Opinión: Hay que ponerle fin a la presidencia imperial

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Hay que ponerle fin a la presidencia imperial (O.O.P.S./The New York Times)
Hay que ponerle fin a la presidencia imperial (O.O.P.S./The New York Times)

EL CONGRESO DEBE DEJAR DE ABDICAR A SU DEBER CONSTITUCIONAL DE DETERMINAR SI ESTADOS UNIDOS DEBE COMBATIR, DÓNDE Y CON QUIÉN.

Supongamos que el presidente Joe Biden hubiera estado frente al Congreso para anunciar que el fin de la guerra en Afganistán era tan solo el inicio. En años recientes, Estados Unidos ha utilizado la fuerza en tierra o ha realizado ataques desde el aire en al menos nueve países: no solo en Afganistán, sino también en Irak, Kenia, Libia, Malí, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen. Estas guerras continúan en parte porque una persona las emprende. El Congreso ha abdicado a su deber constitucional de determinar si Estados Unidos debe combatir, dónde y con quién.

Biden heredó esta situación, pero no necesita perpetuar ninguna de las guerras en curso ni las evasiones legales que las posibilitan. Biden podría decirle esto al Congreso: tienen seis meses para emitir una declaración formal de las guerras que quieren continuar o si no los soldados (también los aviones y los drones) regresarán a casa.

Si ofreciera un ultimátum por el estilo, Biden daría lugar, de golpe, a una nueva era de la política exterior de Estados Unidos. Claro está, el presidente recibiría ataques por haber reducido su responsabilidad. Sin embargo, la responsabilidad de declarar guerras le corresponde de manera legítima al Congreso y, si este sigue lavándose las manos, entonces Biden, su sucesor o el público votante debe insistir en que cumpla sus obligaciones. De otra manera, un solo individuo continuará dirigiendo el ejército más grande que haya visto el mundo, mientras 333 millones de estadounidenses luchan nuestras guerras, las pagan y en su mayor parte observan cómo se desarrollan.

Si esta idea suena revolucionaria, la verdadera revolución llegó cuando el Congreso dejó de declarar guerras por completo. Para los padres fundadores, la cláusula que le da el poder al Congreso para “declarar guerras” era una de las innovaciones clave de la Constitución. James Madison la consideró la parte más sensata del documento, porque pensaba que el ejecutivo era “el poder más interesado en las guerras y el más propenso a ellas”.

Hubo estadounidenses prominentes que buscaron poner la vara de la Constitución todavía más arriba. Después de la Primera Guerra Mundial, el representante Louis Ludlow de Indiana quiso que los poderes para invocar guerras quedaran directamente en las manos del pueblo; Ludlow propuso una enmienda radical de la Constitución que habría requerido que todo el país votara para determinar si se debía declarar una guerra o no. Durante años, más del 70 por ciento del público apoyó la medida, pero en 1938 la Cámara de Representantes la rechazó por un margen estrecho.

Tras el ataque a Pearl Harbor, el Congreso declaró la guerra. Nunca lo ha vuelto a hacer. Durante las siguientes ocho décadas, el país viajó por un camino diametralmente opuesto al que concibió el representante Ludlow. Con la intención de vigilar el mundo, los presidentes eludieron las restricciones del Congreso que alguna vez fueron erigidas para interponérseles. Como resultado, cuando los comentaristas buscan culpables del caos en Afganistán, debaten cuáles presidentes fueron los más culpables: los que empezaron y extendieron la guerra o quienes han buscado ponerle fin. Ese tipo de señalamientos con el dedo refuerza una causa no solo de este desastre en particular, sino de los muchos conflictos que ha emprendido el país desde el 11 de Septiembre y que se están metastatizando: la sumisión deliberada del Congreso a la presidencia imperial.

