La ONU y la CIDH piden acceso efectivo a justicia en el crimen de la hondureña Berta Cáceres

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Tegucigalpa, 1 jul (EFE).- La ONU y la CIDH instaron este jueves a las autoridades de Honduras a garantizar el acceso efectivo a la justicia, establecer la verdad sobre el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres y a sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se posicionaron así en un comunicado conjunto.

Cáceres, defensora de derechos humanos de la etnia lenca, fue asesinada el 2 de marzo de 2016, pese a que gozaba de medidas cautelares de la CIDH desde 2009 para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Desde su crimen, la CIDH y la ONU han dado "un seguimiento cercano a la investigación y al desarrollo del juicio, y han compartido su preocupación por las reiteradas dilaciones, limitaciones a los derechos de los familiares, afectaciones al debido proceso e incluso posibles riesgos a la independencia judicial", señalaron.

La CIDH y la OACNUDH indicaron que familiares, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), del que Cáceres fue coordinador general, y otras organizaciones han denunciado en las diferentes etapas del juicio "diversos obstáculos".

Entre esos obstáculos destacan "la falta de su reconocimiento y participación efectiva en el proceso judicial, así como la exclusión de diferentes procedimientos penales, limitaciones en el acceso a la información, revictimización, estigmatización y amenazas".

El juicio oral contra Roberto David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista, finalizó el lunes con la presentación de conclusiones.

DERECHO A LA VERDAD

Los dos organismos destacaron que la pandemia de covid-19 agravó los "problemas preexistentes del sistema de justicia" del país centroamericano.

"La ausencia de protocolos claros sobre la transmisión de audiencias a través de videoconferencias afectó la transparencia y publicidad de los juicios, generando preocupaciones sobre el derecho a un juicio justo y al debido proceso", añaden.

Por ello, el poder Judicial de Honduras no permitió a la OACNUDH y organizaciones nacionales e internacionales "la observación presencial de las audiencias del juicio oral" contra Castillo, un militar hondureño.

Los entes reconocen "los esfuerzos" del Ministerio Público y solicitan a las autoridades de Honduras continuar las "investigaciones exhaustivas" para procesar a todos los responsables del crimen, "garantizando así el acceso efectivo a la justicia de las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad hondureña en su conjunto".

La OACNUDH y la CIDH toman "nota de los avances" en la investigación del caso denominado “Fraude sobre el Gualcarque”, relacionado con presuntos hechos de corrupción denunciados también por Cáceres.

Esperan que todas las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con esta causa "continúen y avancen, con la efectiva participación de las víctimas".

Destacan que "la impunidad, sea total o parcial, además de una afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, constituye un factor tendiente a obstaculizar las causas que promueven defensores de derechos humanos en virtud del temor a nuevas represalias y peligro latente que genera el desconocimiento de los verdaderos móviles de las agresiones o en muchos casos la falta de sanción a los autores intelectuales o materiales".

La impunidad, además, propicia "la repetición de las violaciones de derechos humanos e impide a las víctimas y sus familiares el acceso a una reparación integral adecuada, que incluye conocer la verdad de lo ocurrido".

(c) Agencia EFE

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