Opinión: ¿Quieren vacunas rápido? Suspendan derechos de propiedad para poder producir versiones genéricas (pero algunos países se niegan)

Achal Prabhala, Arjun Jayadev y Dean Baker
·9  min de lectura

Si no suspenden los derechos de propiedad intelectual, no habrá suficientes dosis de vacunas para todos, ni siquiera en los países ricos

NAME TAG PIXELATED BY PA PICTURE DESK Care home staff receive the Pfizer/BioNtech covid-19 vaccine at Bradley Manor residential care home in Belfast. (Photo by Liam McBurney/PA Images via Getty Images)
(Photo by Liam McBurney/PA Images via Getty Images)

Algunos periodistas han dicho que este es el principio del fin. Tres vacunas contra la COVID-19 dieron resultados excelentes, y se espera que haya más.

Sin embargo, este no es el principio del fin; solo es el comienzo de una espera interminable: no hay suficientes vacunas para los países más ricos del planeta, ni qué decir de los más pobres.

Por ello tiene poco sentido que Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otras naciones, estén bloqueando una propuesta en la Organización Mundial del Comercio (OMC) que les permitiría a ellos, y al resto del mundo, obtener más vacunas y tratamientos que todos necesitamos.

La propuesta, presentada por India y Sudáfrica en octubre, hace un llamado a la OMC para que exente a los países miembro de hacer válidas algunas patentes, secretos comerciales o monopolios farmacéuticos conforme al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como ADPIC, en español, o TRIPs, en inglés.

La propuesta hace referencia a las “circunstancias excepcionales” generadas por la pandemia y argumenta que las salvaguardas de la propiedad intelectual “obstaculizan o posiblemente impiden el aprovisionamiento oportuno de productos médicos asequibles” en este momento; la renuncia les permitiría a los miembros de la OMC cambiar sus leyes de tal manera que las empresas puedan producir versiones genéricas de todas las vacunas contra el coronavirus y los tratamientos contra la COVID-19.

Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón, Canadá, Australia y Brasil se opusieron a la idea de inmediato. En otra reunión celebrada en noviembre volvieron a oponerse, y lo hicieron de nuevo la semana pasada.

¿Quieren vacunas rápido? Suspendan los derechos de propiedad intelectual (Ariel Davis para The New York Times).
¿Quieren vacunas rápido? Suspendan los derechos de propiedad intelectual (Ariel Davis para The New York Times).

Con base en nuestro recuento, alrededor de 100 países están a favor de la propuesta y, a pesar de ello, debido a que casi todas las decisiones de la OMC se toman por consenso, un pequeño número de países puede frustrar la voluntad de la mayoría, incluso si es una mayoría importante (la organización tiene 164 miembros).

Se informó que el representante de comercio de Estados Unidos dijo que proteger los derechos de propiedad intelectual y “facilitar los incentivos para la innovación y la competencia” era la mejor manera de garantizar la “rápida entrega” de vacunas y tratamientos. La Unión Europea argumentó que “no había indicios de que los problemas relativos a la propiedad intelectual fueran una barrera genuina en cuanto a los medicamentos y las tecnologías relacionados con la COVID-19”. El representante del Reino Unido en la OMC estuvo de acuerdo, y describió la propuesta de renuncia a los derechos de propiedad intelectual como “una medida extrema para abordar un problema cuya existencia no se ha comprobado”.

De hecho, la nueva tecnología que sirve de base para la vacuna de Moderna, por ejemplo, fue desarrollada en parte con la intervención de los Institutos Nacionales de Salud con fondos federales estadounidenses. Posteriormente, Moderna recibió un total de aproximadamente 2500 millones de dólares de dinero de los contribuyentes como apoyo a la investigación y abonos para pedidos anticipados de vacunas; según admitió la compañía misma, la contribución de mil millones de dólares que recibió para la investigación cubrió el 100 por ciento de esos costos.

