ONG acusan autoridades del desalojo forzoso de 20 familias en Socoltenango, Chiapas

Redacción Animal Político
Familias desalojadas

Quema de viviendas, hostigamiento, así como robo de animales, medicinas y herramientas es lo que han tenido que sobrellevar 20 familias de la comunidad 2 de Noviembre, ubicada en el municipio de Socoltenango, Chiapas, tras un desalojo forzoso encabezado por la Guardia Nacional y el gobierno estatal. 

Así lo dieron a conocer el Comité Cerezo México, el Comité Popular de Derechos Humanos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en Chiapas, y la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas, al presentar un informe que muestra la situación de las personas afectadas. 

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De acuerdo con las tres organizaciones civiles, el pasado lunes 4 de noviembre, “cerca de mil elementos de la policía del estado, municipales y patrullas con la leyenda de Policía Federal fueron partícipes en la quema de 22 viviendas, en el robo de animales, materiales para la construcción y herramientas de trabajo”. 

Antonio Cerezo, integrante del comité, señaló en conferencia que las víctimas del desplazamiento eran defensores de la tierra y la vivienda adecuada y que también integran el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

“No hubo ninguna notificación legal para informar con anterioridad del desalojo como debe existir de acuerdo al marco internacional de los derechos humanos”, expuso el Comité Cerezo al dar a conocer los hechos.


10 días después del desalojo, las organizaciones aseguraron haber realizado un recorrido para documentar las violaciones de derechos humanos, donde “pudimos constatar el estado de zozobra y preocupación de las madres, pues de 5 bebés de la comunidad 3 estaban enfermos, varios niños de los 21 restantes tenían tos o fiebre por dormir en un espacio de seis por tres metros sin paredes, sin piso ni cobijas suficientes”. 

También señalaron que las familias desplazadas no cuentan con atención médica, agua potable, alimentos suficientes y baños, pese a haber regresado a su comunidad. 

“En este desplazamiento forzado alrededor de 20 familias fueron además saqueadas, hostigadas… ellas han regresado nuevamente a su comunidad, pero viven en condiciones sumamente difíciles”, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas.

Los organismos civiles acusaron que, hasta el momento, nnguna autoridad estatal o federal ha actuado de manera pronta para garantizar los derechos humanos de niños, mujeres y hombres defensores de la tierra y la vivienda. 

Animal Político consultó a la Fiscalía de Chiapas, para tener su versión sobre las acusaciones. 

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Sin embargo, las autoridades estatales solo respondieron con un comunicado, publicado el día del desalojo, donde sostienen que hubo una recuperación de predios que estaban invadidos desde 2015, y que se entregaron “a sus legítimos propietarios”. 

Señalaron que se trata de los predios San Gregorio, de 159 hectáreas, y San Martín El Cairo, de cinco, dentro del municipio de Socoltenango, los cuales abarcan 159 hectáreas. 

La versión de las autoridades es que el operativo de desalojo se desarrolló de manera “pacífica”, donde se localizaron 35 viviendas de madera y lámina, “que a solicitud de la parte afectada fueron destruidas en su totalidad”. 

Incluso, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que mantendrán esta estrategia de restitución de predios “invadidos”. 

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