Opinión: Honduras, el mundo te observa: tienes una deuda pendiente con las personas trans

VICKY HERNÁNDEZ FUE ASESINADA EN 2009 Y EL CRIMEN SIGUE SIN SER RESUELTO. SU CASO NOS IMPULSÓ A BUSCAR CAMBIOS ESTRUCTURALES EN UN PAÍS CRUEL CON LAS PERSONAS TRANS.

América Latina es una región cruel para las personas trans. Muchas de ellas mueren en circunstancias violentas y poco claras, y la justicia rara vez resuelve sus casos. Su esperanza de vida, según varios estudios, es de 35 años.

Ser trans en esa parte del mundo significa, en demasiados casos, estar condenada a la violencia, la pobreza y la marginación. Las opciones de vida, numerosas veces, se han resumido en huir de sus países o quedarse y ser atacadas, discriminadas o asesinadas.

Ese fue el caso de Vicky Hernández, una mujer trans hondureña, trabajadora sexual que también hizo activismo apasionado, fue una hija y hermana entrañable. Su vida importaba. Pero, en 2009, a sus 26 años, fue asesinada de un tiro en la cabeza. Su cuerpo fue abandonado en la calle. No se le hizo una autopsia. El asesinato de Vicky sigue sin investigarse propiamente y el Estado hondureño dijo que su asesinato había sido un “crimen pasional”. Es difícil argumentar eso en un país en el que más de 119 personas trans han sido asesinadas en circunstancias semejantes durante la última década: recibieron un disparo en la cabeza y no hubo investigaciones.

Así que decidimos buscar justicia para Vicky. Desde Robert F. Kennedy Human Rights y junto con las compañeras de la Red Lésbica Cattrachas, llevamos su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la más alta autoridad en derechos humanos de la región. Fue un esfuerzo de varios años, pero sabíamos que la resolución tendría implicaciones legales importantes. Nuestro objetivo era exigir justicia por la muerte de Vicky y la impunidad en su caso pero también queríamos algo más ambicioso: visibilizar la violencia física, el estigma y la exclusión social que las personas trans enfrentan en Honduras y América Latina. Este es el momento de exigir cambios estructurales para remediar esa situación.

Al investigar la vida y muerte de Vicky entendimos la falta de acceso a servicios básicos, las dificultades para conseguir empleo formal y las barreras legales para el cambio de nombre y reconocimiento de su identidad y expresión de género que sufren las personas trans. Vimos cómo una cultura persistente de impunidad ha impedido sancionar a quienes cometen crímenes transfóbicos, y cómo muchos gobiernos de la región han optado por ignorar esta realidad. Para hacerle justicia a Vicky hay que entender el modo en el que el sistema le falla a las mujeres trans y cómo se puede mejorar.

Y, en ese sentido, la histórica sentencia de la Corte IDH presenta una oportunidad que no podemos desperdiciar.

El caso de Vicky Hernández abrió una ventana de acción para incrementar la protección a personas de la comunidad LGBTQ+ en Honduras y reiteró su jurisprudencia sobre el derecho de no ser discriminadas: “el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, tortura y malos tratos”.

Así, exactamente 12 años después de su asesinato, Vicky finalmente recibió un poco de justicia. La Corte emitió una sentencia emblemática al declarar al Estado de Honduras responsable por su muerte, no solo por los fuertes indicios de participación de agentes estatales en el asesinato —que ocurrió durante un toque de queda en pleno golpe de Estado, cuando solo había autoridades policiales y militares en las calles— sino por la falta de investigación de los hechos. La Corte estableció una serie de reparaciones para la familia de Vicky y ordenó que Honduras reabriera la investigación sobre el asesinato.

La Corte reconoció que el de Vicky fue el resultado directo de la violencia y la discriminación estructural que la población LGBTQ+ enfrenta en uno de los países con mayores índices de asesinatos de personas trans en el mundo. Así que el tribunal regional ha ordenado cambios para prevenir y combatir esa violencia. Y el Estado hondureño tiene la obligación legal y moral de hacerlos. Y pronto.

Claudia Spellmant, activista trans hondureña a quien se le concedió asilo en Estados Unidos y ahora vive en Nueva York, nos dijo que Vicky “murió por querer comer, fue empujada por una sociedad discriminadora”. Su llamado es claro y doloroso: “Estamos en las calles desprotegidas”. Claudia, quien testificó ante la Corte IDH sobre la persistente discriminación que enfrentan las personas trans en Honduras, lo dijo tan directo como se puede: “Muchas chicas han muerto”. Y “si no se sienta un precedente, y si Honduras no acata las recomendaciones de la Corte, creo que va a seguir pasando”, dijo Claudia. Coincidimos.

La sentencia debe ser cumplida. Y para empezar a hacerla realidad, el gobierno de Honduras tiene un plazo de dos años en los cuales debe crear un mecanismo administrativo simple y accesible para permitir que las personas cambien su nombre e identidad de género en documentos oficiales, y debe implementar programas de capacitación para los cuerpos de seguridad en materia de violencia por prejuicio, entre otras medidas.

Ha comenzado a correr el reloj para que Honduras cumpla con las medidas ordenadas en la sentencia de la Corte IDH.

Pero esta decisión no debe terminar en Honduras. Los demás países de la región tienen en esta decisión una hoja de ruta para garantizar los derechos de las personas trans. No tendría que ser necesario llevar otros casos similares al de Vicky Hernández para que haya una verdadera transformación en América Latina. Pero si esto no sucede, aquí estaremos desde la sociedad civil para seguir pidiendo su cumplimiento. Y no descansaremos hasta alcanzarlo.

© 2021 The New York Times Company