional este contrato”, dijo de The Associated Press el biólogo Guido Berguido, de la Asociación Adopta el Bosque Panamá, uno de los grupos que organiza la vigilia frente a la Corte.

Los manifestantes han levantado un campamento en el que se mantienen pacíficamente día y noche ante la sede del tribunal. “Todas estas luchas son válidas para una sola meta que es ‘no a la minería metálica’; en este caso, ‘no’ al contrato minero que fue aprobado”, mencionó Berguido.

Juristas han advertido que una derogación del contrato, ya sea por ley o por consulta popular, podría traer consecuencias para el Estado por incumplir el acuerdo con la empresa y han pedido que se deje a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre su posible inconstitucionalidad.

Sin embargo, otros consideran que el contrato también puede ser anulado mediante una ley aprobada por el Legislativo.