Opinión: ¿Qué hacer para componer la Corte Suprema? Así llegamos a este momento

En el caso de 1803 Marbury contra Madison, la Corte Suprema de Estados Unidos se adjudicó la facultad de determinar el significado de la Constitución. Desde entonces, los tribunales federales han aplicado la revisión judicial, de manera selectiva, como contrapeso para la victoria de la mayoría.

La corte ha gozado de gran popularidad en ciertos momentos históricos por haber apoyado a las minorías faltas de poder político, en especial con el objeto de ampliar los derechos civiles. El ejemplo por excelencia es la resolución unánime de 1954 que exigió ponerle fin a la segregación escolar impuesta por la ley en el caso Brown contra la Junta de Educación, fallo adoptado por cada uno de los nominados recientes a la corte, en todo el espectro ideológico.

Sin embargo, la historia también ha registrado momentos en que la corte se ha salido de curso y ha tomado importantes decisiones contrarias a los deseos la mayoría y ha recibido reprimendas por esa causa de los poderes electos. Al término de la Guerra Civil, el congreso aprobó una ley que exigía que los estados del sur, para reincorporarse a la Unión, permitieran que la gente de raza negra, al igual que la de raza blanca, votara para ratificar la Decimocuarta Enmienda, que prometía los mismos derechos para todos.

Cuando este pilar de la Reconstrucción quedó en peligro en el caso a petición de (Ex parte) McCardle, el temor del congreso era que la Corte Suprema lo invalidara. Así que privó al tribunal supremo de su jurisdicción sobre la Reconstrucción y elevó el número de jueces a nueve (fue la tercera ocasión en que el congreso cambió el número de jueces durante la década de 1860).

A principios del siglo XX, periodo llamado “era Lochner”, la corte perdió credibilidad cuando puso los intereses de las corporaciones por encima de los de los trabajadores al derogar leyes que regulaban el lugar de trabajo. También durante la Gran Depresión, cuando la Corte Suprema bloqueó secciones clave del New Deal (Nuevo trato), las posturas de los jueces fueron opuestas a las del presidente Franklin Delano Roosevelt, quien le pidió al congreso aumentar a 15 el número de jueces.

Sin embargo, no fue ni el presidente ni el congreso quien cedió primero. Fue un juez conservador, que cambió de bando en 1937 para confirmar otra ley del New Deal; otro más se le unió, que poco después anunció su retiro.

En las décadas posteriores a ese enfrentamiento, algunos liberales y conservadores pidieron que la corte se condujera con modestia judicial, o humildad, y se abstuviera dentro de posible de arruinar la labor de los poderes electos. Sin embargo, en cuanto un bloque ideológico del tribunal tiene mayoría, sus miembros (y sus simpatizantes) tienden a abandonar todo intento de control y prefieren desplegar su poder.

Los liberales celebraron una serie de victorias durante la era de la corte de Warren entre los años sesenta y setenta. En la década actual, comenzaron a dar por hecho que la corte protegería los derechos civiles y evitaría el establecimiento de la religión, aunque esas acciones no estuvieran en sintonía con las opiniones del público.

Ahora se están percatando de las desventajas de la supremacía judicial —lo contrario al control— en manos de una mayoría conservadora que aumentará a seis. Uno de los momentos más reveladores durante la audiencia de confirmación de Amy Coney Barrett fue cuando se negó a decir si cree que Medicare —la popular prestación de seguro de salud aplicada desde hace tiempo— es legal.

Los demócratas hicieron énfasis en la amenaza que podría representar la juez Barrett para otra ley sobre servicios de salud cada vez más popular, la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por su sigla en inglés). Saben que si los jueces conservadores la derogan en un juicio programado para escuchar argumentos el 10 de noviembre, corren el riesgo de tentar a su suerte tal como lo hizo la mayoría conservadora en los años treinta.

Las ramificaciones van más allá de la ACA. Un tribunal conservador envalentonado podría modificar de nuevo la ley en favor del poder corporativo —sobre los consumidores, los empleados e incluso la voluntad de las personas.

¿Los liberales están sonando la alarma ahora porque, aunque no les preocupa el principio de las extralimitaciones judiciales, sí le temen a sus consecuencias inminentes? En parte sí es así, aunque eso no es todo.

También hay de fondo una crítica estructural al papel de la Corte Suprema. Los jueces pueden quedar un poco rezagados con respecto a los poderes electos. Pueden, y muchas veces deben, ser protectores de las minorías que la mayoría podría pisotear (incluidos grupos religiosos, algo que este momento preocupa a los conservadores). Pero si el tribunal fuerza al país muy lejos de los poderes electos, la Constitución le otorga al congreso facultades para jalarle las riendas a la corte.

La pregunta más apremiante es si la mayoría conservadora emitirá fallos sobre las votaciones, el censo, la reordenación de distritos y otros fundamentos de las elecciones justas y gratuitas que amenacen la misma naturaleza mayoritaria de la democracia estadounidense. Si los jueces conservadores toman ese tipo de medidas, atrincherarán el poder del Partido Republicano que les dio sus escaños justo cuando un electorado cada vez más multirracial deja de apoyar a la coalición republicana actual.

Incluso ahora, el dominio republicano sobre la corte en sí mismo es contramayoritario. Si contamos a Amy Barrett, el partido ha elegido a seis de los últimos diez jueces aunque ha perdido el voto popular en seis de las últimas siete elecciones presidenciales, y durante este periodo solo representaron a la mayoría de los estadounidenses en el Senado entre 1997 y 1998 (si contamos la mitad de la población de cada estado para cada senador).

Esa es una propuesta peligrosa para nuestro orden constitucional. La corte puede mantener bajo control sus impulsos conservadores con miras al futuro. O puede exacerbar una lucha de poder con los otros poderes del gobierno que al final —Marbury o no— está destinada a perder.

© 2020 The New York Times Company