Así funciona la justicia para los multimillonarios | Opinión

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La familia Sackler está en posición de eludir los litigios de su intervención en la crisis de los opioides

Así funciona la justicia para los multimillonarios. (The New York Times)
Así funciona la justicia para los multimillonarios. (The New York Times)

En 2016, un traficante de drogas de poca monta en Leesburg, Virginia, llamado Darnell Washington, vendió a un cliente un lote de lo que creía que era heroína. Resultó ser fentanilo. El cliente la compartió con un amigo y este murió de sobredosis.

Para combatir la crisis de los opioides, los fiscales han empezado a considerar las muertes por sobredosis no como accidentes, sino como delitos, con lo que pueden emplear leyes estrictas para acusar a los traficantes que vendieron las drogas. Washington nunca conoció a la persona que falleció a causa de la sobredosis. Pero, al enfrentar una condena mínima obligatoria de 20 años de prisión por “distribución que provocó la muerte”, se declaró culpable del cargo menor de distribución y ahora cumple una sentencia de 15 años en una prisión federal.

Inmunidad

Pensé en esto el otro día cuando se volvió evidente que es muy probable que los miembros de la multimillonaria familia Sackler reciban pronto una amplia concesión de inmunidad frente a todos los litigios relacionados con su intervención en la precipitación de la crisis de los opioides. A través de su control de Purdue Pharma, las familias de Raymond y Mortimer Sackler hicieron una gran fortuna vendiendo OxyContin, un potente analgésico opiáceo de venta con receta que, al igual que el fentanilo, es un primo químico de la heroína.

Aunque son objeto de grandes críticas por beneficiarse de una crisis de salud pública que ha provocado la muerte de medio millón de estadounidenses, han utilizado su dinero e influencia para manejar nuestro sistema a su antojo. No es ninguna novedad que nuestra sociedad golpee a personas como Darnell Washington con todo el peso de la ley y a personas como los Sackler con el pétalo de una rosa.

Pero vale la pena preguntarse cómo lo lograron.

Durante mucho tiempo, las familias de Raymond y Mortimer Sackler simplemente se dedicaron a esquivar el escrutinio y cultivar una buena imagen pública para que la gente conociera sus contribuciones filantrópicas, como la Biblioteca Sackler de Oxford, pero no el origen de su riqueza. Desde que, en 2001, la prensa comenzó a escribir reportajes sobre cómo el OxyContin había dado lugar a una ola de adicción, agentes de publicidad que cobran grandes sumas de dinero se dieron a la ardua tarea de mantener el nombre de Sackler fuera de la controversia.

Estrategia peligrosa

A medida que aumentaba el número de muertes asociadas al OxyContin, Purdue seguía argumentando en su campaña de mercadotecnia que el fármaco rara vez era adictivo. Cuando los periodistas planteaban preguntas difíciles, la empresa enviaba a sus abogados para que hablaran con sus editores.

Esta estrategia de “puedo ver a su jefe” funciona incluso con las autoridades judiciales. En 2006, los fiscales federales de Virginia se preparaban para acusar a Purdue de delitos graves. Se centraron en tres ejecutivos de alto nivel que trabajaban para la empresa con la esperanza de que delataran a los Sackler —el objetivo final, según el fiscal principal— ante la posibilidad de ir a la cárcel. Sin embargo, Purdue había reclutado a dos personajes que habían sido fiscales de Estados Unidos, Rudy Giuliani y Mary Jo White. White llamó a Paul McNulty, quien entonces era fiscal general adjunto: “Es Mary Jo White”, recordó McNulty hace poco. “Es alguien que se consideraba con acceso”.

"Error"

El Departamento de Justicia informó a los fiscales federales en Virginia que no podían acusar a los ejecutivos de delitos, lo cual los privó de su arma más importante: la amenaza de ir a prisión. Los ejecutivos no cooperaron con los esfuerzos para incriminar a los Sackler; en vez de eso, se declararon culpables de delitos menores mientras sostenían que ellos no habían hecho nada malo. La empresa se declaró culpable del delito grave de “etiquetado erróneo” y pagó una multa de 600 millones de dólares.

Si detectan un tufillo a La Cosa Nostra, no son los únicos.

 En un informe pericial que se presentó como parte de un litigio reciente, John C. Coffee hijo, quien dirige el Centro de Gobernanza Corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, concluyó que “hay pocos elementos para diferenciar el control que los Sackler ejercían sobre Purdue del control que el Padrino ejercía sobre su familia de la mafia”. Después de que los ejecutivos se declararon culpables, los Sackler votaron para pagarle a uno de ellos tres millones de dólares. Otro recibió cinco millones de dólares. La impunidad cuesta. Según documentos judiciales, un solo bufete de abogados le facturó a Purdue más de cincuenta millones de dólares por el caso.

Sin embargo, los Sackler no escarmentaron. El año pasado, Purdue se declaró culpable de una nueva serie de delitos graves relacionados con la comercialización de OxyContin. De nuevo, ninguno de los Sackler fue acusado penalmente; en lugar de esto, acordaron pagar la relativamente modesta cantidad de 225 millones de dólares para resolver fuera de los tribunales una investigación civil sin admitir que habían actuado de manera indebida. Sorprendentemente, los fiscales parecen haber llegado a un acuerdo con los Sackler sin que estos se molestaran en comparecer en persona. Cuando se le preguntó en una declaración si alguno de los Sackler había tenido “contacto directo con el Departamento de Justicia en relación con la investigación”, David Sackler, que formó parte del consejo de administración de Purdue desde 2012 hasta agosto de 2018, respondió: “Creo que ninguno de ellos lo ha hecho”.