Moderna prometió no implementar sus “patentes relacionadas con la COVID-19 entre los que fabriquen vacunas con el propósito de combatir la pandemia”. Sin embargo, como Médicos sin Fronteras señaló, la oferta es menos generosa de lo que parece debido a que por lo general se necesita otro tipo de propiedad intelectual, como los secretos comerciales o el “saber hacer”, para desarrollar o producir vacunas.

Por su parte, Pfizer, , recibió un subsidio de 455 millones de dólares del gobierno alemán para desarrollar su vacuna, y luego, según nuestro recuento, casi 6000 millones de dólares en compromisos de compra de Estados Unidos y la Unión Europea.

AstraZeneca se benefició del financiamiento público mientras desarrollaba su vacuna y recibió un total de más de 2000 millones de dólares de Estados Unidos y la Unión Europea tanto para investigación como en compromisos de compra. También firmó un acuerdo con valor de 750 millones de dólares para proporcionarles a la Coalición para la Innovación en la Preparación para Epidemias y a GAVI, la Alianza para las Vacunas un total de 300 millones de dosis.

En otras palabras, las vacunas desarrolladas por estas empresas se desarrollaron, total o parcialmente, gracias al dinero de los contribuyentes. En esencia, esas vacunas le pertenecen a la gente y, a pesar de ello, la gente tiene que pagarlas de nuevo y con pocas posibilidades de tener todas las dosis que necesitan con la rapidez necesaria.

Calculamos que, con base en la capacidad de producción declarada por Pfizer y Moderna y sus acuerdos de suministro con Estados Unidos, la Unión Europea, así como Japón y Canadá, que estos países podrían cubrir, en el mejor de los casos, a alrededor del 50 por ciento de sus poblaciones para finales de 2021. Considerando que Pfizer dice que puede producir el 82 por ciento de las vacunas en el transcurso del año próximo y que el 78 por ciento de las vacunas de Moderna ya se vendieron a los países ricos, según el grupo de defensoría Global Justice Now, es posible imaginar la escasez y los retrasos para el resto del mundo (se dice que Canadá ha hecho tantos pedidos anticipados que podría acabar con diez dosis per cápita).

Hay que reconocer que AstraZeneca celebró acuerdos con fabricantes en India y Latinoamérica , así como con GAVI, para ayudar a los países pobres a tener acceso a su vacuna (también se comprometió a no beneficiarse de su vacuna durante la pandemia —aunque, según un reportaje de Financial Times basado en documentos corporativos, AstraZeneca conserva el derecho a declarar el fin de la pandemia desde julio de 2021). Dicho lo anterior, la empresa calcula que podrá fabricar 3000 millones de dosis para fines de 2021, suficiente solo para el 20 por ciento de la población mundial.

El ejemplo de los tratamientos para VIH

Los países pobres ya han pasado por estos problemas antes. La creación de la OMC en 1995 coincidió con la propagación del VIH/SIDA en África subsahariana. Para 1996, los nuevos tratamientos desarrollados convertían a la enfermedad del sida en un padecimiento manejable en su mayoría, aunque solo para la gente que podía costearlos.

Los medicamente no genéricos costaban alrededor de 10.000 dólares al año a principios de siglo, y estaban muy fuera del alcance de muchas personas en, por ejemplo, Sudáfrica. Al gobierno sudafricano le tomó casi una década romper los monopolios que tenían las farmacéuticas extranjeras que mantenían secuestrado al país y a su gente muriendo.

En Brasil, Gilead Sciences, el monopolio propietario del sofosbuvir, un tratamiento innovador contra la hepatitis C, se encuentra en un punto muerto con el gobierno en lo que respecta a expandir y abaratar el acceso al medicamento para los brasileños. Según varios relatos, cuando Gilead Sciences obtuvo las patentes para el sofosbuvir a principios de 2019, aumentó el precio para las agencias públicas brasileñas de 16 a 240 dólares por cápsula. Sin embargo, ese precio habría bajado a 8 dólares si el medicamento se produjera de manera local conforme a un esquema de licencia obligatoria que el ADPIC ya permite en algunas circunstancias.

