Pague sus impuestos a la propiedad o pudiera perder su casa. Grupo de activistas dice que no es justo

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Pedro Portal/pportal@miamiherald.com

Deborah Foss es una abuela de 67 años de New Bedford, Massachusetts, que sobrevive con magros ingresos del Seguro Social. Foss padecer de leucemia, obstrucción pulmonar crónica y neuropatía.

Antes era propietaria de una vivienda, pero ahora vive en su automóvil.

Ya no tiene un techo porque un inversionista en embargos tributarios se quedó con el capital que tenía invertido en su casa. Pero con la ayuda de un grupo legal sin fines de lucro, está dando la pelea.

Foss presentó una demanda contra Massachusetts, impugnando una ley que permite a los inversionistas privados confiscar todo el patrimonio que los propietarios tienen en sus casas, por encima de lo que deben en impuestos atrasados e intereses sobre el saldo sin pagar.

Pacific Legal Foundation es la organización sin fines de lucro que representa a Foss, así como a los propietarios de otros estados que sufrieron el mismo destino. Entre 2014 y 2020, según PLF, Massachusetts permitió la toma de unos $37 millones más de lo que los propietarios debían en impuestos a la propiedad. En el caso de Foss, tenía aproximadamente $30,000 en impuestos atrasados. Pero el inversor privado que compró su embargo preventivo ejecutó la hipoteca, tomando una casa que estaba valorada en $241,600.

Eso es lo que hace que la inversión en embargos tributarios sea tan rentable. Aunque PLF no tiene un recuento exacto, “es bastante seguro decir” que los inversionistas se han llevado “cientos de millones” a nivel nacional, me dijo la asesora jurídica Christina Martin, quien calificó la práctica de “despreciable”.

Aunque es totalmente legal cobrar los embargos tributarios, PLF sostiene que cobrar más de lo que se debe equivale a un “robo de patrimonio”. Martin dice: “Creemos que no solo es inconstitucional, sino un castigo excesivo”. Y el grupo legal de Sacramento no está de acuerdo para nada.

PLF, que defiende a las personas de las extralimitaciones del gobierno, dice que 11 estados —Alabama, Arizona, Connecticut, Illinois, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York y Oregon— permiten este tipo de cosas, que pueden afectar a los propietarios comerciales y residenciales por igual. Un puñado de otros estados tienen resquicios que permiten esta práctica.

Sin embargo, algunos estados vieron la locura que supone la legalización del robo de embargos fiscales y cambiaron sus normas. El mes pasado, Wisconsin modificó su ley para garantizar el pago de los impuestos sobre la propiedad, a la vez que establece que los antiguos propietarios reciban lo que quede de la venta de su propiedad. Dakota del Norte y Montana hicieron lo mismo.

En Michigan, mientras tanto, la Corte Suprema del estado consideró que la antigua infringía la Constitución del estado y falló que las personas tienen derecho a cualquier excedente de capital de sus casas después que se liquiden los impuestos atrasados. En el caso que motivó la sentencia, el Condado Oakland vendió la casa de Uri Rafaeli en una subasta por $24,500 debido a que había pagado $8.41 menos de lo que le correspondía por el impuesto sobre la propiedad. El condado se quedó con todo lo recaudado.

Sin embargo, el PLF trabaja ahora con ocho propietarios en su demanda contra el mismo condado contra el que falló la Corte Suprema de Michigan. Planean recuperar cientos de miles de dólares de patrimonio perdidos cuando el tesorero del condado se quedó con sus casas como pago de deudas fiscales que solo sumaban una fracción de su valor.

Según PLF, la ciudad de Southfield, Michigan (donde vivía Rafaeli), se aprovechó de un resquicio en la ley estatal que permite a las ciudades comprar al condado las viviendas embargadas por el costo de la deuda fiscal, sin pagar a los antiguos propietarios la diferencia. Si bien esta estafa es una bendición para algunas empresas bien conectadas de la zona, perpetúa la confiscación depredadora del valor de la vivienda, dice la abogada Martin.

“Cuando el gobierno embarga una propiedad privada debe pagar una compensación justa, independientemente de cómo la adquiera”, dice. “El gobierno ha compensado a los propietarios de viviendas con la condonación de deudas por valor de solo una fracción del valor de las viviendas embargadas. Eso es inconstitucional e injusto”.

En Nueva Jersey, el grupo está ayudando a una propietaria de East Orange que está impugnando un plan de impuestos estatal que permitió a la ciudad tomar su propiedad comercial porque pagó sus impuestos con retraso. La propiedad valía unos $80,000 más de lo que ella debía.

Lynette Johnson compró la propiedad en 2014, pero afirma que nunca recibió su factura de impuestos para ese año. Sin que ella lo supiera, la ciudad compró un gravamen sobre su propiedad, ejecutó la hipoteca y vendió la propiedad a inversores privados por $101,000 en 2018. La ciudad se quedó con cada centavo de la venta, dejando a Johnson sin nada.

“Aunque el gobierno puede tomar la propiedad para liquidar los impuestos atrasados, no tiene derecho a nada más de lo que se le debe”, dice David Deerson, el abogado de PLF que representa a Johnson. “Cuando el gobierno toma más de lo que alguien debe, está robando”.

Incluso en los lugares en los que se permite a los propietarios quedarse con lo que les sobra, las jurisdicciones estatales y locales pueden vender los embargos fiscales a inversionistas, normalmente por centavos de dólar. Esos inversionistas no solo pueden forzar la venta de la propiedad, sino que a menudo pueden cobrar la tasa de interés que quieran hasta que se satisfaga finalmente el gravamen.

Sin embargo, las noticias no son del todo malas, dice Martin, y cita a la Florida como ejemplo. El Estado del Sol exige a los inversionistas que compitan con las tasas de interés que aplican. El adjudicatario es el que ofrece la tasa más baja, lo que significa que los propietarios morosos deberán menos intereses. Los inversionistas pueden ejecutar la hipoteca para satisfacer los embargos en el estado, pero lo que sobra debe devolverse al antiguo propietario.

Esto ofrece varias lecciones. La primera es: “Pague sus impuestos”. Los estados no son las únicas entidades que pueden quedarse con su casa en lugar de pagarla. Los inversionistas privados también pueden. También puede hacerlo el Tío Sam, si no paga sus impuestos.

Lew Sichelman lleva más de 50 años cubriendo el sector inmobiliario. Es colaborador habitual de numerosas revistas de vivienda y publicaciones del sector de la vivienda y las finanzas. Los lectores pueden ponerse en contacto con él en lsichelman@aol.com.

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