Supuesta quiebra

En esta ocasión, ni siquiera se acusó de delitos menores a algún ejecutivo en particular. En vez de ello, el Departamento de Justicia informó a los fiscales encargados del caso de Purdue que quería acelerar su resolución. En octubre, funcionarios gubernamentales anunciaron que Purdue había llegado a un acuerdo de 8000 millones de dólares con el gobierno. Esto fue algo impresionante, salvo que la empresa no tenía 8000 millones de dólares porque para entonces se había declarado en quiebra.

¿Cómo es posible que una empresa que tiene un producto que ha generado ingresos estimados en 35.000 millones de dólares acabe declarándose en quiebra? 

Una respuesta es que cuando Purdue se acogió al Capítulo 11, en 2019, enfrentaba demandas de casi todos los estados del país y tenía miles de demandantes más. Pero hay otra explicación más pertinente.

Al parecer, en 2007, los Sackler se dieron cuenta, como señaló David Sackler, de que en algún momento una demanda podría “alcanzar a la familia”. Empezaron a sacar dinero de Purdue y a asegurarlo en cuentas propias, muchas de las cuales están en el extranjero. Según un informe de auditoría, entre 2008 y 2017 retiraron más de10.000 millones de dólares (los miembros de la familia han declarado que las transferencias fueron legales). Entonces, en 2019, cuando Purdue se llenó de demandas, la empresa buscó la protección del tribunal de quiebras.

Lluvia de demandas

Resulta difícil exagerar la diabólica brillantez de esa estrategia. Ahora, la empresa estaría protegida de todas esas demandas mientras reestructura sus deudas. Sin embargo, para ese momento, algunas de las demandas habían prosperado: más de una veintena de estados habían presentado demandas contra miembros de la familia Sackler que formaban parte del consejo de administración. Pero los Sackler y Purdue han solicitado que el juez de quiebras congele las demandas contra los miembros de la familia, aunque esta no se haya declarado en quiebra.

Las empresas estadounidenses pueden elegir la jurisdicción en la que se declaran en quiebra y, por ende, el juez que decidirá su destino. Aunque Purdue nunca ha tenido una presencia comercial real en White Plains, Nueva York, fue allí donde presentó su solicitud de quiebra. Purdue ha mantenido que esta elección se debió a la proximidad de la sede de la empresa en Stamford, Connecticut. Pero también puede haber sido relevante el hecho de que en White Plains solo preside un juez federal de quiebras: Robert Drain. En el pasado, el juez Drain se ha mostrado dispuesto a proteger de los litigios a ciertas partes que ni siquiera se habían declarado en quiebra en su tribunal. De inmediato accedió a la solicitud, con lo que ha protegido de manera temporal a los Sackler de esas demandas.

El juez Drain es conocido por apreciar los acuerdos fuera de los tribunales y la eficiencia, y ha tratado de blindar los procedimientos de los liosos imperativos de justicia y rendición de cuentas. Mientras un ejército de abogados regateaba sobre los restos de Purdue, los Sackler abogaban por una “resolución global”, un acuerdo único y amplio que incluyera todas las demandas contra la empresa y la familia. Su oferta: 4500 millones de dólares sin que la familia admita que cometió algún delito e inmunidad permanente de todo tipo de litigio civil futuro relacionado con la crisis de opioides.

Multa insólita

A simple vista parece mucho dinero, pero las matemáticas multimillonarias pueden ser engañosas. Los Sackler propusieron pagar los 4500 millones de dólares en nueve años. Su actual fortuna está calculada en al menos 11.000 millones de dólares. Haciendo un cálculo conservador, con los intereses y las inversiones, esto significa que pueden esperar una tasa de rendimiento anualizada del 5 por ciento sobre esa fortuna. De ser así, podrán pagar la multa sin siquiera tocar su capital. Cuando terminen de pagar en 2030, probablemente serán más ricos que hoy.

Durante meses, una coalición de estados “disidentes” trató de conseguir un mejor acuerdo. Pero el juez Drain indicó que se inclinaba por prohibir a los estados de manera permanente a que siguieran adelante con sus causas judiciales contra los Sackler. Esto sería esencial, observó el juez, para lograr una “verdadera paz”.

El 7 de julio, con menos influencia, 15 de los estados disidentes indicaron que aceptarían el acuerdo propuesto por los Sackler. En una conferencia de prensa, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, declaró: “La lucha no ha terminado”, pero parece evidente que sí. La empresa será liquidada. Los Sackler serán expulsados del negocio de los opioides. No admitirán que violaron la ley. Los miembros de la familia junto con su ejército de abogados, consultores y publirrelacionistas recibirán inmunidad permanente. (En principio, aún podrían ser procesados penalmente, pero esto parece poco probable; a través de sus representantes, los miembros de la familia han mantenido que actuaron “de manera ética y con apego a la ley”).

Consuelo

Queda un pequeño consuelo. Como parte del acuerdo, los Sackler acordaron dar a conocer millones de documentos corporativos, incluidos montones de comunicaciones que incluyen información privilegiada de Purdue. Este corpus de información algún día estará a disposición de todos. Será otro tipo de biblioteca Sackler: un archivo que ofrecerá la verdad completa sobre los orígenes de la crisis de los opioides, aun cuando no se haya responsabilizado a nadie, y un registro indeleble de la infamia de la familia. Y lo que es más importante, el archivo ofrecerá contabilidad forense de las formas en que el dinero y la influencia pueden proteger a los más ricos de las consecuencias de sus propias decisiones imprudentes.

Podemos aprender de esa historia, y estamos obligados a hacerlo.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

© 2021 The New York Times Company

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