Opinión: Joe Biden fue un crítico del apartheid sudafricano; ahora se le acusa de ignorar políticas similares en Israel

En 1986, un senador de Delaware de rostro relativamente fresco pronunció un apasionado discurso sobre la inmoralidad del régimen del apartheid sudafricano y el apoyo de su país al mismo. Durante una audiencia del comité de relaciones exteriores del Senado, un Joe Biden de 43 años golpeó su puño sobre la mesa con rabia mientras atacaba a George Shultz, secretario de Estado de Ronald Reagan, por respaldar al gobierno sudafricano, que imponía un sistema de políticas de segregación contra su mayoría no blanca.

“Me avergüenza que esa sea nuestra política [...]. ¡Me avergüenzo de la falta de columna vertebral moral!”, dijo. “Esta gente está siendo aplastada, y nosotros estamos de brazos cruzados aquí con el mismo tipo de retórica”.

“¿Cuál es nuestro programa? ¿Qué le decimos a ese régimen repugnante? ¿Les decimos que tienen veinte días, veinte meses, veinte años? Les pedimos que pusieran en marcha un programa, ¿cuál es el nuestro? ¿Cuál es nuestra postura moral?”, preguntó.

Fue una poderosa condena de un sistema de opresión racista llevado a cabo por un aliado de Estados Unidos, y una de las muchas realizadas por el senador sobre el tema a lo largo de su carrera. Pero unos 35 años después, esas mismas preguntas se le plantean a Biden cuando visita Israel y Palestina por primera vez desde que se convirtió en presidente de Estados Unidos.

Cuando Biden viaje en los próximos días a Belén, será recibido por grandes vallas publicitarias con las palabras: “Señor Presidente, esto es un apartheid”, junto con un mapa de lo que queda de los territorios palestinos desconectados, una maniobra organizada por el grupo israelí de derechos humanos B'Tselem.

Durante una entrevista con la televisión israelí el miércoles, se le preguntó al presidente qué pensaba de las “voces en el Partido Demócrata” que calificaban a Israel de Estado de apartheid.

“Son pocas. Creo que se equivocan. Creo que están cometiendo un error. Israel es una democracia. Israel es nuestro aliado. Israel es un amigo. Creo que no tengo que disculparme”, dijo, antes de pasar a promocionar los US$4.000 millones de ayuda militar que su administración ha concedido a Israel.

Fue una pregunta suave, enmarcada en un desacuerdo político interno más que en una realidad práctica. En cualquier caso, no se respondió completamente. Pero hay razones para esperar que así sea.

Desde la última visita de Biden a Israel en 2016, ha surgido un consenso entre los principales grupos de derechos humanos sobre la cuestión del apartheid en Israel. Ese consenso es que Israel practica ahora los mismos crímenes que Biden condenó enérgicamente cuando era senador.

El año pasado se produjo un cambio significativo en la forma en que los grupos de derechos humanos describieron la ocupación de Israel. En enero de 2021, B'Tselem publicó un informe detallado en el que calificaba a Israel de estado de “apartheid”.

“Mediante la ingeniería geográfica, demográfica y física del espacio, el régimen permite a los judíos vivir en una zona contigua con plenos derechos, incluida la autodeterminación, mientras que los palestinos viven en unidades separadas y disfrutan de menos derechos”, dijo el grupo.

“Esto se califica como un régimen de apartheid, aunque Israel es comúnmente visto como una democracia que mantiene una ocupación temporal”, añadió.

Poco después, en abril del año pasado, Human Rights Watch presentó su propio e histórico informe de 213 páginas que llegaba a la misma conclusión. El grupo de derechos constató que las autoridades israelíes están “cometiendo los crímenes contra la humanidad del apartheid y la persecución”.

“Llegamos a esta determinación basándonos en nuestra documentación sobre una política gubernamental general para mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos, junto con los graves abusos cometidos contra los palestinos que viven en el territorio ocupado, incluido Jerusalén Oriental”, dijo HRW.

Amnistía Internacional hizo lo propio en febrero de este año con un informe en el que concluía que Israel estaba cometiendo el delito de apartheid contra los palestinos.

El informe “expone cómo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los asesinatos ilegales, los traslados forzosos, las drásticas restricciones de movimiento y la denegación de la nacionalidad y la ciudadanía a los palestinos son todos componentes de un sistema que equivale a un apartheid según el derecho internacional”.

Y en marzo, Michael Lynk, relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, pidió a las Naciones Unidas que abordaran lo que también calificó de apartheid.

“Lamentablemente, el apartheid no es un fenómeno confinado a los libros de historia del sur de África”, dijo en su informe al Consejo de Derechos Humanos.

“Existe hoy en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 un sistema jurídico y político dual profundamente discriminatorio que privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales israelíes de Jerusalén Este y Cisjordania”, añadió.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, respondió a los informes acusando a los grupos que los respaldan de lanzar “una guerra de la Yihad contra la única democracia vibrante de Oriente Medio”.

Yair Lapid, que era ministro de Asuntos Exteriores en el momento del informe pero que hoy recibe a Biden como primer ministro de Israel, dijo en una declaración en respuesta al informe de Amnistía: “Israel no es perfecto, pero somos una democracia comprometida con el derecho internacional, abierta a la crítica, con una prensa libre y un sistema judicial fuerte e independiente”.

La administración de Biden también dijo que rechazaba la opinión de que las acciones de Israel constituyen un apartheid. “Los propios informes del departamento nunca han utilizado esa terminología”, dijo a los periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

La Convención sobre el Apartheid, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1973, declara que el apartheid es un crimen contra la humanidad y que “los actos inhumanos resultantes de las políticas y prácticas de apartheid y de políticas y prácticas similares de segregación y discriminación racial” son crímenes internacionales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002 también establece que el apartheid es un crimen contra la humanidad.

Existen, por supuesto, diferencias significativas entre el régimen de apartheid sudafricano y la ocupación israelí de los territorios palestinos. Pero también hay muchas similitudes: Desmond Tutu, un líder antiapartheid al que Biden elogió en su discurso de 1986, habló de ellas a menudo.

“He sido testigo de la humillación sistemática de hombres, mujeres y niños palestinos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad israelíes. Su humillación es familiar para todos los sudafricanos negros que fueron acorralados y acosados e insultados y agredidos por las fuerzas de seguridad del gobierno del apartheid”, dijo en 2014.

Biden ha hablado a menudo de su larga y profunda relación con Israel. Ha sido un partidario constante, tanto de palabra como de obra. Pero los críticos dicen que su negativa a abordar adecuadamente la cuestión del apartheid en Israel hace que su promesa de campaña de que “los derechos humanos serán el centro de nuestra política exterior” suene vacía. Es el tipo de respuesta vaga que un Joe Biden más joven podría haber interrogado forzosamente, como hizo con Shultz.

La pregunta que Biden aún no ha respondido es precisamente en qué medida está en desacuerdo con los principales grupos de derechos humanos del mundo y su designación del crimen del apartheid en Israel.