Opinión: El coronavirus acabó con el dogma del gobierno pequeño

Zachary D. Carter
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El coronavirus acabó con el dogma del gobierno pequeño (Fotografía de George Etheredge para The New York Times; Arte de Mario Hugo).
El coronavirus acabó con el dogma del gobierno pequeño (Fotografía de George Etheredge para The New York Times; Arte de Mario Hugo).

LA CRISIS DEMOSTRÓ, DE MANERA DEFINITIVA, QUE LAS COSAS SE VIENEN ABAJO CUANDO EL GOBIERNO SE HACE A UN LADO.

De repente, era omnipresente.

El 1.° de marzo de 2020, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo anunció el primer caso confirmado de COVID-19 en su estado, después de que se dieron a conocer noticias de brotes locales en toda la costa oeste en febrero. Comenzó la avalancha, con el cierre de emergencia de todos los estados y el ascenso de los casos a miles. La vida estadounidense había sido trastocada.

Si bien el mercado de valores pocas veces es una guía confiable de los asuntos humanos, en este caso, los inversionistas demostraron ser premonitorios. El 10 de febrero, habían empezado a deshacerse de acciones de casi todo a cualquier precio. Para finales de marzo, el promedio industrial Dow Jones había perdido un tercio de su valor, lo suficiente como para borrar todas las ganancias acumuladas a lo largo de tres años de recortes de impuestos y recompra de acciones durante el mandato del presidente Donald Trump.

Sin embargo, no solo fue el mercado de valores: el 9 de marzo, temiendo una ola de pérdidas y quiebras corporativas, los inversores se volcaron sobre los bonos gubernamentales, con lo que hicieron caer el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años a solo el 0,54 por ciento. El 15 de marzo, la Reserva Federal anunció que comenzaría a ofrecer préstamos de emergencia en extremo baratos a los bancos, con lo que revivió la mentalidad de rescate de la crisis financiera de 2008. Ese mismo día, recortó una tasa de interés clave a casi cero, con lo que se redujeron los costos financieros para las empresas y los consumidores. Dos años después, resucitó otro programa de la era de 2008 para otorgar préstamos baratos a largo plazo a los grandes bancos y los agentes de valores.

La velocidad y la escala del colapso de la economía fueron asombrosas: en marzo, casi diez millones de personas se quedaron sin trabajo, y 6,6 millones de ellas solicitaron prestaciones por desempleo tan solo en la última semana del mes. Para fin de abril, 30 millones de estadounidenses estaban desempleados.

No ha habido ninguna otra catástrofe económica como el desplome ocasionado por el coronavirus en la historia de Estados Unidos. Según las métricas que más importan, la respuesta del gobierno estadounidense a la crisis ha sido catastrófica: el número de muertes por el virus en este país, más de 500.000, supera con creces el número de soldados estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial y podría superar el número de muertos en la guerra de Secesión.

Sin embargo, según muchas otras medidas de bienestar social, nos ha ido sorprendentemente bien. Los ingresos personales acumulados de los estadounidenses después de impuestos de hecho fueron superiores para noviembre de 2020 que antes de la pandemia. La producción económica total, que se mide en el PIB real, cayó el año pasado, pero solo un 3,5 por ciento, un mal año en general, pero que no se acerca para nada a las profundidades de la Gran Depresión. No ha habido una sucesión de quiebras bancarias ni una depreciación del dólar. Para fin de año, el mercado de valores incluso había recuperado sus pérdidas de la primavera pasada.

¿Cómo es posible que todo vaya tan mal y a la vez tan bien?

Durante el último año, hemos repasado las lecciones del economista británico John Maynard Keynes. En 1937, Keynes escribió que la economía seria no era un ámbito para “técnicas respetuosas y educadas, hechas para una sala de juntas de buena calidad y un mercado bien regulado”. El mundo real es desordenado y el futuro, incierto. Y el genio de los emprendedores que maximizan las ganancias no surge automáticamente para ofrecer soluciones cuando se produce una calamidad. Para Keynes, la economía no era un motor autosuficiente de prosperidad; era algo que las sociedades creaban para satisfacer las necesidades sociales y que tenía que ser gestionado activamente para funcionar de manera adecuada.

Una crisis económica exige una confluencia de coordinación, experiencia y juicio que solo los gobiernos pueden proporcionar. Si el gobierno se desentiende, todo se viene abajo. Y cuando el gobierno se desentiende durante décadas, puede transformar una emergencia manejable en una calamidad nacional.

Esta es la historia de gran parte de lo que salió mal el año pasado. Los médicos y las enfermeras se quedaron sin el equipo de protección básico porque Estados Unidos carecía de la capacidad de fabricación para producirlo. Los esfuerzos para rastrear y contener el virus se retrasaron por atascos en la producción de pruebas y la escasez de equipos complementarios como hisopos. Cuando pudieron administrarse las pruebas, la escasez de equipos de procesamiento de pruebas en todo el país prolongó la entrega de los resultados.

