Opinión: El gobierno de Boris Johnson está basado en la crueldad

Maya Goodfellow
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DECIDIDO A CUMPLIR LA PROMESA NATIVISTA DEL BREXIT, ESTE GOBIERNO HA ADOPTADO UN AUTORITARISMO ANTIMIGRATORIO.

LONDRES — La semana pasada, mientras el Reino Unido se concentraba en su salida gradual del confinamiento, la secretaria de Estado del Interior, Priti Patel, expuso el “Nuevo Plan Migratorio” gubernamental.

Los detalles del plan fueron bastante siniestros. Solo aquellos que lleguen a través de esquemas de reasentamiento, que representan menos del uno por ciento de los refugiados del planeta, serán bienvenidos. El resto, obligado a realizar trayectos peligrosos en los que arriesgan la vida, será considerado “ilegal” y castigado de manera agresiva. A esos migrantes, se les impedirá el acceso al apoyo estatal clave, además de que se limitarán sus derechos a reunirse con sus familiares y serán objeto de manera permanente de deportación, incluso si se les otorga asilo.

Estas medidas drásticas —que algunos sugieren que podrían contravenir la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951— se elaboraron a lo largo de varios meses. El año pasado, se dice que Patel presentó la posibilidad de enviar a los solicitantes de asilo a islas en el sur del Atlántico y consideró desplegar a la Marina para evitar que los migrantes llegaran a las costas británicas. Su plan, inhumano y mal concebido, es un ejemplo del trato que el gobierno británico les da a los migrantes y a los refugiados.

Sin embargo, dicha crueldad va más allá del proceso de asilo. Dado que Boris Johnson llegó al cargo de primer ministro en diciembre de 2019 con la promesa de “implementar el brexit”, ha buscado instaurar un sistema migratorio y de control fronterizo más inflexible y punitivo. En nombre de la soberanía británica, ha impregnado su gobierno de autoritarismo antimigratorio.

Desde su elección, el gobierno ha pregonado su intención de reconfigurar el sistema migratorio. El 1º de enero, entró en vigor su nuevo sistema basado en puntos. A pesar de todo lo que se dice sobre la reforma, las nuevas normas extienden el trato injusto que han sufrido durante mucho tiempo los inmigrantes que no pertenecen a la Unión Europea —están sujetos a tarifas migratorias en exceso elevadas, se les niega el acceso a las prestaciones básicas del Estado y tienen que pagar año con año para utilizar el Servicio Nacional de Salud—, en comparación con los que vienen de la UE (antes de la salida del Reino Unido de la UE, las personas del bloque podían entrar y establecerse en el país con relativa libertad).

Sin embargo, el sistema incorpora nuevas características, como la entrega de “puntos” que los solicitantes deben acumular para ingresar al Reino Unido. Algunos son obligatorios, como los veinte puntos de una oferta de trabajo proveniente de un patrocinador aprobado por el gobierno. Otros son opcionales, como los diez puntos de un doctorado en un campo relacionado con el empleo. Las nuevas reglas condicionan la entrada al país a los ingresos del migrante (un mínimo de 25.600 libras anuales, alrededor de 35.000 dólares, con muy pocas excepciones) y a las “capacidades” percibidas. En la práctica, los trabajadores con ingresos bajos quedan excluidos. Además de dificultar aún más la migración segura al Reino Unido, el nuevo sistema trata a los migrantes como meras mercancías desechables.

Este enfoque deshumanizante y despiadado se aplicó a lo largo del año pasado. Cuando la pandemia comenzó, un grupo de organizaciones le entregó al gobierno una serie de recomendaciones claras para garantizar que todos los migrantes, independientemente de su condición, estuvieran protegidos del virus, incluso mediante el acceso a la atención sanitaria y otros servicios públicos. El gobierno no escuchó. Los ministros hicieron algunos cambios, pero, en términos generales, mantuvieron el sistema intacto.

De igual modo, tras la presión de los activistas, el gobierno liberó a muchas personas de los centros de detención de migrantes, pero conservó bajo su custodia a algunos y continuó deteniendo a miles de personas, a pesar de los reportes de brotes de COVID-19 en varios de esos centros.

Y mientras advertía contra los viajes internacionales, el gobierno siguió adelante con los vuelos de deportación, con lo que separó a muchos migrantes de sus familias y seres queridos. Osime Brown, un joven de 22 años con autismo y problemas de audición, enfrenta la deportación a Jamaica; un país que apenas conoce, debido a que llegó al Reino Unido a los 4 años. “Si lo deportan”, dijo su madre, “morirá”. En noviembre, el sitio web del gobierno alardeó de que, a pesar de la pandemia, había habido más de veinte vuelos de deportación ese año.

El gobierno de Johnson también se ha negado a suspender sus políticas de “entorno hostil”, una red en expansión de controles migratorios a través de la cual a las personas indocumentadas se les niega el acceso a servicios básicos como los servicios médicos y la vivienda. Ni siquiera una pandemia mortal puede hacer que el gobierno abandone los centros de detención, los vuelos de deportación, la crueldad burocrática y el racismo institucional que conforman el sistema migratorio británico.

El costo para las víctimas ha sido terrible. Sin una red de seguridad, muchos migrantes indocumentados tuvieron que elegir entre la posibilidad de contraer el virus en el trabajo o caer en la indigencia. Entre diciembre y enero, el 43 por ciento de los migrantes encuestados por el Consejo Conjunto para el Bienestar de los Migrantes dijo tener miedo de buscar atención médica en caso de enfermarse durante la pandemia, porcentaje que aumentó al 56 por ciento en el caso de los migrantes asiáticos y al 60 por ciento entre los migrantes africanos y caribeños.

Para un hombre filipino conocido solo como Elvis, un trabajador de limpieza que vivió en el Reino Unido durante más de diez años, fue una cuestión de vida o muerte. Sin documentos, tuvo mucho miedo de buscar asistencia médica cuando le dio fiebre y tos en abril de 2020 durante el primer periodo de confinamiento. Después de estar enfermo durante dos semanas, murió en su casa.

El gobierno de Johnson ha dejado a los migrantes, en especial a los de color, expuestos y vulnerables. Sin embargo, no tiene caso criticar al sistema actual sin entender que se basa en décadas de brutalidad. La historia británica está plagada de leyes, como la Ley Migratoria de 1968 para la Mancomunidad de Naciones, que se proponía dificultarles a las personas de color ingresar al país.

Y desde hace décadas, los políticos británicos de todas las tendencias pasan por alto las razones por las que la gente se desplaza, al tiempo que culpan sin razón a los inmigrantes de casi todo lo que se les ocurre, desde los bajos salarios hasta un servicio nacional de salud mal financiado. Incluso las propuestas más recientes se basan en la figura teñida de racismo del “falso solicitante de asilo”, popularizada durante el gobierno del Nuevo Laborismo del ex primer ministro Tony Blair, quien hizo que las normas de asilo fueran más estrictas y duras a principios de la década de 2000.

El gobierno de Johnson es el heredero de décadas de retórica y política en contra de la inmigración. Decidido a cumplir la promesa nativista del brexit, está llevando las cosas al siguiente nivel, con consecuencias humanas devastadoras.

Es indudable que el Reino Unido tiene un problema con la inmigración. Pero no es la gente que llega al país. Es la gente que lo gobierna.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company