¿Oponerse a Trump? En materia de inmigración, los líderes demócratas ven margen para las concesiones

BEVERLY HILLS, California - Mientras el presidente electo Donald Trump promete deportar a millones de inmigrantes que viven en el país sin permiso legal, los gobernadores demócratas se preparan para estar en primera línea de una batalla emocional y políticamente explosiva contra el próximo gobierno.

Sin embargo, a diferencia de hace ocho años, cuando los demócratas juraban proteger a los inmigrantes en las “ciudades santuario” y la resistencia a Trump era una fuerza política impulsora, los gobernadores del partido están trazando ahora un rumbo más prudente.

En las entrevistas, 11 gobernadores, gobernadores electos y candidatos a gobernadores demócratas expresaron su desafío a la esperada represión de la inmigración por parte de Trump, pero, de manera sorprendente, también se mostraron dispuestos a destacar áreas de posible cooperación.

Varios equilibraron los mensajes de compasión hacia los migrantes en apuros con un tono de mano dura contra la delincuencia. Dijeron que estaban dispuestos a colaborar con el gobierno de Trump para deportar a las personas condenadas por delitos graves y que querían un control fronterizo más estricto, aunque prometieron defender a las familias migrantes y a quienes huyen de la violencia en sus países de origen, así como a las empresas que dependen de la mano de obra inmigrante.

Al describir su postura ante Trump en cuestiones como la inmigración, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, prometió “luchar con todo aquí” si “se atacan injustamente nuestros valores, si se ataca injustamente a las comunidades”.

Pero añadió: “Y luego desde aquí, luchar con todo para encontrar un terreno común”.

Esta estrategia contenida refleja las complejidades políticas y logísticas para los gobernadores demócratas a fin de abordar la política migratoria. La mayoría de ellos han visto cómo el creciente número de inmigrantes ponía a prueba los servicios públicos en algunas de sus ciudades y han ajustado sus tonos y políticas hacia la inmigración en los ocho años transcurridos desde que Trump fue elegido por primera vez.

Una encuesta del Siena College sobre el estado de Nueva York publicada el martes reveló que el 54 por ciento de los votantes opinan que el estado debe apoyar los esfuerzos del gobierno de Trump para deportar a los inmigrantes que viven ilegalmente en el estado, con una oposición de apenas el 35 por ciento.

Las respuestas de los gobernadores equivalen también a un reconocimiento tácito de que la elección de Trump demuestra el deseo de los votantes de adoptar posturas más duras en materia de inmigración. Algunos gobernadores demócratas sugirieron que su segunda administración tendría más experiencia que la primera y probablemente sería más sabia sobre cómo alcanzar sus objetivos políticos.

Aun así, los gobernadores advirtieron que los ambiciosos planes de Trump sobre inmigración eran peligrosos, y argumentaron que su victoria no significaba que los votantes rechazaran ahora las preocupaciones humanitarias. Prometieron oponerse a las peticiones de utilizar centros de detención estatales o la Guardia Nacional, lo que crearía posibles conflictos con el gobierno de Trump.

El apasionado gobernador de California, Gavin Newsom, sugirió que, en su estado, las amenazas de deportación de Trump ya habían asustado tanto a los inmigrantes que algunos estaban dejando de recibir atención médica vital por miedo a ser deportados.

Newsom se emocionó, se le saltaron las lágrimas y su rostro se enrojeció.

“Voy a cuidar de esa gente cada maldito segundo del día”, dijo.

Pero en otros momentos de la entrevista, Newsom habló de la complejidad de la autoridad federal frente a la estatal en materia de inmigración. Prometió trabajar para deportar a los delincuentes violentos, dijo que no sería un obstruccionista ciego ante el gobierno de Trump y reiteró su deseo de un control más estricto de la frontera.

Otros gobernadores demócratas, que hablaron con The New York Times el pasado fin de semana durante una reunión de la Asociación de Gobernadores Demócratas en Beverly Hills, California, adoptaron tonos similares.

Algunos incluso destacaron proactivamente su apoyo a la deportación de los inmigrantes que viven en el país sin permiso legal y han sido condenados por delitos violentos, un tema que Trump sacó a relucir sin cesar durante la campaña electoral. Esa táctica política, que utilizó en sus campañas de 2016 y 2020 y que ha intensificado este año, ha sido criticada por incendiaria, pero parece haber dejado a los demócratas a la defensiva.

