Opinión: La Corte Suprema en tiempos de crueldad

Linda Greenhouse

UNA DECISIÓN SUMARIA EXPULSA DEL CAMINO A LA CIUDADANÍA A INCONTABLES INMIGRANTES LEGALES.

El concepto freudiano de la proyección psicológica se refiere al comportamiento de personas que, al ser incapaces de reconocer sus propias debilidades, les adjudican esos mismos defectos a otros. El presidente Trump ofrece un ejemplo notable de esto en las múltiples quejas que ha vociferado tras el juicio político, en las que ha denominado a los que buscaron su destitución como “despiadados” y “crueles”. Su elección de la palabra “cruel” llamó mi atención, pues tengo tiempo pensando que Estados Unidos se ha convertido en un país cruel.

Por supuesto que la crueldad, y cosas peores, ya existían en el mundo mucho antes de que existiera un presidente Trump. Pero no hace falta sufrir por la agitación del síndrome de demencia Trump para darse cuenta de que algo tóxico se ha desatado durante estos últimos tres años.

Mucho de eso tiene que ver con la inmigración: la separación de familias en la frontera y el esfuerzo por suspender el programa DACA, que protege de la deportación a los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Eliminar esta protección para cientos de miles de “dreamers” productivos que en la actualidad buscan tener la educación superior o desempeñan un empleo (o ambas), es evidentemente una propuesta que no beneficia en absoluto al país. También es, simplemente, un acto de crueldad.

Y la crueldad emana de Washington. El alcalde de Springfield, Massachusetts, una de las ciudades más importantes en uno de los estados más tradicionalmente demócratas, ha aceptado la oferta del presidente de permitir que funcionarios locales prohíban el reasentamiento de refugiados en sus comunidades. Tennessee aprobó una ley para eliminar el flujo de dinero estatal a ciudades que se declaren “santuarios” ante las fuerzas federales de inmigración. (Al mismo tiempo más de una docena de condados en Tennessee han respaldado un creciente movimiento a favor de un “santuario de la Segunda Enmienda” para los derechos a la posesión de armas).

La crueldad se propaga hasta los rangos más bajos del poder judicial del país. USA Today informó hace dos semanas que un juez de asuntos menores en el condado de Hamilton, Ohio, ha adoptado la práctica de llamar a ICE cada vez que tiene la “corazonada” de que el acusado que tiene enfrente es un inmigrante indocumentado. “Las estoy sacando todas de jonrón. No me he equivocado ni una sola vez”, alardeó el juez Robert Ruehlman.

En el desierto de Arizona, donde miles de inmigrantes que cruzan la frontera han fallecido en la última década por deshidratación y exposición, agentes de la Patrulla Fronteriza han sido grabados pateando y vaciando las botellas de agua que dejan los voluntarios para los inmigrantes. (Esta práctica evidentemente precede al gobierno de Trump. La Patrulla Fronteriza, en su primer apoyo a un candidato presidencial como sindicato, respaldó la candidatura de Trump en 2016, pues consideraba que era “el único candidato que realmente amenaza a los poderes establecidos que han traicionado a nuestro país”).

La oficina del fiscal de Estados Unidos en Tucson ha estado enjuiciando a las personas que entran sin permiso a la Reserva Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta para dejar vitales botellas de agua y alimentos enlatados en las rutas migratorias habituales. En 2018, un magistrado federal, en un juicio sin jurado, condenó a cuatro personas por entrada ilegal y abandono de bienes en los espacios del desierto. Las cuatro personas son voluntarios de No Más Muertes, un ministerio de la Iglesia Unitaria Universalista de Tucson.

En su apelación frente a la juez federal de distrito Rosemary Márquez, los cuatro invocaron la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, alegando que sus acciones fueron motivadas por su fe y su creencia en la “santidad de la vida humana”. El gobierno respondió que los cuatro solo habían “recitado” creencias religiosas “con el propósito de cubrir su actividad política con un manto religioso”. (No espero en absoluto que el gobierno de Trump ridiculice de igual manera los reclamos religiosos de los empleadores que afirman que no pueden incluir métodos anticonceptivos en la cobertura de los planes de salud de sus empleados, como lo demanda la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, por no querer ser cómplices del pecado de la anticoncepción).

El gobierno encontró una rival en la juez Márquez. El 31 de enero, al descubrir que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa prohíbe la acción judicial, Márquez anuló las condenas. Su opinión plasmada en 21 páginas señaló que en el área se encontraban restos humanos con bastante frecuencia. Además, Márquez dijo esto respecto al hecho:

“El gobierno parece depender de una teoría de la disuasión, con el razonamiento de que impedir que se coloque agua potable y alimentos en la reserva incrementaría el riesgo de muerte o enfermedades graves para aquellos que busquen cruzar ilegalmente, lo que a su vez lograría disuadir o desalentar a las personas de intentar entrar sin autorización al país. En otras palabras, el gobierno afirma tener un fuerte interés en evitar que los acusados interfieran con una estrategia de control fronterizo basada en la disuasión por muerte. Esta lógica macabra es profundamente perturbadora”.

