Opinión: Estados Unidos necesita una política de sanciones que funcione

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LAS SANCIONES SE HAN CONVERTIDO EN UNO DE LOS PILARES CENTRALES DE LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN. ¿PERO A QUÉ COSTO?

Antony J. Blinken, el secretario de Estado estadounidense, anunció hace poco la imposición de sanciones en contra de siete funcionarios públicos en El Salvador y Guatemala, incluidos cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, quienes quedaron incluidos en la lista oficial del Departamento de Estado de “actores corruptos y antidemocráticos”. Este grupo se sumó a una lista de más de 300 personas en Cuba, Nicaragua, Venezuela, Honduras, El Salvador y Guatemala a las que Estados Unidos ya les había impuesto sanciones, además de las sanciones diplomáticas y financieras a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Si bien el gobierno estadounidense ha aplicado sanciones a países y líderes de todo el mundo acusados de abusos en contra de los derechos humanos y corrupción, en América Latina las sanciones se han convertido en uno de los pilares centrales de la política estadounidense para defender la democracia y combatir la corrupción. Todos estos gobiernos e individuos quizá se merezcan las sanciones, pero lo que hay que preguntar es cuál es su utilidad.

Las sanciones pueden ser una herramienta diplomática importante cuando se aplican de manera calibrada. Pero rara vez están acompañadas de parámetros claros sobre su fracaso o éxito y criterios para su posible eliminación.

El Departamento del Tesoro anunció hace varios meses que estaba examinando los efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos en el bienestar de la población de los países afectados. Pero esa revisión, solicitada por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha tardado más de lo esperado y, al parecer, se concentra en sanciones aplicadas a toda la economía, por lo que deja fuera la herramienta cada vez más común de las sanciones individuales.

Una oportunidad de reevaluar y ajustar sanciones se ha presentado en México, ahora que el gobierno venezolano negocia con su oposición democrática. Si bien el régimen de Nicolás Maduro ha dicho que no aceptará elecciones con supervisión internacional mientras se mantengan las sanciones impuestas a la petrolera estatal, la Casa Blanca, Canadá y la Unión Europea han mostrado disposición a relajar algunas sanciones a cambio de reformas. Lo que no está claro es qué hace falta que hagan esas reformas, ni qué sanciones se eliminarían.

Las sanciones de Estados Unidos tienen un largo historial en América Latina. Cuba es el ejemplo más obvio de que es posible acumular sanciones, aunque resulte evidente que no consiguen nada. Impuesto originalmente en 1962, el embargo económico de Estados Unidos a Cuba se codificó y el Congreso lo aprobó con carácter de legislación en 1992 y una vez más en 1996, supuestamente con la intención de mejorar la situación de los derechos humanos y derrocar al gobierno comunista. Casi 60 años después, Cuba no solo sigue siendo una de las sociedades más represivas del mundo, sino que en 2018 el presidente Raúl Castro le pasó la batuta a la siguiente generación, cuando designó como sucesor a Miguel Díaz-Canel, un burócrata del Partido Comunista.

Durante su campaña electoral en 2020, Joe Biden prometió reevaluar la política estadounidense hacia Cuba. Sin embargo, en vez de buscar la manera de reducir las restricciones a los viajes y las remesas a la isla impuestas por el expresidente Donald Trump, después de que el gobierno cubano reprimió manifestaciones en buena medida pacíficas en julio, la Casa Blanca de Biden impuso sus propias sanciones a cuatro miembros del gobierno cubano y la policía nacional. Fue otra medida ineficaz, pues las sanciones existentes ya habían fracasado en evitar las acciones de mano dura originales.

Centroamérica también ha demostrado lo ineficaces que pueden ser los castigos económicos de Estados Unidos. En respuesta a la ola de persecución del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en contra de activistas democráticos, los gobiernos de Trump y Biden han impuesto sanciones a más de 100 funcionarios públicos, incluidos Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Pese a los castigos y a la suspensión de los fondos de apoyo para el desarrollo de Estados Unidos, siete candidatos potenciales de la oposición para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua están en prisión o arresto domiciliario y más de 100 prisioneros políticos siguen tras las rejas.