“Si quiere ocuparse de la actividad delictiva relacionada con la frontera, basta con llamarme”, dijo la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham. “Sé que tiene mi número. Estoy encantada de charlar”.

La gobernadora Kathy Hochul de Nueva York, estado en el que las oleadas de inmigrantes transportados en autobús desde Texas contribuyeron a cambiar la política migratoria, dijo que quería que las personas que viven en el país sin permiso legal y son condenadas por delitos cumplan sus penas antes de ser deportadas. “Quiero que pasen por nuestra justicia penal, porque podrían cruzar la frontera y estar de vuelta a la semana siguiente sin ninguna consecuencia”, aseveró.

Las encuestas de salida de las elecciones de noviembre revelaron que aproximadamente el 40 por ciento de los votantes estaba a favor de deportar a “la mayoría” de los inmigrantes que vivían en el país sin permiso legal, aunque una gran mayoría de los que lo decían, el 87 por ciento, eran republicanos.

Murphy aseguró que su objetivo sería impedir que Trump deportara a los inmigrantes que viven en Nueva Jersey sin permiso legal y no han sido condenados por delitos.

“Una cosa que no haremos es vender nuestros valores”, dijo Murphy. “Solo porque encontremos un terreno común no significa que no vayamos a encontrar la fortaleza para mantenernos firmes en las cosas que realmente importan”.

Sin duda, las concesiones al gobierno de Trump tienen sus límites, y de inmediato surgieron cuestiones inaceptables en relación con la política migratoria. Casi todos los gobernadores se comprometieron a utilizar su autoridad para detener cualquier reactivación de la práctica del primer mandato de Trump de separar a las familias migrantes en la frontera.

“No seré parte de la separación de familias, ni de las redadas de niños en las escuelas, ni de personas que llevan aquí, respetando la ley, mucho tiempo”, aseguró Hochul. “No formaremos parte de eso”.

Los demócratas que buscan la gubernatura hicieron poco por moderar su postura.

“Niños en jaulas: un rotundo no para mí”, dijo la representante demócrata de Nueva Jersey Mikie Sherrill, candidata para sustituir a Murphy, cuyo mandato está limitado. “Que los niños se queden perdidos en el sistema como una especie de medida punitiva para las personas que cruzan nuestra frontera sur, sin duda, otro no rotundo para mí. Eso fue de verdad espantoso”.

Uno de sus rivales en las elecciones primarias demócratas, el representante de Nueva Jersey Josh Gottheimer dijo que “una cosa es perseguir a los delincuentes” y otra “acorralar a la gente en general, cosa que no creo que nadie que yo conozca apoye”.

Varios gobernadores demócratas dijeron que era probable que rechazaran cualquier intento federal de utilizar recursos estatales para llevar a cabo deportaciones masivas, o de utilizar las prisiones estatales para detener a inmigrantes que vivieran en el país sin permiso legal y que fueran detenidos en virtud de las nuevas políticas de Trump.

“No quiere decir que vayamos a negarnos a todo, pero tampoco estamos dispuestos a acceder a todo lo que nos digan”, dijo Newsom. “Y hay algunos estados que dicen: ‘Coordinaremos los campos de deportación y dejaremos que la policía actúe como agentes de deportación’. Ese no es su trabajo. Es tarea del gobierno federal, no nuestra”.

La gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, dijo que estaría “muy reacia” a que agentes de las fuerzas de seguridad del estado formaran parte de un esfuerzo de deportación masiva.

Además de las inquietudes humanitarias, muchos gobernadores expresaron su preocupación por el hecho de que atacar a los inmigrantes, que son trabajadores clave en muchas industrias importantes, pudiera perjudicar a la economía.

“Supondría verdaderos retos económicos”, afirmó el gobernador electo de Carolina del Norte Josh Stein. “Hablo con empresarios todo el tiempo. Somos un estado en crecimiento. Tenemos la suerte de ser un estado en crecimiento. Hay muchísimas obras en construcción y creo que tendría ramificaciones reales en el costo de la construcción, en otras formas de mano de obra”.

Lujan Grisham dedicó varios minutos a explorar distintas vías para frenar el esfuerzo de deportación, como custodiar los datos, dirigir a la policía estatal a otro lugar, entablar litigios y ejercer presión política.

“Nuevo México tiene más protección de la privacidad que la Constitución de Estados Unidos”, dijo . “Así que entonces tienen que anular mi Constitución, y luego tienen que pensar en anular las constituciones de todos los demás estados. Son muchas cosas”.

c.2024 The New York Times Company