Opinión: Los adoptados no deberían vivir con miedo a ser deportados

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DE ENTRE LAS CRUELDADES DEL SISTEMA MIGRATORIO ESTADOUNIDENSE TENEMOS ESTA: A LOS ADOPTADOS TRANSNACIONALES A MENUDO SE LES NIEGA LA CIUDADANÍA Y CORREN RIESGO DE DEPORTACIÓN.

Cuando a Antonio LeBlanc, el desafortunado protagonista de la nueva película Blue Bayou, lo arrestan luego de una pelea con dos policías, confronta una terrible realidad: un agente teclea el nombre de LeBlanc en una computadora y descubre que no es ciudadano estadounidense, como había creído durante más de treinta años. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha ordenado su deportación.

El personaje de LeBlanc, interpretado por Justin Chon, quien también escribió y dirigió la película, nació en Corea del Sur, fue adoptado por una pareja de Luisiana a los 3 años. Después creció, y fue víctima de abuso, en varios hogares temporales. (Hasta hace poco, Corea del Sur era el principal país de donde provenían las adopciones transnacionales en Estados Unidos). LeBlanc se casó con una ciudadana estadounidense, la asistente de un hospital llamada Kathy, interpretada por Alicia Vikander. Sus dos hijas también son estadounidenses. Nunca puso en duda su condición migratoria; después de todo, no era un inmigrante.

De entre las muchas crueldades del sistema migratorio estadounidense tenemos esta: a los adoptados transnacionales, cuyas historias comienzan con la ruptura de sus familias y países de origen, a menudo se les niega la ciudadanía y corren el riesgo de ser deportados de Estados Unidos.

La Campaña por los Derechos de los Adoptados calcula que entre 1945 y 2018, familias estadounidenses adoptaron a unos 500.000 niños en el extranjero. Según Eleana Kim y Kim Park Nelson, las normas que regulan la ciudadanía de muchos de estos adoptados (determinadas por las leyes migratorias) frente a su parentesco (regulado por el derecho familiar) no coinciden. Los niños podían ingresar a Estados Unidos casi con cualquier visa y ser adoptados de manera oficial, pero seguían sin ser ciudadanos; correspondía a sus padres solicitar el ajuste de su condición migratoria antes de que cumplieran los 18 años. Solo hasta después de cierto tiempo (a menudo décadas más tarde, luego de intentar votar o solicitar ayuda financiera para estudiantes o ser detenido) un adoptado se enteraba de que su visa o tarjeta de residencia permanente —o green card— había expirado.

El riesgo de deportación para todos los no ciudadanos aumentó por la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que incorporaba la lógica de mano dura contra el crimen de la época en la aplicación de la ley de inmigración. Incluso las infracciones civiles o los delitos menores pueden servir de fundamento para enviar a los inmigrantes a un país que nunca han conocido (al final de Blue Bayou aparecen fotografías de siete personas adoptadas que han sido deportadas o se enfrentan a la deportación; a muchos otros adoptados les disgusta la película y acusaron a Chon de apropiarse injustamente de la historia de Adam Crapser, quien fue deportado a Corea en 2016).

Para hacer Blue Bayou, Chon consultó a varios adoptados no ciudadanos, entre ellos Anissa Druesedow, quien fue deportada a Jamaica en 2006 y ahora vive en Panamá. En 2003, mientras trabajaba en ventas al por menor, Druesedow permitió que un conocido suyo devolviera artículos robados sin recibos. Se declaró culpable y fue enviada a prisión por falsificación y robo. Allí fue señalada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y se enteró de que no era ciudadana estadounidense. Sus padres adoptivos habían solicitado el ajuste de su estatus décadas antes, pero como el gobierno había tardado seis años en aprobar su residencia permanente, ella había cumplido 18 años y ya no era candidata a la ciudadanía. Ahora trabaja en un centro de servicio telefónico de atención al cliente y utiliza WhatsApp para comunicarse con su hija en Salt Lake City; tiene una pierna ortopédica, pero carece de seguro médico.

En el año 2000, el Congreso aprobó la Ley de Ciudadanía del Menor, que otorga la ciudadanía en automático a la mayoría de las categorías de adoptados transnacionales. La ley se conoce como la Ley Delahunt, en honor al congresista William Delahunt por Massachusetts, padre adoptivo de una hija nacida en Vietnam. Como dijo Delahunt en la Cámara de Representantes, la ley solucionaría los casos “desgarradores” de “separación forzada” de padres e hijos, incluidos los causados por retrasos burocráticos, como en el caso de Druesedow. Lamar Smith, congresista por Texas, fue uno de los promotores del proyecto de ley y afirmó que “después de que se produce una adopción… el niño debería ser considerado ciudadano de manera automática”.

Pero la ley solo era aplicable a los adoptados que tuvieran 18 años o menos el 27 de febrero de 2001, la fecha en que entró en vigor. Este límite arbitrario ha dejado a nada menos que a 50.000 adoptados transnacionales como Druesedow sin estatus de ciudadanos estadounidenses. “La adopción nos promete una familia y deberíamos tener los mismos derechos que los hijos biológicos”, me dijo por teléfono la semana pasada.

Hay una solución. La Ley de Ciudadanía del Adoptado de 2021, que presentó el republicano Roy Blunt en el Senado y el demócrata Adam Smith en la Cámara de Representantes, eliminaría las exclusiones de la ley del año 2000. Les otorgaría a los adoptados trasnacionales —tanto a aquellos que todavía se encuentran en Estados Unidos como a los que ya fueron deportados— la posibilidad de obtener la ciudadanía. Desde 2015, se han presentado en el Congreso otras versiones de este proyecto de ley, con apoyo bipartidista y el respaldo de una diversa gama de grupos de defensoría. Pero, una y otra vez, se ha quedado estancado en la comisión. Un portavoz de Smith me dijo que está buscando el apoyo bipartidista, pero hasta ahora solo hay cuatro copatrocinadores republicanos y cuatro demócratas en el Senado.

Hoy en día, la separación de familias es endémica en el sistema migratorio de Estados Unidos, pero no tiene que serlo. El gobierno de Joe Biden debe trabajar con el Congreso para promulgar una reforma migratoria en beneficio de los dreamers, los trabajadores migrantes, las personas detenidas en las cárceles de inmigrantes y los refugiados que buscan ayuda en la frontera. La Ley de Ciudadanía del Adoptado es parte de ese esfuerzo.

“Si crees en la adopción de niños adorables, deberías creer en que los adultos tengan los mismos derechos a través de la adopción”, me dijo Druesedow. “Solo quiero volver a casa”.

© 2021 The New York Times Company

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