Organización registra 3.211 salvadoreños afectados por el régimen de excepción

San Salvador, 4 ene (EFE).- La organización humanitaria Cristosal registró al cierre de 2022 a 3.211 personas "vulneradas en sus derechos" en El Salvador en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas, entre estos 106 "personas desaparecidas".

Cristosal informó este miércoles en un comunicado que entre el 27 de marzo y el 31 de diciembre de 2022 recibió 3.086 denuncias, con 3.211 "personas vulneradas en sus derechos".

El boletín de la organización indica que el 59 % de los afectados son jóvenes entre los 18 y 30 años, seguidos de las personas con edades de 31 a 41 años con el 24 % de los casos, mientras que el 1,2 % son adolescentes.

El 97,5 % de las denuncias son por detenciones arbitrarias, el 25,2 % por allanamiento ilegal de morada y un 10,3 % por malos tratos, en los que "cada persona pudo ser víctima de uno o más hechos".

Entre las personas detenidas, y cuyas familias han denunciado arbitrariedad en el arresto, se encuentran 249 con enfermedades crónicas y 53 con discapacidad, según la organización, una de las principales en recibir denuncias en el contexto del régimen de excepción.

Cristosal también señaló que son 106 casos en los que los familiares "no conocían el lugar en el que se encontraban detenidas las víctimas al momento de interponer la denuncia", por lo que las cataloga como "personas desaparecidas".

También denunció que se han dado 472 casos en los que los familiares de los detenidos han sufrido alguna vulneración, entre estos 137 amenazas de detención y 29 casos de acoso policial.

El Gobierno de Nayib Bukele pidió en marzo del año pasado al Congreso, de amplia mayoría oficialista, poderes especiales para contrarrestar la ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. La medida se ha prorrogado en 9 ocasiones con más de 60.800 detenciones de supuestos pandilleros.

El 25 de octubre pasado, el Gobierno de Bukele y el resto de órganos del Estado se negaron a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las denuncias de muertes de detenidos, supuestas torturas y detenciones arbitrarias.

Las autoridades atribuyen a estas medidas y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que 2021.

El Gobierno ha optado también por no contabilizar como homicidios las muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, a pesar de que las cifras de administraciones anteriores sí las sumaban.

(c) Agencia EFE