La crisis migratoria en la selva del Darién ha alcanzado un punto crítico y Panamá anunció acciones para abordarla, incluyendo la eliminación de puntos de control en comunidades receptoras y el aumento en deportaciones. También se anunciaron medidas como la reducción de la estancia de algunos turistas de 90 a 15 días o aumentar los umbrales financieros para entrar al país.

La crisis migratoria por la selva del Darién está “al límite”. Esas fueron las palabras del ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, en una rueda de prensa en la que se anunciaron nuevas medidas del Gobierno para hacer frente al aumento del flujo irregular de personas por la frontera sur del país.

“Lógicamente, ya estamos a un límite de nuestras capacidades porque el desbordamiento de las personas ya es de forma masiva”, aseguró Pino y señaló que el país contabiliza 350.000 migrantes irregulares que han atravesado la peligrosa selva desde Colombia a Panamá en lo que va de 2023 —esto es más que la totalidad de los cruces en 2022—. Muchas personas atraviesan dicha frontera, una de las más peligrosas del mundo, en precarias condiciones en su camino hacia el norte del continente americano.

Ante dicho panorama, Samira Gozaine, directora del Instituto de Inmigración de Panamá, dio a conocer una serie de decisiones con las que buscarán hacerle frente al aumento de llegadas irregulares a territorio panameño.

Además, las autoridades del país anunciaron que aumentarán las deportaciones de personas con antecedentes penales y también los vuelos para repatriar a los migrantes irregulares.

Con Reuters, EFE y medios locales

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