Palma pondrá freno al alquiler turístico este verano

MADRID (Reuters) - El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha decidido poner cota a la proliferación de pisos turísticos en la capital balear para evitar nuevas distorsiones en el sector inmobiliario y facilitar el acceso de los residentes a una vivienda, informaron fuentes del consistorio. La iniciativa se ha presentado en un momento en que el gobierno regional de las Baleares ultima una nueva ley para los apartamentos vacacionales, que endurecerá los controles y las multas sobre la oferta existente. En la actualidad, solo está regulado el alquiler de chalets o pequeñas casas adosadas en la comunidad balear, mientras que el alquiler de viviendas turísticas en edificios plurifamiliares no se podrá ejercer legalmente en ninguna de las cuatro islas baleares. No obstante, la falta de controles y la indefinición de la ley española de arrendamiento urbano en esta materia dificultan velar por el cumplimiento de la regulación autónoma, dijo una fuente del ayuntamiento de Palma. Con la nueva regulación, que se presentará en el parlamento autónomo antes de Semana Santa, las multas para los propietarios y plataformas que promocionan pisos vacacionales sin licencia subirán hasta un máximo de 40.000 euros desde el tope actual de 20.000. También se aumentarán las inspecciones y se definirán las zonas donde puede haber una oferta de pisos turísticos. En Palma existen en la actualidad 3.191 pisos turísticos que ofrecen 21.216 plazas en el ámbito del área metropolitano, aunque el 90 por ciento de la oferta no se ajusta a la regulación vigente, según un informe de la concejalía de Urbanismo. El fuerte crecimiento de este sector -en el casco histórico de Palma el número de plazas ha subido en solo un año en un 32 por ciento- se ha visto acompañado por un incremento de los alquileres del 40 por ciento de media en los últimos 4 años. "Estas dinámicas dificultan el acceso de los residentes a una vivienda digna", dijo Antoni Noguera, el actual responsable de Urbanismo de Palma en la presentación del informe. Palma no es el único municipio en España que se ha puesto en pie de guerra contra los apartamentos turísticos. También ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia están estudiando o ya han adoptado medidas para regular el alquiler turístico ante el fuerte crecimiento de las pernoctaciones extrahoteleras. Airbnb, líder de mercado en el alquiler turístico, dijo que el año pasado 5,4 millones de personas usaron su plataforma para visitar España, un aumento del 82 por ciento frente a 2015.