La razón: tras más de una década de una crisis de cierre de hospitales, Estados Unidos enfrentó una escasez de camas e instalaciones médicas necesarias para gestionar una emergencia. Los hospitales saturados de pacientes con COVID-19 rechazaban a las ambulancias. La distribución de las vacunas, si bien mejora a un ritmo constante, se ha visto obstaculizada por la escasez tanto de personal como de suministros. La deficiencia de la infraestructura de los gobiernos locales ha dificultado aún más el despliegue. Los sitios web fallan, las líneas telefónicas están ocupadas y los estacionamientos se llenan.

No se trata solo de errores de salud pública, sino también de errores económicos: la incapacidad de reunir recursos para resolver un problema. Y la incompetencia, a menudo tóxica, del liderazgo político estadounidense ha ocultado las causas estructurales de este fracaso.

Estados Unidos alguna vez mantuvo un compromiso sólido con la inversión pública en cosas como los vuelos espaciales, la investigación médica, el sistema de autopistas interestatales y el desarrollo del internet, con el apoyo de gobiernos republicanos y demócratas por igual. Mantenerse a la vanguardia es costoso: entre 1965 y 1980, el gasto federal en investigación científica, capital físico y educación solía ascender a alrededor del 2,5 por ciento del PIB, más de 500.000 millones de dólares en la actualidad.

No obstante, esa cifra disminuyó de manera marcada en los años ochenta. En el primer año del gobierno de Trump, Washington gastaba menos del 1,5 por ciento del PIB en inversión pública, conforme un análisis de los datos de la Oficina de Gestión y Presupuesto del Progressive Policy Institute, un centro de investigación de centroizquierda. Antes de la pandemia, esta caída significó el desplome de puentes, el descarrilamiento de trenes de Amtrak y otros desastres que los estadounidenses llegaron a considerar inevitables. Durante la pandemia, esa misma falta de inversión crónica provocó muertes masivas. Incluso la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que suele ser conservadora, lleva años presionando sin éxito para que se aumente el gasto federal en infraestructura.

Sin embargo, a pesar de esta persistente incapacidad para movilizar recursos, el gobierno estadounidense demostró ser bastante hábil para recaudar y distribuir fondos. La Reserva Federal sostuvo al sistema financiero y a las grandes empresas. El Congreso salvó a miles de pequeñas empresas con su Programa de Protección de Nóminas (PPP, por su sigla en inglés) de 660.000 millones de dólares, al tiempo que preservaba las finanzas de millones de estadounidenses aumentando las prestaciones por desempleo y extendiendo cheques a los hogares.

Desde luego que la ampliación de las prestaciones por desempleo debió seguir fluyendo durante los últimos cinco meses del año pasado. Y la ayuda a los gobiernos estatales y locales para luchar contra la pandemia fue insuficiente. No obstante, cuando el problema era la escasez de dinero, el gobierno cumplió. Las restricciones de efectivo no han obstaculizado sus esfuerzos de rescate, hasta ahora de 5 billones de dólares y contando. Ni los moderados más vociferantes del Partido Demócrata de Joe Biden se opusieron al costo de 1,9 billones de dólares de la ley de ayuda para la COVID-19 que firmó la noche del miércoles.

Antes de la crisis, los economistas más importantes y los grupos de expertos predijeron lo contrario. Durante décadas, muchos advirtieron en repetidas ocasiones que las raquíticas finanzas del gobierno federal minarían su respuesta ante un desastre inesperado. Este tema motivó un informe en diciembre de 2010 emitido por una comisión presidencial bipartidista sobre la reducción del déficit: el aumento de la deuda interna podría dar lugar a un colapso como el de 2008 y privaría al gobierno “de los recursos necesarios para responder a futuras crisis”.

El Congreso nunca aceptó el plan de la comisión. Y el año pasado puso de manifiesto su empobrecida forma de pensar: el problema no era gastar demasiado antes de la crisis, sino gastar demasiado poco: en investigación, infraestructura y capacidad de manufactura.

Como resultado de estos acontecimientos, la profesión económica hoy experimenta un cambio radical en las actitudes sobre los méritos relativos y los peligros del déficit. Esto se entiende, con justa razón, como un cambio keynesiano, pero Keynes no solo habló de los déficits: fue, sobre todo, un pensador para los tiempos de crisis. Nadie podía predecir el futuro, pero el mantenimiento de las infraestructuras más modernas de información, transporte y médicas mediante una inversión pública sostenida podía evitar que un problema se convirtiera en una calamidad. Lo mismo ocurre con la comprensión de que la economía es algo que está al servicio de la sociedad y no al revés.

El año pasado, el gobierno estadounidense gastó mucho para evitar la ruina económica inmediata. Este año, debe manifestar el mismo compromiso financiero con el futuro.

This article originally appeared in The New York Times.

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