Antes de las adiciones más recientes de Blinken, este año la Casa Blanca ya les había impuesto sanciones a más de 55 centroamericanos señalados de participar en actos de corrupción. Además del riesgo de seguir incluyendo a cada vez más personas en una lista infinitamente larga de individuos con comportamientos reprobables a los que se les asignan sanciones individuales, es probable que las sanciones financieras tengan repercusiones económicas inesperadas. Daniel Drezner, profesor de la Universidad Tufts, afirma que estas “podrían provocar represión, corrupción y un retroceso en los indicadores del desarrollo humano”.

En la última década, Venezuela se ha convertido en blanco de algunas de las medidas estadounidenses coercitivas más estrictas. Empezaron con una serie de sanciones contra personas durante el gobierno del expresidente Barack Obama. El gobierno de Trump amplió las sanciones con una prohibición de realizar operaciones con las empresas estatales de gas y petróleo de Venezuela, decisión tomada tras la dudosa reelección de Maduro en 2018. Para 2017, el gobierno estadounidense había impuesto sanciones en contra de más de 160 venezolanos por motivos variados, desde tráfico de narcóticos, corrupción y vínculos con terroristas hasta abusos de derechos humanos. Al parecer, el objetivo de esta cascada de sanciones era derrocar a Maduro y apoyar el ascenso de su principal opositor, Juan Guaidó.

Ahora que el gobierno de Maduro se encuentra por quinta vez en negociaciones con la oposición, el gobierno de Biden tiene la oportunidad de demostrar que ha decidido aplicar una nueva estrategia con las sanciones y utilizarlas como aliciente en vez de castigo, no solo para Venezuela, sino para toda la región.

Antes de que ambos bandos concluyan las negociaciones actuales en México, la Casa Blanca debe indicar con claridad qué reformas se podrían conseguir con la eliminación de sanciones, y a qué sanciones específicas se refieren.

Cualquier acuerdo debería incluir la liberación de alrededor de 340 prisioneros políticos por parte de Venezuela, la entrega de ayuda humanitaria internacional de alimentos y medicamentos a través de organizaciones independientes sin interferencia del gobierno, además de votaciones libres y justas en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. A cambio, el gobierno estadounidense debería estar dispuesto a eliminar las restricciones a la exportación de bienes y equipo que Venezuela necesita para procesar petróleo, generar electricidad y abastecer diésel para el transporte público. Para minimizar el riesgo de que los ingresos del petróleo ayuden al Estado corrupto de Maduro y sus aliados, Estados Unidos tendrá que insistir en que la mayor parte de los ingresos derivados de importaciones de alimentos y servicios públicos vitales se canalice a aliviar el sufrimiento de los venezolanos pobres.

No obstante, más que cualquier ajuste inmediato de las sanciones impuestas a Venezuela, la Casa Blanca, el Congreso y los expertos en la materia deben integrar un grupo bipartidista que realice una revisión pública de la estrategia imparable de Estados Unidos de imponer sanciones para evaluar sus efectos humanitarios y determinar en qué medida estas políticas punitivas impulsan los objetivos de la nación, aunque el Departamento del Tesoro realice su propia evaluación.

Tal evaluación debería establecer otras herramientas diplomáticas para definir pasos concretos y realistas diseñados para lograr la eliminación calculada de sanciones (el cambio de régimen no cuenta), canales diplomáticos para negociar a través de terceros, incentivos financieros mediante ayuda para el desarrollo o garantías para inversionistas privados con el propósito de inducir el cambio, y coordinación con otras autoridades que apliquen sanciones en estas acciones diplomáticas.

Quizás lanzar sanciones a regímenes e individuos corruptos que abusan de los derechos humanos haga sentir bien a los diplomáticos y funcionarios electos. Lo cierto es que, ya que ha ido convirtiendo en una parte central de la política estadounidense en América Latina, necesitamos identificar cuando no funcionen y estar dispuestos a hacer ajustes.

© 2021 The New York Times Company

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