El titular de esta columna promete algunas reflexiones sobre la Corte Suprema, así que ahora me dedicaré a ello. La atención del país estaba enfocada en otro asunto cuando cinco jueces le dieron al gobierno de Trump precisamente lo que necesitaba para poner en práctica una de las políticas de inmigración más injustificadas y crueles que ha propuesto a últimas fechas. Se trata de la expansión radical de la regla de “carga pública”, que prohíbe la entrada o la residencia permanente a un inmigrante que “tenga la probabilidad de, en cualquier momento, convertirse en una carga pública”.

El concepto de “carga pública” como tal no es nuevo. Formó parte de los primeros esfuerzos del país para controlar la inmigración a finales del siglo XIX, donde fue usado para excluir a aquellos con probabilidades de terminar en un hospicio o lugares similares. Esa definición histórica —“principalmente dependientes del gobierno para asistencia monetaria o institucionalización a largo plazo”— fue codificada en la “orientación técnica” de 1999 emitida para agentes federales de inmigración.

En agosto, el gobierno estableció una nueva definición. Cualquier inmigrante que reciba el equivalente a 12 meses de beneficios federales dentro de un periodo de tres años será considerado una carga pública, sin derecho a la residencia permanente ni trámite de ciudadanía. Entre los beneficios nombrados se encuentra la asistencia nutricional para niños dentro del Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria, el recibo de un vale de elección de vivienda de la Sección 8 o la residencia en una vivienda pública, y los tratamientos de salud incluidos en Medicaid. La nueva regla, llamada Causal de Inadmisibilidad por Carga Pública, agrupa los beneficios, es decir, tres de los beneficios recibidos en un mes cuentan como tres meses de los doce permitidos.

Estados, ciudades, y organizaciones sin fines de lucro de todo el país de inmediato presentaron demandas, con variados resultados preliminares. Los demandantes alegaron que el cambio drástico de la definición era “arbitrario y caprichoso”, y violaba el requisito central del “razonamiento en la toma de decisiones” de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En octubre, un juez federal de distrito en Nueva York, George Daniels, falló a favor de dos conjuntos de demandantes, un grupo liderado por el estado de Nueva York y el otro, una coalición de organizaciones sin fines de lucro. El juez Daniels señaló que el gobierno tuvo “numerosas oportunidades para articular un argumento racional que equiparara la carga pública con comprobantes de beneficios por 12 meses durante un periodo de 36 meses, sobre todo cuando esta nunca ha sido la regla”, pero que sus abogados “fracasaron en cada oportunidad”. Daniels explicó que “cuando las acciones de una agencia modifican una política previa, la agencia no necesita demostrar que los motivos de la nueva política son mejores que los motivos de la política anterior. Sin embargo, sí debe demostrar que existen buenos motivos para la nueva política”.

El juez Daniels añadió: “La regla es simplemente una nueva política de exclusión de la agencia en busca de una justificación. Esto es incompatible con el sueño americano de la oportunidad de prosperidad y éxito mediante el trabajo duro y el ascenso social”. Con la afirmación de que la política de inmediato causaría “dificultades severas” a “cientos de miles de individuos que antes eran elegibles para el ingreso y la residencia permanente en Estados Unidos”, Daniels emitió una orden judicial a nivel nacional para bloquear su implementación.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito aceleró la apelación del gobierno pero se negó, en el ínterin, a conceder la suspensión de la orden judicial. Así que, de manera predecible, el gobierno acudió a sus amigos de la Corte Suprema y, de manera igualmente predecible, obtuvo lo que quería. Con una votación de 5 a 4, la corte concedió la suspensión de la orden judicial hasta una futura apelación de la Corte Suprema.

Conceder una suspensión a estas alturas fue una exhibición impresionante de activismo judicial. El Segundo Circuito escuchará el caso en breve. Se esperan informes para el 14 de febrero. En concreto, la acción sumaria de la corte, sin una plena revisión de apelación, está impactando negativamente la vida de un número incalculable de personas, gente que entró legalmente a Estados Unidos y ha cumplido todas las reglas. Ser expulsados del camino a la ciudadanía los coloca directamente en el camino a la deportación, sin ninguna explicación de parte del máximo tribunal del territorio de por qué esto debe ser así.

De los cinco jueces de la mayoría —el presidente John Roberts y los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh— solo Gorsuch y Thomas se dignaron a escribir algo sobre el asunto. En una opinión corroborativa de cuatro páginas, dejaron clara su determinación de mantener este caso, Departamento de Seguridad Nacional contra Nueva York, como un ejemplo de “la astucia y el caos” que según ellos estuvo presente en “el auge de las órdenes judiciales a nivel nacional”.

No recuerdo un nerviosismo similar cuando hace unos años los estados antiinmigrantes recurrieron a un juez amigo del sur de Texas para que emitiera una orden judicial a nivel nacional contra la expansión del programa DACA del presidente Barack Obama, que buscaba incluir a los padres de los “dreamers”. La Corte Suprema permitió que esa orden judicial se mantuviera.

¿Acaso los jueces entienden cómo están siendo manipulados? Inicié esta columna mencionando la proyección psicológica, una visión distorsionada de otros engendrada por una visión distorsionada de uno mismo. Ese es Donald Trump, viéndose a sí mismo como una víctima inocente de los ataques de gente despiadada y cruel. Existe otro tipo de proyección, la imagen que se refleja cuando la luz golpea un espejo. ¿A quién ven estos cinco jueces cuando se asoman a sus espejos mentales? ¿Quizás a Donald Trump?

This article originally appeared in The New York Times.

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