Opinión: Sendero Luminoso, el fantasma que vuelve al Perú

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LAS AUTORIDADES PERUANAS HAN ACUSADO AL GRUPO TERRORISTA DE COMETER LA MASACRE EN LA SELVA MONTAÑOSA. LA POLARIZACIÓN ELECTORAL NO SE HIZO ESPERAR. SENDERO LUMINOSO HA SIDO LA PESADILLA MÁS CONVENIENTE DEL PAÍS.

La noche del 23 de mayo, un grupo armado mató a 16 personas en la pequeña localidad fluvial de San Miguel del Ene, en la selva montañosa al sur del Perú. Entre las víctimas se encontraban mujeres y niños.

Los asesinos, según los escasos reportes directos, no dijeron palabra, no llevaban uniformes y no gritaron consignas. Pero dejaron un par de panfletos por el suelo. En ellos, llamaban a no votar por Keiko Fujimori, la líder de la derecha, en la segunda vuelta electoral que se celebrará el 6 de junio. Y se identificaban como el Militarizado Partido Comunista del Perú, el verdadero nombre del grupo terrorista Sendero Luminoso, que durante los años ochenta y noventa causó más de 30.000 muertes y miles de desapariciones y desplazamientos.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas acusó de la atroz masacre a Sendero, sin más matices. La polarización electoral hizo el resto.

Al calor de la campaña, a menos de dos semanas de la votación, incluso los dos partidos políticos que contienden por la presidencia necesitan evocar el fantasma. Unos para exhibir credenciales en temas de seguridad. Los otros para exhibirse como víctimas de criminalización desde el poder. Ambas cosas movilizan con fuerza a sus votantes. Pero es un error politizar este episodio.

La derecha —en la disputa por la presidencia a través de Keiko Fujimori— encontró la oportunidad perfecta para recordar sus gloriosos años noventa, cuando los cabecillas terroristas fueron capturados bajo el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Un hermano de Keiko resumió su posición así: “Sendero busca amedrentar a la población para que no vote por Keiko. El terrorismo no quiere que Keiko sea gobierno, porque ya una vez fue vencido por mi padre”.

Desde el partido rival, Perú Libre —que compite en la segunda vuelta con Pedro Castillo, un dirigente sindical de izquierda—, se interpretó todo al revés: se acusó a la derecha, sus voceros y sus medios de comunicación de montar una farsa para identificar a la izquierda con Sendero Luminoso. Según sus argumentos, el Militarizado PCP lleva más de una década desvinculado de Sendero. Es un grupo armado que se ampara en el miedo del nombre, pero que, en realidad, trabaja para los narcotraficantes de los valles por donde circula buena parte de la hoja de coca nacional rumbo a los laboratorios colombianos. El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, lanzó la pregunta retórica: “¿Es la izquierda que necesita de SL para ganar las elecciones o es la derecha que la [sic] necesita?”.

Los feroces asesinos del 23 de mayo no son una guerrilla con capacidad para derrotar al Estado. Tampoco un montaje de la prensa de derecha. Pero la amenaza de Sendero Luminoso es rentable políticamente para todos. En unas elecciones en que prácticamente no ha habido debate de propuestas, los candidatos se están alimentando de las pesadillas de un país.

Curiosamente, el Militarizado PCP comparte con ambos partidos políticos lo único que los une: el conservadurismo. La masacre se produjo en una zona de prostitución y bares ilegales. Los autores del panfleto reivindicaban la “autoridad” y la “disciplina”, y prometían limpiar la zona, y a todo el Perú, de “antros de mal vivir, de parásitos y corruptos”. Algunas partes de su comunicado no habrían disgustado a los grupos religiosos ultraconservadores que apoyan a Keiko Fujimori. Tampoco a algunos cuadros de la izquierda, como su congresista electo Guillermo Bermejo, quien recientemente se pronunció contra las “huevadas de género o aborto”.

Es poca la información sobre una zona alejada de medios de comunicación y del Estado peruano en sí. Resulta difícil explicar por qué justo ahora un atentado de este tipo. En los años ochenta, cuando controlaba casi un tercio del territorio nacional y causó decenas de miles de muertos, Sendero no era tan mojigato. Según mis investigaciones sobre el grupo, sus miembros propugnaban una moral medieval, pero no asesina, al menos para sus parámetros asesinos habituales: echaban a las prostitutas de los pueblos, pero les permitían trabajar. “Corregían” a las personas homosexuales y a los esposos infieles con golpes y humillaciones, pero no con masacres. Las ejecuciones estaban por regla general reservadas para enemigos, violadores o ladrones (o propietarios de cualquier cosa, que para ellos, era como ser ladrón). En los últimos años, sus grupos herederos en la región han reservado sus balas para militares y policías. Las conductas licenciosas nunca habían llamado especialmente su atención.

Para explicar la masacre, el dato que parece más relevante es la reciente caída en combate de uno de sus líderes. Jorge Quispe Palomino, era el número dos del grupo y el hermano del líder. Si nadie hablase de Sendero Luminoso —si hubiese ocurrido en Ciudad Juárez, en Nápoles o en la selva colombiana— la matanza tendría todo el aspecto de un ajuste de cuentas de una mafia, una venganza por la caída del hermano del líder, efectuada en un escenario muy apropiado —y frecuente— para vendettas.

Sin embargo, aunque fuese así, el Militarizado PCP necesitaría usar esa denominación para reivindicarse. Representa la diferencia entre ser unos vulgares delincuentes o una guerrilla. Unos locos salvajes o un proyecto político. Y les permite proyectar un poder que no tienen. Quizá no solo necesiten convencer de ello al país, sino también a sí mismos.

Por décadas, considerar a estos estos grupos senderistas también ha resultado muy útil a las Fuerzas Armadas del Perú, que han alertado del peligro quizás con la idea de reclamar mejoras en sus presupuestos. Cada enfrentamiento en las cuencas de los ríos cocaleros ha sido seguido por un breve debate mediático sobre la emergencia terrorista… durante demasiados años para que sea una emergencia.

En la calentura de la campaña, los partidos políticos están reproduciendo las estrategias de los actores armados. Por el bien de la democracia, los candidatos deben pedir una investigación de la masacre y evitar instrumentalizar la tragedia con fines electorales. Pero difícilmente permitirán que la realidad arruine las historias que necesitan vender.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company