Los países en los cuales los medicamentos son relativamente baratos, como India, enfrentan otro tipo de desafío: los intentos de revocar las leyes que hacen que esos medicamentos sean accesibles. Novartis, la gigante farmacéutica suiza, sostuvo una pelea de diez años para garantizar el control monopólico en India de su tratamiento para la leucemia, y en el proceso trató de revocar una disposición clave de la ley de patentes de India con el argumento de que era inconstitucional (falló en ambos casos).

Lo que es más, la crisis de acceso a medicamentos asequibles también afecta a los países cuyos gobiernos defienden el uso expandido de las protecciones de propiedad intelectual para las empresas: la insulina, por ejemplo, puede ser muy cara en Estados Unidos.

El remdesivir, un medicamento utilizado para tratar la COVID-19 (con resultados mixtos), ahora escasea en Estados Unidos y Europa. Gilead Sciences, fabricante del remdesivir, es la única que elabora el medicamento en los países ricos, pero en mayo firmó contratos de licencias con otras empresas en 127 países de tal manera que pudieran producir versiones genéricas para su venta en esos lugares. ¿El resultado? Aunque el medicamento escasea en el Occidente, ha estado disponible con un suministro cada vez más estable en varios países pobres, a veces a una décima del precio.

No obstante, los gobiernos de los países ricos también pueden hacer retroceder a las grandes farmacéuticas —y en ocasiones lo han hecho—, a pesar de la influencia financiera a veces colosal de la industria farmacéutica (las contribuciones de campaña y el cabildeo de las farmacéuticas para el gobierno federal de Estados Unidos sumó un total de 4700 millones de dólares entre 1999 y 2018, según un estudio reciente.) Después del ataque terrorista del 11 de septiembre, Estados Unidos temía un ataque de ántrax y requirió que Bayer le enviara suministros inusualmente grandes de ciprofloxacina; cuando el gobierno amenazó con ignorar la patente de la empresa y comprar alternativas genéricas, la farmacéutica disminuyó el precio del antibiótico y aumentó los suministros.

El año pasado, en el Reino Unido, las familias de niños con fibrosis quística le pidieron al gobierno que suspendiera el monopolio de una farmacéutica sobre Orkambi, el primer tratamiento importante para la enfermedad. Después de que los partidos políticos respaldaron la petición, Vertex, el fabricante de Orkambi, acordó vender el medicamento a un precio mucho más bajo del que se le había pedido.

En lo que respecta a las vacunas y los tratamientos para la COVID-19, se prevé otra reunión del Consejo del ADPIC para el 10 de diciembre; el 16 y el 17 de diciembre se reunirá el consejo general de la OMC, uno de los organismos rectores de más alto rango en la organización. Se espera que Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido hagan algo al respecto.

Sin embargo, la presión cada vez mayor de los países pobres sobre la OMC debería dar a los gobiernos de los países ricos la posibilidad de negociar con sus farmacéuticas para obtener medicamentos y vacunas más baratos en todo el mundo. Es adecuado recurrir a esas empresas para hacer frente a una pandemia mundial; también es la mejor manera de que los gobiernos de los países ricos se ocupen de su propia población, que en algunos casos sufre una escasez de medicamentos más grave que los habitantes de lugares mucho menos prósperos.

El mes pasado, el consejo editorial de The Wall Street Journal criticó la propuesta de renuncia a los derechos de propiedad intelectual basada en el ADPIC presentada por India y Sudáfrica por ser “un asalto a las patentes” y agregó que “su esfuerzo perjudicaría a todos, incluidos los pobres”. De hecho, el esfuerzo ayudaría a todos, incluidos los ricos, si tan solo los ricos pudieran verlo.

This article originally appeared in The New York Times.

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