ONG dice que 95.000 nicaragüenses han dejado el país en lo que va de 2021

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Managua, 11 nov (EFE).- Al menos 95.000 nicaragüenses han dejado el país en lo que va de 2021, principalmente a Estados Unidos, como consecuencia de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 y que se ha agravado este año con la cascada de arrestos de dirigentes opositores en el marco del contexto electoral, según informó este jueves un organismo humanitario local.

La abogada Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, indicó en un informe enviado a Efe que "el incremento de la represión (estatal) ha generado otra oleada de exilio, que incluye a más de 40 periodistas, así como excarcelados, activistas y defensores integrados en distintos espacios y organizaciones".

"Esta nueva escalada ha provocado una nueva ola de exilio mayoritariamente hacia Costa Rica y Estados Unidos", afirmó.

Según las proyecciones basadas en las estadísticas oficiales de los principales países de destino, "en 2021 habrán migrado hacia EE.UU. 60.000 personas y 35.000 hacia Costa Rica", precisó Flores.

NICARAGÜENSES PREFIEREN EE.UU.

La defensora de derechos humanos, exiliada en Costa Rica, dijo que se trata de "una cifra sin precedentes que revela la gravedad de la situación" en Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes, "y del cambio de destino del flujo migratorio, que ahora se dirige hacia el norte, ruta marcada por la violencia y la inseguridad".

Flores alertó que esos "desplazamientos forzados" es consecuencia "de una realidad marcada por la violencia y persecución en Nicaragua en contra de víctimas que demandan justicia, activistas, defensores, defensoras, excarcelados, organizaciones, abogados, médicos, periodistas, campesinos y población en general".

Recordó que 120.000 nicaragüenses se vieron forzados a huir del país por "la brutal represión del Gobierno nicaragüense" tras las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, de los cuales más del 80 % lo hicieron a Costa Rica y la mayoría por puntos no autorizados o de manera ilegal.

La política gubernamental ha sido tratar a los nicaragüenses que critican o denuncian al régimen como opositores políticos, "enemigos de la revolución", calificarlos de "vende patria", o bien "hijos de perra de los imperialistas yanqui" o apátridas, criticó.

Es decir, advirtió, Daniel Ortega busca "anular sus derechos como persona, deshumanizar cualquier trato hacia los mismos y promover a todos los niveles de la sociedad la intolerancia hacia quienes no están con el Gobierno".

Con esa estigmatización y discriminación, según Flores, se profundiza la ruptura del tejido social en el país y se promueve una "cultura de odio entre sus adeptos que hostigan, amenazan, persiguen a todo un pueblo que demanda un cambio".

EL DRAMA DE LOS NICARAGÜENSES EN EL EXILIO

Por otro lado, lamentó que los profesionales en el exilio han tenido que despojarse de sus títulos para sobrevivir con dignidad y desempeñar cualquier trabajo, y en el caso de los estudiantes universitarios no han tenido la oportunidad de continuar sus estudios ya que a muchos de ellos les anularon sus registros académicos en Nicaragua.

"La mayoría de las personas que han salido del país, lo hicieron pensando en una salida temporal y luego retornar. La realidad ha sido otra, porque la represión ha continuado e intensificado, volver entonces es la última y más peligrosa opción", anotó.

Frente a este contexto difícil, continuó la activista, no hay respuestas fáciles.

"Lo único claro es la necesidad de que la comunidad internacional adopte medidas más contundentes de apoyo al pueblo de Nicaragua y a la población exiliada, cada día más numerosa", agregó.

Nicaragua vive una crisis desde la revuelta popular que estalló en 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

(c) Agencia EFE

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