Ombudsman salvadoreña pedirá elevar a rango constitucional prohibición a minería

Una mujer tiene una pancarta en la que se lee "No a la minería, sí a la vida" durante una protesta contra la minería en la Asamblea Legislativa salvadoreña, en San Salvador, el 29 de marzo de 2017 (AFP | Marvin RECINOS)

La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, aseguró este miércoles que impulsará una reforma constitucional que prohíba la minería metálica, medida que ya fue decretada mediante una ley común el pasado 29 de marzo.

"Estoy pensando en propiciar que la Asamblea Legislativa eleve a rango constitucional la prohibición de exploración y explotación minera metálica, pues de esa forma se pone un candado para que no haya ninguna posibilidad (de que resurja esa industria)", dijo Caballero a la AFP.

La procuradora indicó que en los próximos días buscará acercamientos con congresistas y con la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, para discutir esta iniciativa.

El pasado 29 de marzo, el Congreso aprobó un proyecto de ley que prohíbe las actividades destinadas a la extracción de metales, por considerarla una industria destructiva para el medio ambiente y la salud pública.

La aprobación de la primera ley en el mundo que prohíbe la minería metálica convirtió a El Salvador en un referente en la lucha contra esa creciente industria y sus efectos en el medio ambiente, han señalado defensores de los derechos medio ambientales.

La ley aprobada fue enviada a la Presidencia, donde actualmente es sometida a una revisión jurídica, antes de que el presidente Salvador Sánchez Cerén la firme y mande a publicar en la gaceta oficial para su ratificación.

Guevara explicó que la ley aprobada es una norma "secundaria", sujeta a una eventual derogación en el futuro, por lo que se busca blindar esa decisión con una reforma constitucional, que requiere de dos legislaturas para que sea efectiva.

De concretarse la reforma, ésta tendría que se aprobada por el actual Congreso que termina funciones el 30 de abril de 2018, y luego tendría que ser ratificada por el nuevo Congreso que comienza funciones el 1 de mayo de ese mismo año.