Pablo Tonelli: “No descarto que el oficialismo quiera desprestigiar a la Corte para provocar la renuncia de alguno de sus jueces”

Integrantes del consejo de la Magistratura.
Pablo Tonelli, diputado de Pro y miembro del Consejo de la Magistratura

En su carácter de abogado especialista en derecho constitucional y exmiembro del Consejo de la Magistratura, el diputado Pablo Tonelli será una de las voces más potentes de Juntos por el Cambio que se escucharán en la Comisión de Juicio Político en defensa de la Corte Suprema. El legislador de Pro está convencido de que el objetivo del oficialismo será someterla a un duro desgaste para eventualmente provocar la renuncia de alguno (o algunos) de sus jueces.

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“Está claro que el propósito del Frente de Todos es desprestigiar a la Corte Suprema y hacerla aparecer ante la sociedad como la perversa de la película, haciéndola responsable de todos los males. Pero no descarto que, además, esté pensando en lograr alguna renuncia en la Corte, como en su momento lo intentaron con el juez (Carlos) Fayt: no tenían ninguna posibilidad de destituirlo, lo que buscaban era desgastarlo para que renunciara. Y no lo lograron”, sostuvo Tonelli en una entrevista con LA NACION.

- ¿Juntos por el Cambio va a pedir que se traten los pedidos de juicio político contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

-Yo creo que la comisión tiene atribuciones para considerar otros pedidos de juicio político durante las sesiones extraordinarias. Que lo vayamos a proponer o no es otra historia y depende de lo que en su momento evaluemos como mejor estrategia. Nuestro objetivo primordial tiene que ser tratar de que este embate contra la Corte Suprema termine lo antes posible. Que se desestime muy rápidamente. Mientras este juicio político contra la Corte esté vigente, el diálogo entre el oficialismo y la oposición en el Congreso se hará muy difícil, por no decir imposible.

-Sin embargo, el oficialismo tiene la mayoría en la comisión como para imponer el ritmo de la investigación y la citación de los testigos. La oposición está en minoría.

-En ese caso lo que tenemos que hacer es participar activamente de las tareas de la comisión y si ellos citan testigos –sin dudas para hablar barbaridades sobre los jueces-, nosotros debemos estar presentes en esos interrogatorios para hacer nuestras propias preguntas y, en términos generales, controlar el desarrollo y la producción de las pruebas. Siempre con un único objetivo: que este proceso termine lo antes posible. Este juicio político, además de disparatado e infundado, no sólo significa un perjuicio general para el país, sino también un perjuicio para el propio Gobierno porque le va a ser difícil que se traten ciertas iniciativas en las que está interesado el ministro de Economía (Sergio Massa).

- ¿Entonces por qué cree que los diputados que responden a Massa en la Comisión se plegaron al resto de sus colegas oficialistas en la embestida contra la Corte?

-El ministro Massa debe estar muy presionado por el presidente para sumarse a este juicio, al que le han dado una dimensión muy grande. Lo revela el hecho inédito, insólito, de que algunos gobernadores apoyen el pedido de juicio político que formula el presidente. El Gobierno montó un circo y los gobernadores rápidamente se pusieron el traje de payaso acompañando esta embestida disparatada, infundada y arbitraria.

-Uno de los ejes de la acusación del Gobierno es el fallo sobre coparticipación a favor de la ciudad de Buenos Aires. Lo consideran arbitrario y perjudicial para las provincias. Además, por los chats que se filtraron, aduce que hubo connivencia entre la Corte y el gobierno porteño.

-Es inveterada la doctrina, que se aplica particularmente en el Consejo de la Magistratura, de que no se puede juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias, salvo ciertos excesos como el prevaricato, que está previsto en el Código Penal. En la medida en que los jueces no incurran en prevaricato o en arbitrariedades extremadamente groseras no se los puede juzgar por el contenido de sus sentencias. De modo que el pedido de juicio político es a todas luces infundado, un capricho cuyo único propósito es apretar a los jueces, exponerlos públicamente de la peor manera, porque van a citar testigos para que digan cualquier cosa, van a exponer sus patrimonios, sus familias, sus relaciones personales. Estoy seguro de que lo van a hacer porque vivimos algo parecido con el caso de Fayt.

-El oficialismo adelanta que utilizará la filtración ilegal de chats entre Silvio Robles (mano derecha de Horacio Rosatti, presidente de la Corte) y Marcelo D’Alessandro como elementos para indagar en la posible connivencia política entre la Corte y el gobierno porteño. ¿Cree que es válido el uso de los chats de origen ilegal?

