ONG pide a gobierno que garantice educación especial pese a extinción de fideicomisos

César Reveles

Ante la posible desaparición del Fideicomiso para el Bachillerato General en sus modalidades no escolarizada y mixta, organizaciones y colectivos exigen a las autoridades federales la creación de un servicio de educación especial que garantice la no desaparición de los programas que dependían de ese presupuesto.

La desaparición de dicho fideicomiso es posible debido a que en abril pasado entró en vigor el “Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Hacienda publicó el Nuevo Modelo de Contrato Fideicomisos 2020 que establece dos tipos de casos, el de la liquidación (extinción del fideicomiso) y el de los fideicomisos que seguirán operando.

Sin embargo, la dependencia no aclaró si el “Fideicomiso Bachillerato General en sus modalidades no escolarizada y mixta” será uno de los que continuarán.

Los programas que dependen de este fideicomiso son: Preparatoria Abierta y Educación Media Superior a Distancia; los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED); Mi entorno Virtual de Aprendizaje (MIEVA), y reactivos (adaptación de exámenes para personas con discapacidad). 

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En un manifiesto, la red “la disCAPACIDAD nos une”, integrada por decenas de organizaciones, colectivos y activistas de todo el país, señala que la desaparición de este fideicomiso afecta a casi un millón de jóvenes con discapacidad y/o en condiciones de vulnerabilidad. 

 De éstos, más de 300 mil son atendidos en la modalidad de educación no escolarizada y alrededor de 621 mil en educación especial. 

Las organizaciones argumentan que estos alumnos están en riesgo de perder sus únicas oportunidades de estudio actuales, y por ende, de crecimiento personal. 

Señalan que aunque las autoridades se comprometieron a trabajar para dar continuidad a los servicios educativos de preparatoria abierta y educación media superior a distancia, hasta el momento “no se ha planteado una fecha para ello ni se ha dado respuesta a las diversas peticiones por parte de estudiantes y familias que la solicitan”. 

Tampoco saben si las autoridades atenderán las urgentes necesidades de todos los programas educativos, en especial las de los alumnos de los CAED, “que constituyen una de nuestras principales preocupaciones”. 

De no garantizarse los espacios para la educación de las personas con discapacidad, las organizaciones señalan que, las autoridades estarían incumpliendo los acuerdos internacionales a los que México está adscrito en esta materia.

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Frente a este panorama, la disCAPACIDAD nos une pide al gobierno “la creación de un servicio de educación especial a nivel medio superior, en el que se respete la experiencia de los maestros, contratándolos como trabajadores de la educación al servicio del Estado”. 

De esta forma, se garantizarían los derechos tanto de alumnos como de trabajadores de los programas que hoy están a la deriva.

También solicitan brindar información a los alumnos (de los programas afectados) sobre los servicios educativos de los que serán ahora usuarios, así como de sus procesos de inscripción.

Y que las opciones educativas que se les ofrezcan sean diseñadas e impartidos por maestros especializados en educación especial o maestros que comprueben la formación y experiencia requeridos para eliminar las barreras de aprendizaje y participación de las y los alumnos.

Así como garantizar la cobertura del servicio educativo para estos estudiantes en todo el país. 

“Los que integramos el colectivo La Discapacidad Nos Une, manifestamos a ustedes nuestra preocupación por las barreras y dificultades que están ya enfrentando los jóvenes debido a las decisiones tomadas y ante el incumplimiento de lo establecido en las leyes mexicanas y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, exponen. 

El manifiesto fue enviado al secretario de Educación, Esteban Moctezuma y al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero a la fecha no ha habido respuesta de su parte. 

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Aunado al manifiesto, el colectivo creó una petición en la plataforma Change.org para recolectar firmas de apoyo al movimiento, bajo el lema:”Nadie atrás, nadie afuera”.


Animal Político buscó a la SEP para conocer su postura sobre el manifiesto y los avances sobre una solución al problema, pero hasta la publicación de esta nota se sigue en espera de su respuesta.   

Más de dos meses sin respuesta

A mediados de mayo, alrededor de 200 trabajadores de los sistemas educativos antes mencionados reportaron atrasos en sus pagos por la desaparición del fideicomiso.

Pese a esto, las y los afectados continuaron laborando de manera habitual, pero desde casa por la pandemia que enfrenta el país.

Desde el primer retraso de pago (16 de abril) los afectados solicitaron, por correo electrónico, información acerca del estatus del fideicomiso a las secretarías de Hacienda y de Educación Pública, pero ninguna de las dependencias contestó.

Por su parte, la Dirección General de Bachillerato (DGB) solicitó a las autoridades federales la aplicación del criterio de excepción para que el fideicomiso no desaparezca, pero tampoco tuvo respuesta.

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