Opinión: La ley del aborto de Texas deja sin opciones a las adolescentes desesperadas

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En Texas, las adolescentes que necesitan abortar deben tener el consentimiento de sus padres, pero para muchas jóvenes eso no es una opción. Tal vez estén en un hogar temporal o sean menores no acompañadas en un centro de detención de inmigrantes, en cuyo caso el gobierno tiene autoridad jurídica sobre ellas. Tal vez sus padres son maltratadores o se oponen por completo al aborto.

La Corte Suprema dictaminó que los padres no tienen poder absoluto para obligar a sus hijas a continuar con embarazos no deseados, por lo que Texas, al igual que muchos otros estados, permite lo que se conoce como una dispensa judicial. Si una menor embarazada puede demostrarle a un juez que tiene la madurez necesaria para tomar la decisión por sí misma o que notificar a sus padres no es lo mejor para ella, puede obtener una dispensa que le permita abortar.

Sin embargo, la prohibición del aborto en Texas después de las seis semanas, que la Corte Suprema se ha negado a detener, acabó en la práctica con las dispensas judiciales. Incluso si una chica descubre que está embarazada en el momento en que una prueba casera puede detectarlo, superar el proceso de dispensa judicial y el periodo de espera de 24 horas del estado antes de las seis semanas de embarazo es sumamente difícil, si no es que imposible. Mientras la medida, conocida como el proyecto de ley 8 del Senado, siga vigente, el aborto no estará disponible para algunas de las adolescentes más vulnerables del estado. Según la ley, no importa si fueron violadas o si decirles a sus padres que están embarazadas las pone en peligro. Ni siquiera importa si su padre fue quien las embarazó.

Jane’s Due Process es una organización que ayuda a las menores embarazadas a obtener dispensas. Rosann Mariappuram, su directora ejecutiva, me comentó que antes del proyecto de ley 8 del Senado, al menos una adolescente al día solía solicitar la ayuda del grupo. Entre el 10 y el 15 por ciento de sus clientas están detenidas por motivos de inmigración o se encuentran en hogares temporales, lo que significa que no pueden abortar sin la aprobación de un juez.

Desde que la nueva ley entró en vigor a principios de mes, se ha producido un “descenso drástico de las llamadas”, dijo Mariappuram. Especuló que la mayoría de las menores “daban por hecho que habían pasado las seis semanas y no podían recibir atención”. Al mismo tiempo, dijo que ha habido un gran aumento en las solicitudes de pruebas de embarazo y anticonceptivos de emergencia, que el grupo distribuye de manera gratuita.

Si las adolescentes embarazadas intentan solicitar una dispensa judicial, saben que el tiempo apremia. La semana pasada, el gobernador de Texas, Greg Abbott, insistió en que la nueva ley no perjudica a las víctimas de violación porque “proporciona al menos seis semanas para que una persona pueda abortar”. Su negativa a conocer los fundamentos de la reproducción humana demuestra lo displicente que es sobre el impacto de la ley que firmó. En realidad, muchas mujeres no saben que están embarazadas a las seis semanas, unas dos semanas después de la falta de menstruación. A menudo, los embarazos ni siquiera se pueden detectar sino hasta transcurridas cuatro semanas.

Cuando una nueva clienta pide ayuda, lo primero que Jane’s Due Process hace es programar una ecografía y luego intenta conseguir una audiencia acelerada ante un juez. Se supone que los jueces deben programar las audiencias de dispensa lo antes posible, pero son discrecionales en cuanto a lo que eso significa. Una vez que la adolescente ha expuesto su caso, el juez tiene hasta cinco días hábiles para emitir una resolución. En el pasado, si un juez negaba una solicitud, Jane’s Due Process podía apelarla, pero como ese proceso suele durar un par de semanas, ya no es una opción.

Así que para que una adolescente desesperada logre abortar, todo tiene que salir bien. “Si ya han transcurrido cinco semanas y media, tenemos tres o cuatro días para hacerlo”, dice Mariappuram. “Solo las adolescentes que viven en las principales áreas metropolitanas o cerca de ellas pueden hacerlo, por el viaje que hay que hacer para llegar a las clínicas”.

Las mujeres mayores de edad con recursos pueden salir del estado para abortar. Las adolescentes que no cuentan con la ayuda de sus padres no pueden hacerlo. Si no puedes decirles a tus padres que estás embarazada, lo más probable es que tampoco puedas explicar un viaje en carretera a Nuevo México. Las personas detenidas por motivos migratorios obviamente no pueden viajar. “No hay opciones para ellas”, dijo Mariappuram.

Fue un escándalo menor cuando Scott Lloyd, un director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados durante la presidencia de Donald Trump, utilizó su autoridad para tratar de impedir que algunas niñas migrantes abortaran. Ahora lo hace todo el estado de Texas. La escalada de autoritarismo del Partido Republicano hace que las políticas que resultaban impactantes en fechas tan recientes como 2018, dentro de poco tiempo podrían convertirse en algo rutinario.

Como informó The Washington Post, los funcionarios republicanos de al menos siete estados están considerando imitar la ley de abortos de Texas. El costo humano que esto supondrá será terrible; un amplio estudio de mujeres que querían abortar, pero se les negó el procedimiento reveló que el parto forzado tuvo consecuencias desgarradoras para su salud física y mental, sus finanzas y los hijos que ya tenían.

Hay una dosis adicional de crueldad en despojar a las jóvenes con menos control sobre sus propias vidas del control sobre sus cuerpos. El margen de maniobra para las adolescentes que se encuentran en condiciones desfavorable ya era pequeño. Texas lo ha reducido a casi nada.

© 2021 The New York Times Company

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