-No. Yo entiendo que no. Ni en este tipo de enjuiciamiento ni en ningún otro se podrían utilizar pruebas obtenidas de manera ilegal. Pero más allá de eso, hay otro elemento, y es que esos supuestos chats que vaya uno a saber si son ciertos o no, son entre un empleado de la Corte y el ministro de Justicia de la Ciudad. Los jueces no tienen absolutamente nada que ver. Si hubiesen sido chats en los que participaron los jueces de la Corte, uno podría encontrarles cierto sentido en que se los quiera usar en contra de ellos. ¡Pero ni siquiera participan los jueces! Por eso creo que esto es algo que la comisión no debe ni empezar a considerar siquiera.

-Pero durante el macrismo la Justicia utilizó audios obtenidos de manera ilegal para reabrir la causa sobre el Memorándum con Irán que involucraba a Cristina Kirchner y otros funcionarios.

-Yo creo que el antecedente no es tal, al menos en los términos que ellos lo plantean. Pero aún en el caso de que éste existiera, tampoco hay razón para seguirlo, porque sería un mal precedente. Como diputados no deberíamos seguir los malos precedentes. Además, insisto, no están involucrados directamente los jueces en esos chats.

Carolina Gaillard, la diputada que preside la Comisión de Juicio Político en donde se trataría el pedido de Alberto Fernández contra la Corte Suprema
Carolina Gaillard, la diputada que preside la Comisión de Juicio Político en donde se trataría el pedido de Alberto Fernández contra la Corte Suprema

-Una de las acusaciones contra la Corte es su decisión de tomar el control del Consejo de la Magistratura tras declarar inconstitucional una ley sancionada en 2006 y resucitar una norma que había sido derogada por el Congreso. ¿No se avasallaron facultades propias del Legislativo?

-Todos sabemos que una de las misiones esenciales del Poder Judicial es ejercer el control de constitucionalidad, que implica revisar y analizar la eventual constitucionalidad de las leyes, es decir, si se ajustan a la letra de la Constitución. Es lo que hizo con la ley del Consejo de la Magistratura a partir de una demanda que se presentó.

-Tardó varios años la Corte en expedirse…

-Tardó, es cierto, y ese es un reproche que hay que hacerle a la Corte. Pero ésta resolvió dentro de sus atribuciones y encontró que algunas de las disposiciones de la ley eran inconstitucionales. Como el Consejo de la Magistratura no podía quedar sin una norma que rigiera su funcionamiento, la Corte le dijo al Congreso que dicte una nueva ley orgánica en el plazo de seis meses. Ante la posibilidad de que esto no ocurriese, previó que recobre su vigencia la ley que regía anteriormente. Hay antecedentes de fallos similares en Estados Unidos, esto no es una novedad. Pero, además, estamos frente al margen de discrecionalidad que cuentan los jueces a la hora de resolver. No hay allí una decisión contraria a la ley, una decisión arbitraria. Además, insisto: la responsabilidad de que haya recuperado vigencia aquella vieja ley del Consejo de la Magistratura no es tanto de la Corte sino del Congreso, donde no nos pudimos poner de acuerdo en sancionar una nueva ley orgánica, que hubiese sido la solución más sana y republicana.

-Sobre el fallo de la Corte sobre la coparticipación a la Capital, algunos gobernadores del PJ que perjudicará a las provincias porque se afectarán recursos nacionales que van todos los distritos.

-Se equivocan doblemente los gobernadores. El fallo no perjudica a las provincias porque los jueces destacan que los fondos que deberán restituirse a la ciudad de Buenos Aires deben provenir de la porción de coparticipación de la Nación. Los gobernadores dicen que es un fallo que atenta contra el federalismo; es exactamente lo contrario: lo que dice la Corte Suprema es que no se puede alterar la coparticipación de una provincia sin acuerdo previo con ese distrito. Esto es a favor del federalismo. El fallo de la Corte les garantiza a los gobernadores que la coparticipación que que reciben no puede ser alterada sin el acuerdo de las provincias.

-Pero se está afectando la ley de presupuesto 2023. El Gobierno sostiene que no tenía previsto asignarle una partida extra a la Capital.

-El presupuesto 2020 tampoco preveía una asignación extra al gobernador (Axel) Kicillof y el Gobierno se lo asignó por decreto cuando le quitó el punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Es relativo el argumento, todos sabemos que el presupuesto se puede modificar por decreto como por una decisión administrativa del jefe de Gabinete. Está previsto en la propia ley. De modo que si hay que adecuar el presupuesto, el Gobierno tiene herramientas para hacerlo.

-El oficialismo está decidido a firmar un dictamen acusatorio. ¿Qué hará la oposición?

-Si ocurre, deberíamos llevarlo rápidamente al recinto para desestimarlo. Ellos van a tratar de mantenerlo latente como una amenaza para intentar aprobarlo en cualquier sesión trasnochada donde vean que tienen una circunstancial mayoría. Si sale el dictamen acusatorio hay que llevarlo inmediatamente al recinto, desestimarlo y cerrar el asunto.