Opinión: Los tornados no deberían ser un riesgo laboral

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Para la gran mayoría de los estadounidenses, la democracia termina cuando comienza el horario laboral.

Casi todas las personas en este país están sujetas, en calidad de trabajadores, a la autoridad casi desregulada de sus empleadores, que pueden disciplinarlas, sancionarlas o despedirlas casi por cualquier motivo.

En otras palabras, los estadounidenses están a merced de lo que la filósofa Elizabeth Anderson llama “gobierno privado”, un despotismo del lugar de trabajo en el que la mayoría de los trabajadores “ceden todos sus derechos a sus empleadores, excepto por los que les garantiza específicamente la ley, durante la vigencia de la relación laboral”. Con pocas excepciones —como los afiliados sindicales protegidos por convenios colectivos de trabajo o los académicos avalados por la titularidad de un puesto permanente— la autoridad de un empleador sobre sus trabajadores es, según escribe Anderson, “arbitraria, irresponsable y de gran envergadura, pues no está sujeta a ningún proceso de notificación, justificación o apelación”.

Si las palabras “gobierno privado” suenan como una contradicción de términos, eso es solo porque en la era moderna se ha perdido una acepción más antigua del gobierno como una entidad que, como dice Anderson, existe “donde sea que algunos tengan la autoridad para ordenar a otros, respaldados por sanciones, en uno o más ámbitos de la vida”. Por lo tanto, el Estado solo es una clase de gobierno entre otras, aunque esta tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el Estado en esencia fue privado. Pocos individuos fuera de la clase dirigente tenían la posición necesaria para cuestionar sus decisiones o exigir que rindieran cuentas por sus acciones. El grado en que el Estado es público, señala Anderson, es “un logro social contingente de inmensa importancia”, el resultado de una lucha librada a lo largo de siglos por una “soberanía popular y una forma republicana de gobierno”, de modo que ahora el Estado es “asunto del pueblo, es transparente ante él, defiende sus intereses, le da una voz y el poder de exigir que los soberanos rindan cuentas”.

En ese sentido, el acto de declarar que la mayoría de los trabajadores están sometidos a un “gobierno privado” que no rinde cuentas equivale a dejar en claro el carácter autoritario del lugar de trabajo estadounidense. Además, sirve para recordarnos que, en ausencia de una fuerza compensatoria, los jefes y gerentes que ejercen esa autoridad pueden obligar a los trabajadores a desempeñar su labor en ambientes letales y situaciones que ponen en peligro su vida, o forzarlos a permanecer ahí.

Parece que eso es lo que sucedió el viernes 10 de diciembre en la fábrica de Mayfield Consumer Products en Mayfield, Kentucky. Ahí, más de 100 personas, entre ellas siete prisioneros, trabajaban en el turno de la noche, y continuaron sus labores mientras sonaban las sirenas de alerta de tornado al exterior de las instalaciones. “La gente no estaba segura si podía irse o regresar a casa”, le dijo una empleada a NBC News en una entrevista. Pero agregó que ya les habían advertido: si se iban, era “muy probable que fueran despedidos”.

Cuando un poderoso tornado arrasó con la fábrica, el fenómeno meteorológico tenía tanta fuerza que no hubo lugar seguro donde esconderse, según las declaraciones de Andy Beshear, el gobernador de Kentucky. Cuando la tormenta se disipó, ocho personas habían muerto y otras ocho estaban desaparecidas. Tres horas al norte, en Edwardsville, Illinois, un tornado de fuerza similar impactó contra un almacén de Amazon, cobrando la vida de seis personas. Ahí, los trabajadores también siguieron trabajando en medio de las inclemencias climáticas.

Si a alguno de estos grupos de trabajadores se le hubiera otorgado la facultad de decir “no” —si hubieran podido poner límites a su trabajo y resistirse a continuar sus labores en condiciones laborales peligrosas— tal vez habrían podido protegerse, retirarse del lugar o ausentarse en ese turno sin poner en riesgo sus empleos. A falta de esa facultad, en la práctica, se vieron obligados a seguir trabajando bajo el poder casi soberano de sus respectivos empleadores, lo cual acarreó terribles consecuencias tanto para ellos como para sus familias y sus comunidades.

Dicho de otra forma, estos desastres no pueden separarse de la economía política general de Estados Unidos, de la cual podría decirse que está más en contra de los obreros ahora que en cualquier otro momento desde que Franklin Roosevelt firmó la Ley Nacional de Relaciones Laborales en 1935. Una sociedad organizada en torno al capital —una sociedad en la que se le niega una participación significativa a la mayoría de los trabajadores en el lugar donde laboran— es una sociedad donde algunos trabajadores quedarán expuestos, contra su voluntad, a condiciones que amenazan su vida.

La solución inmediata es la misma de siempre: la sindicalización, la negociación colectiva y la democracia en el lugar de trabajo. Claro está que es más fácil decir esto que hacerlo, pero aun así debe decirse. Nuestra democracia está incompleta y lo seguirá estando mientras la mayoría de los estadounidenses trabaje sin facultades ni representación bajo la autoridad de gobiernos privados. Ninguno de los hábitos democráticos que anhelamos adoptar e inculcarles a nuestros hijos puede mantenerse, a largo plazo, cuando la democracia está prohibida en la zona de producción.

O bien, como escribió el sociólogo Oliver Cromwell Cox, “las personas no son libres cuando relativamente pocos amos de la industria pueden negarles el control sobre sus propios recursos”, y a eso se le podría agregar el control sobre sí mismas.

© 2021 The New York Times Company

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