Ordena el INE medidas cautelares a AMLO por injerencia electoral

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Ariadna García

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Quejas y Denuncias, del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la aplicación de medidas cautelares con tutela preventiva para que el presidente Andrés Manuel López Obrador evite hablar de temas prohibidos por la ley en etapa electoral.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja en contra del Mandatario por la supuesta difusión de propaganda gubernamental y manifestaciones de índole electoral, durante las conferencias matutinas que se realizaron entre el 5 de abril y el 20 de mayo pasado, por lo que pidió la aplicación de medidas cautelares y el ordenamiento de que se suspendan las apariciones del Titular del Ejecutivo federal en las mañaneras.

En el análisis que se hizo en la comisión de quejas se determinó que en la fecha indicada se realizaron 36 conferencias matutinas y fue en 29 de éstas en las que existieron manifestaciones de propaganda gubernamental o comentarios que podrían incidir en las preferencias electorales.

El consejero electoral y presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Ciro Murayama, advirtió que los artículos 41 y 134 de la Constitución establecen claramente que ningún funcionario público, de cualquier orden de gobierno, debe hacer pronunciamientos de propaganda gubernamental durante el periodo electoral, con excepciones que tengan que ver con salud, educación y protección civil.

"El INE no ha sido un actor beligerante en contra del Presidente en turno, sino un árbitro autónomo e independiente del Ejecutivo, que vela por la equidad en la contienda y busca que la Constitución, bajo ningún concepto, se vuelva papel mojado", dijo.

Murayama detalló que del análisis de las 36 transcripciones del mismo número de mañaneras se desprendió que el Presidente, en al menos 80%, se refirió a temas como el precio de la gasolina, obras públicas, el programa sembrando vida, aduanas, crecimiento económico, beisbol, candidaturas para gubernaturas, encuestas electorales, refinería, Tren Maya, control de la Cámara de Diputados y entrega de tarjetas en campañas, entre otros.

"En 80% de las conferencias hay expresiones que escapan de aspectos de información general y están relacionadas directamente con campañas electorales, no así con los temas de salud, educación y protección civil, como conmina la Constitución.

"Ya no nos colocamos en el papel de qué puede ocurrir, sino que estamos ante una conducta sistemática, continua, ordinaria y reiterada", señaló el consejero.

Recordó que apenas el pasado jueves la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) resolvió que, durante la mañanera del 9 de abril, el Mandatario cometió infracción de difusión de propaganda gubernamental personalizada; además, el pasado miércoles la Sala Superior del TEPJF también determinó que el Jefe del Ejecutivo federal utilizó su informe de los primeros 100 días de su tercer año de gobierno para el fin ya descrito.

Murayama subrayó que la autoridad electoral debe actuar en relación a la protección de la legalidad del proceso electoral. "El INE no busca restringir, sólo apegarse a la Constitución y hacemos un llamado a la concordia política", manifestó.

La consejera Adriana Favela dijo que la conducta del Presidente ha sido reiterada, de ahí la necesidad de declarar la tutela preventiva, sobre todo ante el ejercicio electoral cada vez más próximo y por la veda de los tres días previamente a la votación.

"El Presidente, como titular del máximo cargo del país, tiene que tener conducta de mayor cuidado, porque lo que él dice es retomado por los medios de comunicación, por eso es importante que cuide lo que expresa, para no caer en la propaganda gubernamental e incidir en el voto".

La consejera Claudia Zavala llamó a respetar el principio de neutralidad. El modelo electoral existente, subrayó, es para permitir la equidad en la contienda, más allá del modelo de comunicación que se utiliza desde el Ejecutivo federal. La comisión de quejas aprobó, por unanimidad, imponer las medidas cautelares, pero en el caso de suspender las conferencias, los tres comisionados estimaron improcedente ordenar ello, ya que dicho ejercicio, por sí mismo, no contraviene norma o disposición jurídica alguna, por lo que podrán transmitirse aún en medios oficiales.

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