Organización latina impugna acuerdo migratorio del Gobierno Trump y Arizona

Agencia EFE
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Los Ángeles, 16 mar (EFE News).- Un acuerdo de última hora para evitar cambios en la política migratoria estadounidense firmado en enero por la saliente Administración de Donald Trump y funcionarios del estado de Arizona es ilegal, de acuerdo con una demanda federal presentada este martes por el Fondo Mexicano Estadounidense de Defensa Legal (MALDEF).

La organización latina de derechos civiles radicó la demanda en la Corte para el Distrito de Arizona en nombre de tres agrupaciones que trabajan con inmigrantes en ese estado: el Movimiento Puente por los Derechos Humanos, Chicanos por la Causa y el Proyecto Florence por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

“El acuerdo ilegal es un intento de Arizona y la Administración Trump por establecer políticas rechazadas por los votantes cuando rechazaron la reelección de Trump”, dijo Thomas Saenz, presidente y abogado general de MALDEF.

“Afortunadamente –añadió- podemos eliminar esta tentativa antidemocrática de subvertir el resultado electoral debido a que el funcionario federal que firmó el acuerdo carecía de autoridad”.

En enero pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, firmaron un convenio orientado a restringir la capacidad del nuevo Gobierno, presidido por Joe Biden, para adoptar cambios en las políticas de aplicación de las leyes migratorias, señaló MALDEF en un comunicado.

Indicó que la organización impugna el acuerdo porque fue firmado por Ken Cuccinelli, “un funcionario que se estaba desempeñando ilegítimamente como subsecretario en funciones del DHS”. Precisó que Cuccinelli no había sido designado oficialmente en el puesto cuando firmó el acuerdo y que por tanto no tenía autoridad para ello.

Asimismo, sostuvo que el acuerdo también interfiere con la autoridad exclusiva del Gobierno federal para establecer la política migratoria, y por tanto infringe la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

Cuccinelli también realizó acuerdos con los estados de Luisiana e Indiana, y la Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham en Carolina del Norte, que requieren que el Ejecutivo entregue un aviso de 180 días antes de promulgar una gran cantidad de cambios en la política de inmigración.

Este compromiso, conocido como Acuerdo de Primera Promulgación del Santuario para los Estadounidenses (SAFE), pretendía detener por al menos seis meses la implementación de las nuevas políticas del nuevo Gobierno demócrata.

El esfuerzo del escudero de Trump fue revelado a menos de una semana de que Biden tomara posesión.

Al asumir la Presidencia el 20 de enero, Biden firmó una orden ejecutiva que establecía una moratoria de 100 días a las deportaciones. El 3 de febrero, el fiscal Brnovich de Arizona demandó a la Administración Biden alegando que la orden ejecutiva violaba su acuerdo con el DHS.

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