Opinión: Me enfermé de COVID-19 en la prisión Rikers. Aún lo padezco.

Michele Evans
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Michele Evans posa para un retrato al interior del convento que ocupa la organización sin fines de lucro Hour Children en Astoria, Queens el 30 de diciembre de 2020. (Brittainy Newman para The New York Times)
Michele Evans posa para un retrato al interior del convento que ocupa la organización sin fines de lucro Hour Children en Astoria, Queens el 30 de diciembre de 2020. (Brittainy Newman para The New York Times)

LO QUE OCURRIÓ EN LAS PRISIONES DURANTE ESTA PANDEMIA ES CRIMINAL.

Cuando llegué a la isla Rikers en enero de 2019 en espera de mi juicio por el delito de lesiones, supe que sería peligroso; después de todo, la cárcel de mujeres es conocida por su abuso, condiciones insalubres y violencia crónicas. Pero lo que no sabía era que me convertiría en una de las cientos de prisioneras en Rikers que contraerían el virus.

Recuerdo estar viendo la televisión a principios de marzo de 2020 cuando se informó que un abogado del condado de Westchester era el causante de varios casos en Nueva York.

Al comienzo ninguno de los oficiales usaba cubrebocas. Cuando preguntamos por qué, los oficiales dijeron que les habían dicho que los cubrebocas nos asustarían. No obstante, ya lo estábamos. Pasábamos el tiempo pegadas a la televisión, viendo las conferencias de prensa diarias del gobernador Andrew Cuomo. Era el único momento en el que no peleábamos por qué ver.

Todas las miradas estaban centradas en Nueva York, en especial en Queens, por ser el epicentro del virus, pero para nosotros, Rikers se sentía como la zona cero. A mediados de marzo, un guardia de la puerta principal dio positivo. Poco después, escuchamos que el virus había aparecido en uno de los dormitorios, que compartían hasta cincuenta mujeres y las camas estaban a un brazo de distancia.

Cuando una mujer en mi dormitorio comenzó a toser a finales de marzo, nos pusieron en cuarentena. Un cartel en nuestra puerta advertía a las demás que no entraran. Otros carteles nos pedían hacer lo imposible: practicar el distanciamiento social. Los oficiales nos dijeron que durmiéramos con los pies y la cabeza encontrados, porque supuestamente eso disminuiría el riesgo de transmisión. A pesar de todo, seguían viniendo a inspeccionar el dormitorio y nos formaban hombro con hombro contra la pared mientras revisaban nuestras pertenencias. No nos hacían pruebas con regularidad.

Todos los programas y servicios se cancelaron, incluidas las reuniones religiosas. Privadas de esas reuniones grupales diarias, como las de Alcohólicos Anónimos que celebraban consejeros, nos sentíamos perdidas. Tratamos de continuarlas por nuestra cuenta. Repetíamos la oración de la serenidad: “Dios concédeme la Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar“.

Éramos blancos fáciles.

Desde mi dormitorio, tenía una vista privilegiada del aeropuerto La Guardia y vi como se suspendieron las actividades de manera abrupta. Por lo general, había unos quince aviones esperando usar la pista de despegue. Ahora las pistas estaban vacías. Parecía que nadie entraba o salía de Nueva York.

Las mujeres en mi dormitorio perdían la cordura cuando hablaban por teléfono, gritaban a sus abogados: “Sácame de aquí. ¡NO ME QUIERO MORIR!”. Entonces tenía 47 años y no padecía ninguna enfermedad preexistente. Y, sin embargo, me sentí frustrada cuando mis abogados me explicaron que tenían que darle prioridad a la liberación de aquellas que parecían tener un “riesgo elevado” de presentar complicaciones por la COVID-19.

Comenzaron a circular rumores de que nos estábamos quedando sin productos básicos como el jabón. Las prisioneras acumulaban papel de baño. No podíamos comprar desinfectante de manos y lo más cercano que teníamos al cloro era removedor de moho y hongos.

A principios de abril me dio dolor de cabeza. Luego, tuve dificultad para respirar cuando estaba limpiando la regadera. Perdí el sentido del olfato. Pensé que me había sugestionado, pero supe que estaba en problemas cuando comencé a toser.

Me colocaron en una celda pequeña donde dormía todo el día. Una enfermera y un médico me revisaban para tomarme la temperatura, medir mi pulso y oxigenación y recetarme medicamentos como antibióticos y analgésicos. El oficial de turno iba a verme cada 15 minutos para ver si seguía con vida.

Después de siete días en aislamiento, me regresaron al dormitorio. Ese día cumplía 48 años.

Luego di positiva en la prueba de anticuerpos de la COVID-19 y contraté a una abogada de fianzas que me ayudó a pagar la mía. Ella hizo los trámites necesarios ante la alcaldía para que permaneciera en un hotel hasta mi liberación, el 5 de junio. Cuando me liberaron, un médico me informó que tenía insuficiencia renal en etapa 3, a causa de la COVID-19.

El mundo no era como lo había dejado. La ciudad estaba inmersa en manifestaciones y dolor. Había un toque de queda. No estaba acostumbrada a eso. Casi nunca salía de mi habitación y me la pasaba acostada en la cama. Después, me fui a una casa de transición, donde me encuentro en este momento.

Ahora soy lo que se conoce como paciente de convalecencia larga por COVID-19: alguien que siente los efectos físicos de la enfermedad durante semanas o meses. Tengo problemas de memoria y taquicardia. Se me cae el cabello por mechones. Todos los días lucho contra la fatiga y la falta de aire. Vivo en un tercer piso y tengo que hacer un alto en cada descanso de las escaleras para recobrar el aliento.

Lo que ocurrió en las prisiones durante esta pandemia es criminal. Ya de por sí es difícil reconstruir tu vida después de estar en prisión — en especial para las mujeres— y encima estamos aquellas que tratamos de hacerlo mientras luchamos contra los efectos a largo plazo de la COVID-19. Nunca debí enfermarme. Las presas siguen cayendo enfermas. Más de 2300 prisioneros en todo el país han muerto de COVID-19 desde marzo. Es una absoluta injusticia. Y en Nueva York, el gobernador Cuomo, el alcalde Bill de Blasio, nuestros fiscales de distrito y otros no han hecho suficiente para facilitar la liberación de la gente en custodia. El gobernador Cuomo todavía tiene que poner la vacuna a disposición de los neoyorquinos que están en las cárceles; los gobernadores en otros estados ya comenzaron ese proceso.

Aunque los tribunales han comenzado a reabrir, las ruedas de la justicia se mueven con lentitud. En el caso de mi salud, es demasiado tarde.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company