Opositores "autoconvocados" presentan una propuesta de Nicaragua "post Ortega"

Agencia EFE

Managua, 12 sep (EFE).- Una propuesta de "Nicaragua post Ortega" fue presentada este jueves por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, compuesta por los manifestantes "autoconvocados", en un país que atraviesa su peor crisis sociopolítica en décadas.

La propuesta, basada en cuatro ejes y 20 planteamientos, busca ser el punto de partida para una consulta nacional sobre "la Nicaragua que queremos", sin esperar la "caída" del presiente Daniel Ortega, a quien la oposición identifica como un dictador, explicó la dirigente de la Unidad, Violeta Granera, durante la presentación.

En dicha propuesta no existe la reelección presidencial, la Policía Nacional, ni el proyecto de canal interoceánico, tampoco hay cabida para funcionarios comprometidos con la "represión", y prohíbe que las Fuerzas Armadas obedezcan a un partido político.

Aparte propone que sean recuperados los recursos de la cooperación venezolana "apropiados ilegalmente", crear las bases para un desarrollo sostenible, elecciones transparentes, así como la firma de acuerdos internacionales que lleven a juicio a los autores y responsables de crímenes de lesa humanidad.

La propuesta está basada en los ejes de "justicia y no impunidad", "democracia y desmontaje de la dictadura", "crecimiento económico con equidad social", y "desarrollo humano sostenible".

La Unidad propone justicia transicional, investigar y aplicar la ley a los responsables de las violaciones de derechos humanos a través de una Fiscalía Especial independiente, difundir "los abusos cometidos durante la dictadura de Ortega", y firmar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Para retornar a la democracia y "desmontar la dictadura", pretende conformar un nuevo cuerpo policial, desarmar y disolver los grupos paramilitares del Gobierno, reencausar el profesionalismo en el Ejército de Nicaragua y depurar el Poder Judicial.

También pretende reformar el sistema electoral, establecer la no reelección absoluta, así como el voto de la diáspora, garantizar la independencia de los Poderes del Estado, fortalecer la autonomía municipal y del Caribe, además de aplicar la Ley de Participación Ciudadana.

Los planteamientos incluyen un crecimiento social y ambientalmente sostenible, con énfasis en el bono demográfico y femenino, una economía de segunda transformación, así como una reforma integral de la seguridad social.

Para alcanzar el desarrollo humano sostenible pretende dar prioridad a la educación integral y de calidad, con valores cívicos y autonomía universitaria, mejorar los servicios de salud sin exclusión, además de luchar contra la corrupción y desechar el proyecto canalero.

La propuesta entró este mismo jueves a un proceso de discusión con los sectores feminista, ambientalista, político, juvenil, universitario, indígenas, productores, campesinos, médicos, territorial, Caribe, entre otros, con el objetivo de tener un documento final dentro de 45 días, según la Unidad.

Granera dijo confiar en que Ortega, quien lleva más de 12 años en el poder, dejará la presidencia "más temprano que tarde", dada la presión nacional e internacional a la que ha estado expuesto desde abril de 2018, cuando empezó a ejecutar ataques armados letales contra civiles que rechazan su Gobierno.

En 17 meses unas 328 personas han muerto en el marco de la crisis, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno de Nicaragua por crímenes "de lesa humanidad".

Organizaciones humanitarias locales han contado hasta 595 muertos, pero el Gobierno reconoce 200 e insiste en que es víctima de un "golpe de Estado fallido".

Adicionalmente las organizaciones calculan al menos 126 "presos políticos", 108 desaparecidos, y más de 80.000 exiliados.

Nicaragua no vivía una crisis similar desde los años 1980 a 1990, también bajo la presidencia de Ortega.

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