Un organismo del Gobierno dictaminó que Alberto Fernández tiene facultades para indultar a Milagro Sala

La presión a Alberto Fernández para que indulte a Milagro Sala va en aumento. Ahora es un organismo de su propio gobierno el que firmó un dictamen para rebatir los argumentos que usó el Presidente para explicar por qué está facultado a favorecer a la dirigente social jujeña.

La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, dependencia a cargo de una funcionaria que responde a Juan Grabois, elevó un escrito oficial al ministro de Justicia, Martín Soria, en el que postula que es “procedente y pertinente” tanto el indulto presidencial como la conmutación de pena en este caso. Argumenta que es una cuestión federal y por ende enmarcada en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece la facultad del indulto presidencial. Fernández sostiene -lo dijo anoche por última vez- que la causa por el que está condenada Sala es de jurisdicción provincial, lo que le impide actuar en sintonía con el creciente reclamo del kirchnerismo.

“Soy un hombre de derecho y no puedo vulnerar lo que dice la Constitución; con mucho pesar lo digo”, afirmó el Presidente en una entrevista con el canal C5N la noche del jueves, en medio del conflicto institucional desatado con la Corte Suprema a raíz del fallo que ordenó devolverle fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.

Lejos estuvo de convencer a los aliados que le exigen aplicar ese beneficio extraordinario que no se aplica en la Argentina desde hace 20 años, cuando Eduardo Duhalde indultó al guerrillero Enrique Gorriarán Merlo y al carapintada Mohamed Alí Seineldín. El dictamen de la Dirección de Acceso a la Justicia abunda a lo largo de 19 páginas en supuestas razones jurídicas contrarias a lo que dijo el Presidente. Firma el texto Gabriela Carpineti, una funcionaria que tuvo sus días de fama hace dos años, cuando participó de la toma de un campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos organizada por el movimiento que lidera Grabois.

Carpineti desde su puesto en el Gobierno asesora jurídicamente a Sala. La dependencia a su cargo indicó que el objetivo del dictamen que hizo público en la tarde del vienes es que el “el ministro, en tanto asesor jurídico de Presidencia de la Nación, cuente con información precisa sobre la procedencia de un posible indulto o conmutación de pena para Milagro Sala”. Es decir, que Soria tenga información para torcer la posición jurídica del Presidente.

“No caben dudas de que el ‘Caso Milagro Sala’ es cuestión federal. Esto es así independientemente de que los hechos que le imputan hayan tramitado en la justicia provincial, dado que las cuestiones que se impugnan constitucional y convencionalmente no son los hechos por los cuales se la juzga a ella, sino los cometidos por sus juzgadores y persecutores”, sostiene Carpineti.

La condena de Sala a 13 años de prisión como jefe de una asociación ilícita en carácter de jefa, fraude y extorsión fue confirmada la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todos los planteos de la defensa. Se agotaron así los recursos para revertir la pena dictada en su contra, que empezará a ejecutarse. Hasta ahora ella estaba presa, pero con prisión preventiva. Pese al fallo, es posible que la líder de la organización Tupac Amaru cumpla la condena en su casa debido a su estado de salud. El gobierno de Jujuy (a cargo del radical Gerardo Morales) insiste en que debe ser trasladada a una cárcel común.

El juicio en el que fue hallada culpable lo sustanció el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Jujuy, que dio su veredicto en enero de 2019. Los jueces consideraron probado que ella lideró, entre 2013 y 2015, una asociación destinada a cometer delitos. También la encontraron culpable de haber extorsionado a cooperativistas para hacerse de los fondos que recibían del Estado, entre otros hechos.

El kirchnerismo sostiene que Sala es una perseguida política del gobernador Morales. Desde el fallo de la Corte redobla su presión a Fernández para que firme el indulto y la conmutación de pena.

Carpineti -a quien Grabois aplaudió en redes sociales por su dictamen- da una serie de argumentos por los cuales el Presidente debería rever su postura jurídica.

“Los tormentos que tienen por víctima a Milagro Sala por motivos políticos y el agravamiento de las condiciones de salud aseguran que es menester la urgente decisión presidencial (…). Se evitará así una nueva condena al Estado Argentino por violaciones a los derechos humanos”, opinó la funcionaria. Añade que “la cuestión federal está dada por el carácter político de su prisión, que no solo constituye violaciones reglamentarias sino crímenes de Estado”.

El informe insiste con la pertinencia de una conmutación de la pena: “La magnitud del castigo que ha sufrido Milagro Sala no puede medirse exclusivamente en términos cuantitativos. (…) La pena medida no sólo en su quantum sino también en su intensidad; en la cantidad y calidad de bienes jurídicos distintos de la libertad que ha afectado; en las personas distintas del ámbito cercano y personal del imputado sobre las que ha recaído, violándose con ella la prohibición de trascendencia de la pena. Cuando esto sucede, reducir el monto de pena fijado es un modo de reducir la infracción constitucional e institucional. Desde el Poder Ejecutivo, la herramienta de la conmutación de la pena abre un camino de posibilidad para restablecer el artículo 18 de la Constitución Nacional”.