Opinión: Dejemos que la justicia siga su curso en la guerra de Gaza

LA SOLICITUD DE ÓRDENES DE DETENCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL FOMENTA LA IDEA DE QUE LAS NORMAS BÁSICAS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICAN PARA TODOS.

Al solicitar la detención de altos dirigentes de Israel y Hamás, el fiscal de la Corte Penal Internacional le prometió al mundo que exigiría una rendición de cuentas.

Al margen del resultado de los casos, la petición del fiscal de que el tribunal dicte órdenes de detención contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y Yahya Sinwar, el actual líder de la organización islamista palestina Hamás, ayuda a suprimir el lenguaje polarizador del momento y promueve la idea de que las normas básicas del derecho internacional humanitario aplican para todos. Cualquier persona que exija el fin del conflicto en Gaza y la liberación de todos los rehenes que Hamás tiene en su poder debería aceptar la decisión.

El fiscal, Karim Khan, también presentó acusaciones en contra de otros dirigentes de Hamás como Muhammad Deif e Ismail Haniyeh. Khan acusó a los tres líderes de Hamás de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra derivados de los ataques del 7 de octubre y enfatizó que algunos de esos crímenes se cometen “hasta el día de hoy” en referencia a los rehenes que siguen retenidos por el grupo.

Khan acusa a los más altos dirigentes de Israel, incluidos Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Aunque Khan reconoce el “derecho de Israel a tomar medidas para defender a su población”, los acusa de tener “un plan común para utilizar el hambre como arma de guerra”, el ataque contra civiles y otros tipos de castigo colectivo.

Es crucial que la petición reconoce los apremiantes reclamos de justicia de ambas partes del conflicto. Poco después del ataque de Hamás a Israel, las familias de las víctimas israelíes exhortaron a Khan para que investigara a Hamás por sus acciones, incluidas las desapariciones forzadas, que el tribunal considera un crimen de lesa humanidad. “Tan solo quieren que se haga justicia”, declaró el abogado de algunas de las familias. Tras visitar el cruce fronterizo de Rafah a fines de octubre, Khan dijo sobre la toma de rehenes: “Cuando este tipo de actos tienen lugar, no pueden dejar de investigarse y no puede quedar sin castigo”.

El fiscal también reconoció exigencias por parte de Palestina. Cuando Gallant anunció un “asedio total” de Gaza días después de los ataques del 7 de octubre, lo cual puede considerarse una violación grave del derecho internacional, el fiscal no tuvo más remedio que poner en marcha una investigación que desembocó en la acción de hoy.

Durante mucho tiempo, los defensores palestinos de los derechos humanos han instado a que se realicen investigaciones y procesos internacionales contra altos mandos israelíes. En su opinión, el hecho de que la corte no hubiera emitido órdenes de detención contra funcionarios israelíes al comienzo de la guerra actual —o incluso antes, por la represión en Cisjordania— socavaba el efecto disuasorio que la rendición de cuentas podía crear. La justicia retrasada es justicia negada, argumentaron.

El fiscal escuchó a ambas partes. No cabe duda de que, al emprender acciones paralelas, aunque independientes, contra estos funcionarios, corre el riesgo de que se perciba una equivalencia entre Hamás, una organización terrorista poco preocupada por su propio pueblo, e Israel, un miembro democrático de las Naciones Unidas. Pero esa es una interpretación errónea de lo que ha hecho. Más bien, reconoció que las personas de ambos bandos de este conflicto tienen reclamos legítimos y que la ley está diseñada para proteger a toda la humanidad.

La acción de Khan no tiene precedentes: es la primera vez que la corte actúa en contra de una democracia occidental con un sistema de justicia dinámico o contra los altos dirigentes de un aliado cercano de Estados Unidos. La carta fundacional de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, excluye en general la posibilidad de enjuiciar a países que puedan y quieran investigar y procesar a personas acusadas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No cabe duda de que Israel convertirá eso en el argumento central de su respuesta. Pero el planteamiento de Khan sigue centrándose en acusaciones como la privación de ayuda humanitaria y otros castigos colectivos que son responsabilidad de los altos mandos. Estas son las personas con menos probabilidades de enfrentarse a la rendición de cuentas no solo ante los tribunales israelíes, sino ante cualquier tribunal nacional del mundo.

De igual manera, las acusaciones en contra de los líderes de Hamás se centran en los asesinatos, la violencia sexual y los secuestros del 7 de octubre. Se apegan a las disposiciones del Estatuto de Roma que otorgan al tribunal jurisdicción para investigar y enjuiciar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Al presentar acusaciones contra individuos, el fiscal aleja al mundo de las amplias y peligrosas afirmaciones de responsabilidad colectiva que han dominado las consignas desde el 7 de octubre. En ninguno de los casos pone en duda opiniones históricas o políticas polarizantes subyacentes; las acusaciones evitan cualquier lenguaje que cuestione la legitimidad de Israel como Estado o las reivindicaciones del derecho de los palestinos a la autodeterminación. Por el contrario, la petición es una afirmación del principio de que los individuos tienen la facultad de comportarse dentro de los límites del derecho internacional y de asumir la responsabilidad cuando infringen sus normas más graves.

Sin duda, muchas personas en Estados Unidos e Israel no lo verán así. Los republicanos de la Cámara de Representantes ya presentaronuna ley que amenaza con imponer sanciones a Khan y a su equipo de investigadores y abogados en caso de investigación o procesamiento. Sin duda, algunos israelíes dirán que el fiscal está actuando como un amigo de Hamás. Y la fiscalía, aunque el tribunal apruebe las órdenes, tiene que superar obstáculos extraordinarios, entre ellos que no puede enjuiciar a nadie sino hasta que los acusados estén detenidos en La Haya. Israel no es miembro del tribunal y no reconoce su jurisdicción dentro de sus fronteras ni en Gaza.

Los argumentos en el tribunal determinarán qué pasará con la acusación. Los funcionarios israelíes pueden argumentar que el tribunal no tiene jurisdicción sobre ellos porque no hay ningún Estado palestino capaz de aceptar su jurisdicción, aunque el tribunal ya decidió que sí. También pueden alegar que la violencia de Hamás y el uso de los gazatíes como escudos humanos son la causa de la catastrófica situación humanitaria y que hacen todo lo posible por minimizar los daños a los civiles y garantizar la entrega de ayuda.

Dejemos que Israel alegue todo esto ante la corte o inicie investigaciones para demostrar que tiene procesos nacionales legítimos para llevar ante la justicia a los máximos responsables de los crímenes que se procesan ante la Corte Penal Internacional, lo que haría injustificado un procesamiento judicial.

Oponerse a la Corte Penal Internacional tiene un costo mundial. Con el apoyo de Estados Unidos y Europa, la Corte está tratando de procesar al presidente Vladimir Putin por presuntos crímenes en Ucrania. La Corte promueve el interés mundial en la rendición de cuentas por los peores crímenes del derecho internacional. Los ataques a la Corte solo benefician a quienes, como Putin, tratan de deslegitimar su existencia.

El tribunal debe hacer su trabajo de demostrar la promesa de justicia global y rendición de cuentas individual para el reconocimiento de las víctimas de ambos bandos. Puede mostrar a los manifestantes de todo el mundo que las instituciones internacionales aún pueden funcionar y ayudar a hacer justicia. Esta es una deuda pendiente tanto para israelíes como para palestinos.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.

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