En 2001, el Congreso aprobó una “autorización para el uso de la fuerza militar”, una declaración artificial que le permitió al presidente usar la fuerza en contra de cualquier entidad que “él determine” que tenga alguna conexión con las personas involucradas en los ataques del 11 de Septiembre. La representante Barbara Lee de California fue la única que votó en contra de la medida. Lee predijo que iba a sumergir a Estados Unidos en “una guerra con final abierto sin ninguna estrategia de salida ni un objetivo focalizado”. Lee ha demostrado tener la razón.

El Congreso necesita adoptar nuevas normas, con base en otras antiguas. Cuando el Congreso declaraba formalmente las guerras, como lo ha hecho once veces a lo largo de la historia, nombraba los países en contra de los cuales iba a iniciar hostilidades. Esa práctica fue valiosa porque dejó a Estados Unidos en paz con el resto del mundo; el Congreso tendría que haber emitido otra declaración para expandir esas guerras a nuevos adversarios. La autorización de 2001 no contenía esa especificidad. En esencia invitó a los presidentes a hacer lo que han hecho: justificar las guerras en contra de una vertiginosa serie de agrupaciones, algunas de las cuales tal vez no sepamos que están incluidas pues la lista completa permanece en secreto. (En 2002, el Congreso aprobó una segunda autorización del uso de la fuerza en contra de Irak, la cual invocó el gobierno de Trump el año pasado para justificar el asesinato de un importante general de un país completamente distinto, Qasem Soleimani de Irán).

Si el Congreso fuera eficaz al momento de declarar guerras, debería especificar no solo el enemigo, sino también el objetivo militar y el alcance geográfico del conflicto. Después de un periodo estipulado, el Congreso tendría que declarar la guerra de nuevo o dejar que termine.

Este verano, un trío improbable de senadores realizó una propuesta similar. La Ley de Poderes sobre la Seguridad Nacional —presentada por Chris Murphy, un demócrata; Mike Lee, un republicano; y Bernie Sanders, un independiente— definiría con firmeza las nuevas intervenciones, terminaría las autorizaciones después de dos años y en automático le quitaría el financiamiento a las campañas ilegales. Para ir más allá de solo revocar las dos autorizaciones aprobadas después del 11 de Septiembre, su nuevo marco cambiaría la manera misma de ir a la guerra y, con suerte, evitaría todos los conflictos innecesarios.

Los procedimientos legales no sustituyen las decisiones inteligentes ni las misiones efectivas. Sin embargo, es probable que, si se le exige al Congreso que elija qué guerras combatir, haya resultados más positivos. Lyndon Johnson envió 548.000 soldados a Vietnam aunque dudaba que pudieran ganar, porque creía que se le iba a culpar personalmente si no hacía nada mientras los comunistas asumían el control. Cada uno de los 535 miembros del Congreso tiene menos que ganar gracias a la gloria marcial y menos que perder si ocurren eventos desfavorables e imparables en el extranjero. Y solo el Congreso puede imponer límites de tiempo a los conflictos por medio de sus declaraciones, lo cual obliga al país a reevaluar sus guerras antes de que se vuelvan infinitas.

Un Congreso muy apático no adquirirá temple por sí solo. Es evidente que sus miembros prefieren eludir sus deberes siempre y cuando los presidentes y los votantes opongan muy poca resistencia. Al igual que lo hace el resto del sistema político que debe actuar para que el Congreso haga su trabajo, rehusándose a llevar a cabo las guerras que el Congreso no declare o castigando a los representantes que no lleven a cabo votaciones esenciales.

Dos décadas después del 11 de Septiembre, muchos estadounidenses habrían preferido ponerle un fin a la vigilancia del mundo. Apenas tendrían que depender del autocontrol de su comandante en jefe, ya fuera Donald Trump, Joe Biden o quien sea que venga después. El Congreso puede y debe decidir si hay que ir a la guerra. Si lo hiciera, tal vez provocaría algo de paz.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

© 2021 The New York Times Company

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