Opinión: El país del que escapé ahora necesita la ayuda de Biden

Tun Myint
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LAS SANCIONES ECONÓMICAS Y EL EMBARGO DE ARMAS PUEDEN AYUDAR A PRESIONAR AL EJÉRCITO BIRMANO PARA QUE SE RESTAURE LA DEMOCRACIA EN BIRMANIA.

El 1 de febrero, la transición nominal a la democracia de Birmania terminó de manera abrupta cuando el ejército arrestó al gobierno civil y tomó el poder por la fuerza. Este golpe de Estado fue el más indignante de los tres que han ocurrido en la historia moderna del país. El ejército aseguró que estaba actuando en respuesta a las irregularidades en las elecciones, pero los cargos que luego les impuso a los líderes electos fueron ridículos: por ejemplo, la líder civil del país, Daw Aung San Suu Kyi, fue acusada de haber importado de modo ilegal radiotransmisores portátiles. Claro está, el verdadero objetivo de los líderes militares es anular los resultados de las elecciones democráticas de noviembre de 2020.

Estados Unidos, que el 6 de enero vivió una insurrección diseñada para anular los resultados de sus propias elecciones libres y justas, condenó de inmediato las acciones del ejército birmano. El presidente Joe Biden declaró la situación como una emergencia nacional y ordenó al gobierno que tomara medidas para evitar que los líderes del ejército birmano usaran 1000 millones de dólares en activos que tenían en Estados Unidos. Posteriormente, Antony Blinken, el secretario de Estado, expandió las sanciones al incluir a individuos del ejército birmano.

Estas como primeras medidas son buenas, pero Estados Unidos puede hacer más.

Primero, el gobierno de Biden debería trabajar con la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los aliados para imponer un significativo embargo de armas en contra del ejército birmano. Más de 130 organizaciones no gubernamentales en todo el mundo han recurrido al Consejo de Seguridad para que tome esta medida, la cual reduciría el suministro de armas, tanques, camiones y aviones que se utilizan para reprimir las protestas pacíficas en todo el país. Desde que comenzaron los disturbios el mes pasado, la policía militar de Birmania ha asesinado a más de 60 personas.

Además de restringir el suministro de armas al ejército birmano, Estados Unidos puede usar su relación con Singapur para provocar un cambio en Birmania. Singapur es un aliado de Estados Unidos y el inversionista extranjero más importante en la economía birmana. El gobierno estadounidense debería asegurarse de que las empresas que hacen negocios en Estados Unidos no hagan negocios con empresas singapurenses que tengan intereses en Birmania.

El mes pasado, miembros del Congreso presentaron resoluciones en la Cámara de Representantes y el Senado para condenar el golpe de Estado en Birmania y para solicitar que el liderazgo electo de manera democrática regrese al poder. Cuando el presidente Biden hizo bien en designar la crisis de Birmania como “una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional y la política extranjera de Estados Unidos” en su orden ejecutiva, también debió pedirle al Congreso que investigara cómo las acciones del ejército birmano ponen en peligro la seguridad de Estados Unidos.

Después del golpe de Estado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional declaró que está redirigiendo fondos que solían estar designados para el gobierno electo de manera legítima en Birmania. El gobierno de Biden debería asegurarse de que el dinero llegue a las organizaciones de desobediencia civil de Birmania, así como a las organizaciones civiles y no gubernamentales que ofrecen servicios de salud pública y distribuyen alimentos en el país.

El ejército birmano pasó buena parte de las últimas tres décadas operando bajo las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Hace poco, los líderes militares dejaron en claro que no temen a las sanciones generales. Sin embargo, aunque el ejército no tema a las sanciones, los líderes del golpe de Estado han respondido con violencia frente a los manifestantes valerosos.

La actual represión en contra de los manifestantes hace eco de la violencia militar en contra del movimiento prodemocracia de 1988, el cual viví como estudiante de bachillerato cuando radicaba en Rangún. Mi padre, un agricultor que fue encarcelado varias veces por manifestar su opinión, me había enseñado la importancia de la resiliencia frente a la represión, por lo tanto me uní a la protesta. El ejército respondió con una masacre. Junto con cerca de otros 10.000 activistas estudiantiles, escapé a las zonas boscosas ubicadas a lo largo de la frontera con Tailandia. A la postre, salí hacia Estados Unidos, donde ahora enseño Ciencias Políticas, Cambio Social en el Sureste Asiático y el desafío de fundar democracias.

A diferencia de los activistas de mi generación, los jóvenes líderes de la actualidad han conocido tanto el tormento de la opresión como la fortaleza de la democracia que, sin importar sus fallas, representó un progreso real. De niños y jóvenes adultos, observaron al ejército abrir fuego en contra de monjes que protestaban durante la efímera Revolución Azafrán de 2007 y tan solo ocho años después de que vieron cómo la Liga Nacional para la Democracia de oposición asumía el control del gobierno. Los activistas de la actualidad son algunos de los millones de jóvenes que votaron por primera vez en las elecciones de 2020 y se rehúsan a que les arrebaten ese poder.

Estados Unidos debe apoyar al pueblo de Birmania, no solo porque hay vidas en peligro, sino también porque el ascenso de los gobiernos autocráticos en el mundo amenaza la supervivencia de las democracias en todas partes.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company